El caso Kilmar Abrego García: entre manipulación política y criminalización migratoria

Una historia enredada en la política de inmigración

El nombre de Kilmar Abrego García ha resonado en titulares y tribunales, convirtiéndose en símbolo del enfrentamiento entre las políticas antiinmigrantes del expresidente Donald Trump y los principios fundamentales del sistema de justicia estadounidense. Este salvadoreño, extrabajador de la construcción en Maryland, ha sido sujeto de deportaciones, detenciones, acusaciones infundadas y una férrea defensa legal que ha puesto al gobierno federal en aprietos legales y morales.

La raíz de la controversia gira en torno a un caso de supuesto tráfico de personas en Tennessee. No obstante, según los abogados de Abrego, el proceso ha estado viciado desde su origen por comentarios públicos "altamente perjudiciales, incendiarios y falsos" de altos funcionarios de la administración Trump.

Las declaraciones que pusieron en riesgo un juicio justo

Desde la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hasta la Fiscal General Pam Bondi, las declaraciones han pintado a Abrego como un peligro absoluto: un "monstruo", un "terrorista", y un miembro de la pandilla MS-13, acusación que él ha negado reiteradamente y para la cual no existen cargos formales.

“Necesita estar en prisión, no en las calles como todos estos liberales quieren que esté”, dijo Bondi en una entrevista reciente con Trump.

Estas afirmaciones han sido claves en la moción más reciente de sus abogados, quienes han solicitado una orden judicial para restringir las declaraciones públicas de funcionarios del gobierno involucrados en el caso, aduciendo que estas violan el principio de presunción de inocencia y contaminan a la opinión pública y posible jurado.

Un pasado marcado por la sospecha y el exilio forzado

En marzo de 2025, Abrego fue deportado erróneamente a una de las prisiones más peligrosas de El Salvador, en lo que se consideró una violación de debido proceso. Fue señalado por el gobierno de Trump como miembro de MS-13 únicamente por su nacionalidad y vínculos comunitarios.

La deportación fue posteriormente revocada por la Corte Suprema y Abrego fue traído de regreso a los Estados Unidos en junio. No obstante, se le acusó de tráfico humano en un caso que sus abogados califican de "absurdo y vengativo". El argumento de la defensa es claro: se está intentando usar el aparato judicial como una herramienta de legitimación política de una agenda antiinmigrante.

Una nueva amenaza de deportación: Uganda como destino

La administración de Trump no ha cesado en sus intentos de expulsar a Abrego del país. Esta vez, intentan deportarlo a Uganda, país con el que no tiene vínculo alguno. Abrego fue llevado de nuevo a custodia migratoria el lunes 25 de agosto tras ser liberado previamente por un juez federal en Tennessee, quien sostuvo que no era un peligro ni riesgo de fuga.

Sus abogados han informado que solicitarán asilo en los Estados Unidos, mientras denuncian una estrategia por parte del gobierno para lograr su expulsión sin juicio, lo cual implicaría una grave violación a normas internacionales en materia de derechos humanos y refugio.

Chicago, nuevo foco de la ofensiva migratoria

El caso de Abrego se inscribe en un contexto más amplio: el plan del gobierno de Trump para implementar una operación de redadas migratorias en Chicago, similar a las realizadas en Los Ángeles desde junio. En esta última, más de 5,000 arrestos se han registrado, muchos de ellos con uso excesivo de fuerza, agentes encapuchados, vehículos sin identificación y detenciones en sitios públicos como tiendas y construcciones.

Chicago representa un nuevo desafío, por tratarse de una ciudad santuario cuyo gobierno local se niega a colaborar con las autoridades migratorias federales. El presidente Trump solicitó incluso el uso de la Estación Naval Great Lakes para apoyar estas acciones, lo cual generó repudio local.

La politización del sistema judicial

La situación ha generado una respuesta inusual por parte del juez federal que lleva el caso en Tennessee, Waverly Crenshaw Jr., quien reiteró en una orden el principio de que la acusación federal contra Abrego sólo contiene alegaciones que tendrán que probarse más allá de duda razonable ante un jurado:

“Nuestra Constitución exige que el Sr. Abrego sea considerado inocente a menos que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable mediante un jurado”.

¿Por qué tanto énfasis judicial? Porque el contexto se ha distorsionado peligrosamente: no solo se le acusa a un hombre sin evidencias públicas concretas de delitos graves, sino que además se le intenta expulsar antes de ser juzgado. Esta criminalización preventiva constituye una amenaza directa a principios básicos de cualquier Estado de Derecho.

Una herramienta política disfrazada de ley

Los intentos del expresidente Trump de endurecer la política migratoria no han estado centrados exclusivamente en perseguir delitos reales, sino también en crear enemigos públicos que sus seguidores puedan usar para justificar la mano dura. Kilmar Abrego García se ha convertido en uno de esos símbolos. No es coincidencia que sus acusaciones hayan sido acompañadas por un marco narrativo de "seguridad nacional" y lucha contra el terrorismo.

La ofensiva migratoria en Chicago, la estrategia legal plagada de prejuicio, la deportación a un país donde nunca ha vivido: todas forman parte del mismo guion. Un intento por mostrar músculo político a costa de personas vulnerables. Y mientras tanto, se erosiona el tejido de la justicia, día a día.

Una batalla que trasciende personas: el futuro de la justicia migratoria

El caso de Kilmar Abrego García no trata únicamente de su libertad. Es un espejo que refleja el estado de una nación en conflicto entre sus principios constitucionales y sus impulsos autoritarios. La política migratoria se ha convertido en un campo de batalla moral, judicial y político. El uso de declaraciones públicas para contaminar procesos, la presión sobre funcionarios, y el uso del miedo como ingrediente de campaña son las verdaderas amenazas.

Mientras los abogados de Abrego continúan su cruzada legal y nuevos procedimientos migratorios van en curso, la pregunta sigue siendo la misma: ¿puede una nación considerarse justa si criminaliza seres humanos antes de que estos reciban un juicio justo?

“Se presume inocencia hasta que se demuestre lo contrario”: una frase que debería ser ley literal, no solo una formalidad vacía usada a conveniencia del poder.