Escándalo en Nevada: ex empleados acusan al gobierno estatal de represalias y negligencia con veteranos

Una demanda que sacude al sistema estatal de salud para veteranos

La situación en el hogar estatal de veteranos en Boulder City, Nevada, ha escalado en los últimos meses después de la presentación de una demanda explosiva por parte de ex empleados y un contratista, quienes acusan al Departamento de Servicios para Veteranos de Nevada (NDVS) de represalias ilegales, despidos injustificados y negligencia grave que puso en peligro a pacientes vulnerables.

Lo que comenzó como una demanda individual presentada por Eli Quiñones, exadministrador del hogar de veteranos, creció en enero al añadirse más demandantes. El caso arroja luz sobre alegaciones estremecedoras de abuso de poder, violaciones éticas y legales, y un ambiente laboral tóxico desarrollado bajo el mando de altos funcionarios como Fred Wagar, exdirector de NDVS, y Corine Watson, actual directora de enfermería del hogar.

Acusaciones de represalias, encubrimientos y condiciones inseguras

La denuncia detalla un patrón repetido de investigaciones falsas ('sham investigations') utilizadas como mecanismos de castigo y represalia contra empleados que se opusieron a órdenes indebidas o intentaron denunciar irregularidades. Muchos de los trabajadores alegan haber sido presionados a cometer actos ilegales relacionados con la administración de medicamentos restringidos, la manipulación de horarios laborales y la documentación de historiales médicos electrónicos.

Uno de los episodios más graves relatados en la demanda involucra la negativa de Watson a implementar pruebas de detección de COVID-19 en 2022, hecho que llevó al contagio de múltiples pacientes y a la muerte de tres residentes. Esta acción, argumentan los demandantes, fue consecuencia directa de una cultura organizacional marcada por la negligencia y el desprecio por el bienestar de los veteranos.

Investigación estatal en curso y represalias personales

Las denuncias no son nuevas en su totalidad. En 2023, la Policía Estatal de Nevada inició una investigación sobre el NDVS por supuestas irregularidades laborales y fallos de liderazgo. Aunque dicha pesquisa aún está en curso, estos procesos revelan un panorama preocupante sobre cómo se administran las instituciones dedicadas al cuidado de quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas.

Además, la demanda argumenta que las represalias alcanzaron niveles personales insospechados. Uno de los testimonios sostiene que una empleada fue prohibida de ingresar al hogar durante cuatro meses, impidiéndole visitar a su madre allí internada. Este castigo fue infligido como venganza por negarse a modificar registros médicos, en claro conflicto con leyes estatales.

Una cultura de silencio e impunidad

La narrativa que se repite en cada testimonio es la existencia de una cultura sistemática de encubrimiento. Según los demandantes, cada intento por reportar abusos hacia residentes, protocolos inseguros o violaciones a reglamentos federales fue reprimido activamente, y quienes denunciaban eran desplazados, investigados o despedidos.

• Mal manejo de medicamentos discontinuados.
• Abuso físico no reportado formalmente.
• Desconocimiento de procedimientos médicos federales.
• Barreras para investigaciones internas.

En uno de los hechos narrados, los jefes del NDVS cambiaron los protocolos para manejar medicamentos narcóticos discontinuados, “introduciendo un margen de error inaceptable” según la querella. Esto aumentó significativamente el riesgo de pérdida, robo o uso inadecuado de sustancias restringidas dentro del hogar.

Cambios políticos y omisión de responsabilidades

Mientras el escándalo se profundizaba, Fred Wagar fue reemplazado por el gobernador Joe Lombardo en 2023. Sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo opaca. NDVS ha optado por no comentar públicamente sobre el litigio, y las acusaciones ahora apuntan tanto a la responsabilidad institucional como individual de los involucrados.

En junio de este año, el estado intentó desestimar partes del caso. Como resultado, los cargos contra Wagar y Watson en sus funciones oficiales fueron retirados, pero siguen siendo responsables a nivel personal por su presunto comportamiento dañino.

Un sistema que falla a quienes sirvieron al país

El hogar de Boulder City, con 180 camas y atención médica las 24 horas para veteranos, cónyuges y padres de soldados caídos, representa un compromiso que el Estado asume con quienes defendieron al país. Por eso, este caso va más allá del conflicto laboral: implica la salud, dignidad y derechos humanos de quienes confiaron en una institución supuestamente erigida para honrarlos.

“Estamos hablando de vidas truncadas y de confianza destruida en un sistema que prometió cuidar a quienes lo dieron todo”, afirman los abogados de los demandantes.

En un contexto donde múltiples estados enfrentan críticas por el abandono institucional a los veteranos —según un informe del Government Accountability Office (GAO), más de 30 estados no cumplen estándares mínimos de inspección en hogares para veteranos—, el caso de Nevada expone una crisis de liderazgo y control ético dentro de estos espacios fundamentales.

El desafío de reconstruir la confianza

Resulta evidente que el restablecimiento de confianza no será sencillo. La demanda solicita un juicio con jurado y una compensación que cubra los salarios perdidos, beneficios y daños no económicos como angustia mental y pérdida de calidad de vida. Pero los demandantes dicen que su objetivo principal es sacar a la luz la verdad y prevenir futuras tragedias.

Este caso no solo expone un supuesto abuso dentro del gobierno estatal, sino que reabre el debate sobre la falta de control y transparencia en las instituciones públicas encargadas del bienestar de sectores vulnerables. Si las acusaciones se confirman, Nevada deberá enfrentar no solo las implicaciones legales, sino una crisis moral de cara a sus veteranos.