Brasil ante el abismo verde: ¿Desmantelar el pacto de la soja y reactivar la deforestación en plena emergencia climática?

El acuerdo que frenó el avance de la frontera agrícola en la Amazonía enfrenta su mayor amenaza, y los intereses económicos chocan con la urgencia ambiental

¿Qué es la moratoria de la soja y por qué es tan importante?

En 2006, bajo intensa presión de organizaciones ecologistas y compradores internacionales, Brasil adoptó una medida de alcance histórico: la moratoria de la soja en la Amazonía. Se trató de un acuerdo voluntario entre grandes empresas comercializadoras de soja —como Cargill, Bunge y ADM— que se comprometieron a no comprar soja cultivada en tierras de la Amazonía deforestadas después de julio de 2008.

Este pacto fue respaldado posteriormente por el gobierno y se transformó en uno de los instrumentos más eficaces para reducir la deforestación vinculada al agronegocio. En 2016, fue renovado indefinidamente, demostrando que era posible expandir la producción sin destruir el ecosistema más importante del planeta.

¿Cómo se implementa la moratoria?

El cumplimento del acuerdo combina monitoreo satelital de alta resolución con registros oficiales de propiedades rurales. Las comercializadoras deben bloquear las compras provenientes de fincas que infrinjan la moratoria, y auditorías independientes revisan cada año sus cadenas de suministro.

Según IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), más del 98% del volumen total de comercialización de la soja en la región cumple con los criterios ambientales. Gracias a este acuerdo, se logró desacoplar el crecimiento de la producción de la destrucción del bosque.

¿Cuál es la amenaza actual?

El órgano antimonopolio de Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), abrió una investigación contra los firmantes del pacto, argumentando que podrían estar incurriendo en conductas anticompetitivas. Alegan que el pacto restringe la libre competencia al impedir que se comercialice soja proveniente de ciertas áreas, aun cuando su producción pueda estar dentro de los márgenes legales.

Hace unas semanas, CADE decretó una suspensión preventiva del pacto. Aunque un juez federal la dejó en pausa mientras se revisa el caso, el futuro del acuerdo pende de un hilo.

¿Quiénes se oponen al pacto y por qué?

Entre los principales opositores se encuentran sectores del agronegocio con gran poder político y económico. La Asociación de Productores de Soja y Maíz del Mato Grosso (Aprosoja), integrantes del Comité Agropecuario de la Cámara Baja del Congreso, así como el influyente Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) han presionado contra el acuerdo.

Los críticos argumentan que se trata de un pacto privado sin fuerza legal, que ha excluido a pequeños y medianos productores de mercados internacionales. Sostienen que el acuerdo impone barreras arbitrarias que benefician a grandes multinacionales y alejan a otros productores del comercio global.

¿Qué dicen los ambientalistas y científicos?

La comunidad científica y ambientalista ha levantado una alarma clara y contundente. Para Ane Alencar, directora científica del Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, la suspensión representa una "señal peligrosa para los compromisos ambientales globales". Señala que castigar a quien cumple las reglas ambientales desincentiva la responsabilidad y puede provocar un retroceso catastrófico.

"Sin la moratoria, la soja podría volver a ser el motor principal de la deforestación, empujando a la Amazonía hacia un punto de no retorno", advirtió Cristiane Mazzetti, coordinadora de campaña de bosques de Greenpeace Brasil.

El destacado climatólogo Carlos Nobre también se sumó al coro de advertencias, señalando que la presión para eliminar el pacto se enmarca en una estrategia más amplia de desmantelamiento de protecciones ambientales. Alertó que ya se está intentando reducir la proporción de reserva legal (bosque que debe mantenerse en propiedades privadas) del 80% al 50%.

Impacto en la selva y en el clima global

Desde 2004 hasta 2012, la tasa de deforestación en la Amazonía brasileña cayó más del 80%, un logro en gran parte atribuido a políticas públicas y al pacto de la soja. Pero en los últimos años —y particularmente durante el gobierno de Jair Bolsonaro— la deforestación se volvió a disparar, alcanzando más de 13.000 km² por año entre 2019 y 2021.

Terminar con el pacto ahora, cuando la Amazonía está cerca del colapso ecológico, según estudios liderados por Nobre y el Panel Científico por la Amazonía, podría poner en riesgo la estabilidad del clima para toda Sudamérica. La región depende del llamado "río volador": corrientes de humedad que salen del bosque y riegan el sur del continente.

¿Y los mercados internacionales?

Europa y Asia, principales destinos de la soja brasileña, están reforzando regulaciones que prohíben importar productos asociados con la deforestación. Terminar con la moratoria podría poner en peligro el acceso de Brasil a estos mercados, dañando su reputación global justo cuando se presenta como líder en la lucha climática.

La Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) ha recordado que el pacto ayudó a hacer crecer la producción sin comprometer la conservación, garantizando al mismo tiempo el acceso a mercados exigentes.

Entre la agricultura y la conservación: ¿es realmente un dilema?

Uno de los argumentos más comunes de la agroindustria es que los agricultores necesitan más tierra para producir y que vetar áreas equivale a limitar su competitividad. Pero investigaciones lideradas por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) indican que Brasil tiene más de 40 millones de hectáreas de tierras degradadas que podrían ser utilizadas para la agricultura sin destruir un solo árbol más.

Es decir, el aumento de la producción agrícola no requiere necesariamente deforestar. La clave está en invertir en productividad, uso eficiente del suelo y restauración de áreas ya degradadas.

Una decisión que marcará el futuro

Las próximas semanas serán decisivas. El tribunal de CADE deberá resolver sobre la validez del pacto, y todo indica que podría generar un precedente que trascienda la soja. Si se considera que cumplir estándares ambientales es anticompetitivo, se pone en riesgo todo el marco de acuerdos voluntarios y certificados ambientales en el agronegocio brasileño.

"Desmantelar un acuerdo tan eficaz y consensuado sería como dispararse en el pie", señaló Greenpeace Brasil. Y tiene razón: se trata de 18 años de avances, reconocidos por la comunidad internacional, que han mostrado que es posible producir y conservar.

Mientras tanto, el bosque amazónico sigue ardiendo en muchos frentes: el fuego, las motosierras, la corrupción política y, ahora, las instituciones encargadas de defender la competencia económica.

En palabras de Carlos Nobre: “Estamos a milímetros del punto de no retorno y no hay margen para errores”.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press