Trump y la Junta de Transporte: cuando la política amenaza la independencia regulatoria

Una decisión con ecos políticos

El reciente despido del demócrata Robert Primus, miembro de la Junta de Transporte Superficial (STB, por sus siglas en inglés) por parte del expresidente Donald Trump, ha desatado una tormenta política y dado luz a preocupaciones sobre la independencia de las agencias reguladoras en Estados Unidos. La decisión, realizada en un momento estratégico, ocurre justo antes de la evaluación de una fusión ferroviaria histórica valorada en 85 mil millones de dólares.

Primus, que había sido designado como presidente de la Junta por el expresidente Joe Biden en 2023, afirmó que recibió un correo electrónico del Ejecutivo que notificaba su despido “sin justificación válida”. Según voceros de la Casa Blanca, la medida responde al hecho de que Primus “no se alineaba con la agenda America First”. Sin embargo, el trasfondo parece más complejo.

Un despido que rompe precedentes

La Junta de Transporte Superficial es una agencia federal que, por ley, debe funcionar con autonomía de las influencias partidistas. Su rol principal es supervisar y regular el transporte ferroviario y, en menor medida, otros modos de transporte terrestre en EE. UU. Las implicaciones del despido van más allá del nombre de un funcionario: abren una puerta para que Trump nombre hasta dos republicanos más, inclinando la balanza de poder en un órgano que supuestamente debía mantenerse imparcial.

Primus no es el primer funcionario despedido polémicamente durante la administración Trump. Entre 2017 y 2021, se documentaron destituciones en otras agencias independientes como el Consejo de Seguridad en el Transporte Nacional (NTSB), la Reserva Federal, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC). Estos movimientos motivaron múltiples cuestionamientos tanto legales como éticos.

La gran fusión ferroviaria sobre la mesa

La clave detrás de este movimiento parece ser la esperada decisión sobre la adquisición de Norfolk Southern por parte de Union Pacific, una combinación que daría nacimiento al primer ferrocarril transcontinental unificado en EE. UU. desde el siglo XIX. De aprobarse esta fusión, el número de grandes compañías ferroviarias en el país se reduciría de seis a cinco, concentrando aún más el mercado de transporte de mercancías.

Las reacciones no se hicieron esperar. El sindicato SMART-TD, que representa a miles de conductores ferroviarios, calificó la decisión como “una interferencia directa de los fondos de inversión y las grandes empresas ferroviarias”. El sindicato añadió: “Los órganos creados por ley federal no pueden ser desmantelados a voluntad por intereses corporativos”.

Primus: una voz independiente en tiempos turbulentos

Durante su tiempo en la STB, Robert Primus se destacó por su postura cautelosa frente a las concentraciones empresariales. Fue el único miembro que votó en contra de la adquisición de Kansas City Southern por parte de Canadian Pacific en 2021, argumentando que tal operación creaba riesgos de monopolio y perjuicio al consumidor.

En declaraciones recientes tras su destitución, el funcionario expresó que sus decisiones siempre fueron “imparciales, equitativas y basadas en el análisis técnico y no político”. Aseguró que seguirá luchando legalmente contra lo que denominó “una acción profundamente preocupante e inválida desde el punto de vista legal”.

Un patrón inquietante de politización

Este caso se suma a una larga lista de preocupaciones sobre la tentativa politización de organismos reguladores bajo la administración Trump. Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS, advierte: “Cuando las agencias pierden su independencia, se debilita la confianza de los ciudadanos y empresas en que las decisiones se toman equilibradamente”.

Y no se trata solamente de percepciones. En 2023, Trump ya había anunciado su intención de despedir a la Gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, una medida que entra en conflicto con la autonomía constitucional del banco central. Estas acciones han sido calificadas como “intentos de capturar reguladores críticos para trastocar el equilibrio institucional del país”.

El impacto potencial en la economía y los consumidores

Si Union Pacific logra absorber a Norfolk Southern sin oposición significativa, esto podría redefinir el mapa logístico del país. Pero también podría traer consecuencias adversas como aumento de tarifas de transporte y reducción de opciones para productores y consumidores en diversas regiones de EE. UU.

Según datos de la Oficina de Estadísticas del Transporte, más del 40% de carga terrestre estadounidense se transporta por ferrocarril. Una concentración mayor en este sector implica un poder desproporcionado en manos de pocas empresas, algo que históricamente ha sido combatido por políticas antimonopolio desde los tiempos de la Ley Sherman en 1890.

De hecho, en la era pospandemia, se ha registrado un aumento en los conflictos laborales y cuellos de botella en la cadena de suministros, algunos de los cuales se han atribuido a prácticas corporativas agresivas por parte de los grandes players ferroviarios. Reducir aún más la competencia podría agravar este tipo de problemas.

¿Qué sigue para la STB?

En caso de que Trump logre colocar a dos nuevos representantes republicanos, la STB quedaría compuesta por una mayoría alineada con la visión empresarial del expresidente, haciendo más probable que la fusión sea aprobada sin muchas restricciones. Esto ha encendido las alarmas entre defensores de una infraestructura de transporte más eficiente y menos dependiente de grandes conglomerados.

El precedente preocupa además por su potencial efecto dominó en otras agencias. Si la administración puede remover funcionarios con facilidad en organismos independientes, ¿qué impide que decisiones similares se repliquen en la Comisión Federal de Comercio, la Comisión de Bolsa y Valores o incluso el Departamento de Justicia?

Resistencia y equilibrio: la batalla por las instituciones

Desde diferentes sectores, se está llamando al Senado a no confirmar nombramientos políticos en medio de este proceso delicado. Algunos legisladores demócratas —y no pocos republicanos institucionalistas— están abogando por mayor supervisión y transparencia en el actuar de la Casa Blanca respecto a estos temas.

“La independencia de las agencias no es un lujo, es un pilar de la democracia moderna”, afirmó en rueda de prensa el senador independiente Angus King. Por su parte, el think tank estadounidense Bipartisan Policy Center subrayó en un informe reciente que el fortalecimiento institucional requiere “límites claros entre el poder ejecutivo y los entes reguladores”.

Una prueba para la democracia estadounidense

La historia reciente de Estados Unidos muestra que los límites al poder presidencial son esenciales para el equilibrio de poderes. Las acciones de Trump al frente de estos despidos tienden a difuminar la separación entre Estado y mercado, tal como señaló el académico de Harvard, Steven Levitsky: “Cuando un presidente comienza a determinar el futuro de agencias que deberían controlarlo, la democracia está en riesgo”.

Una buena parte del electorado y expertos ya comienzan a ver estas movidas como parte de la estrategia electoral de Trump rumbo a 2024, donde intenta mostrar músculo político y lealtad a ciertos intereses de gran capital. El futuro de la competencia ferroviaria y la credibilidad de las instituciones están en juego.