La batalla por el TPS: ¿Quién decide el destino de los venezolanos en EE.UU.?

Un nuevo revés para la agenda migratoria de Trump

El viernes pasado, una corte federal de apelaciones en San Francisco emitió un fallo que bloquea los esfuerzos del expresidente Donald Trump por terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 600,000 venezolanos que residen legalmente en Estados Unidos. El veredicto unánime del panel de tres jueces del Ninth Circuit Court respalda la posición de los demandantes que aseguran que las acciones de la administración Trump carecían de autoridad legal y violaban el espíritu de la legislación migratoria vigente.

¿Qué es el TPS y por qué es tan importante?

El programa de TPS fue establecido por el Congreso en 1990 como parte de la Ley de Inmigración. Este permite que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgue un estatus legal temporal a ciudadanos de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro.

• Protección contra la deportación.
• Permiso para trabajar legalmente en EE.UU.
• Estabilidad mientras duren las condiciones críticas en el país de origen.

Actualmente, Venezuela es uno de estos países. El colapso económico, la hiperinflación y la inestabilidad política empujaron a más de 7 millones de venezolanos a salir del país, siendo esta una de las mayores crisis migratorias del mundo.

El fallo de la Corte: ¿cuál es su alcance?

La jueza Kim Wardlaw, designada por Bill Clinton, escribió que el Congreso creó el TPS para que fuera un sistema “predecible, fiable y aislado de los vaivenes políticos”. Según ella y los otros dos jueces partidarios, ni la secretaria del DHS de entonces, Kristi Noem, ni el gobierno de Trump tenían autoridad para revertir una extensión previamente otorgada.

Este fallo respalda una decisión anterior del juez Edward Chen, quien en marzo había concluido que los demandantes probablemente triunfarían en su alegato de que la administración había excedido su autoridad.

¿Qué dice la otra parte?

El DHS expresó su desacuerdo tajante con la decisión de la corte a través de un portavoz: “el programa TPS ha sido abusado y politizado como una amnistía de facto”. Según ellos, esta medida judicial “retrasa la justicia y socava la integridad del sistema migratorio”.

También sostienen que los cambios del programa obedecen al interés nacional y que Venezuela ya no justifica una protección de este tipo, algo que contrasta fuertemente con los informes de Human Rights Watch y la ACNUR, que siguen documentando condiciones alarmantes en el país sudamericano.

Impacto humano de la inestabilidad en el TPS

Muchos migrantes venezolanos bajo TPS han construido vidas estables en EE.UU.: tienen trabajos, hipotecas, hijos nacidos en territorio estadounidense. Pero la incertidumbre política sobre su estatus legal ha significado una ola de detenciones, despidos y deportaciones desde que Trump intentó revocar el programa.

Una mujer fue deportada junto con sus dos hijas tras acudir voluntariamente a una cita con inmigración. Otra historia relata cómo un empleado de FedEx fue detenido en pleno uniforme y terminó durmiendo dos semanas en el piso de un centro de detención, temiendo ser enviado de regreso a El Salvador.

“No soy un criminal. Inmigrantes como yo venimos a trabajar duro y contribuir, y en cambio están destrozando a nuestras familias.” – Declaración presentada ante la corte.

Y lo más preocupante: cerca de 350,000 venezolanos perdieron su protección en abril, antes del fallo judicial favorable. Hoy, su retorno legal depende del desenlace de esta batalla jurídica.

Una lucha más amplia: el TPS como reflejo de la política migratoria estadounidense

Más allá del caso venezolano, este fallo debe leerse como parte de una batalla ideológica más amplia. Durante su administración, Trump intentó revocar el TPS para ciudadanos de varios países, incluidos El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. En muchos casos, los fundamentos fueron disputados en tribunales por considerarse discriminación encubierta.

Los jueces del Ninth Circuit no se pronunciaron sobre si hubo o no motivaciones racistas, como alegaban algunas de las organizaciones demandantes como la ACLU. Sin embargo, dejaron claro que los tribunales tenían jurisdicción para frenar acciones claramente ilegales.

¿Una nueva era para el TPS?

Bajo la administración de Joe Biden, el TPS para venezolanos había sido extendido como parte de un enfoque humanitario y pragmático frente a la crisis migratoria. Pero con un posible regreso de Trump o una administración con ideas afines, el programa vuelve a quedar bajo amenaza.

El reciente fallo muestra que, pese a los giros políticos, el poder judicial aún puede servir como un contrapeso efectivo. Sin embargo, muchos activistas creen que es urgente una reforma legislativa de fondo que estabilice el programa y les permita a estos migrantes acceder a la residencia permanente. Después de todo, muchos de ellos han estado en el país durante más de una década, cumpliendo con todas las leyes.

El rol de las decisiones judiciales: ¿protección o política?

Los opositores del fallo judicial acusan a los jueces de actuar motivados políticamente. En respuesta, la jueza Wardlaw escribió en su dictamen:

“El objetivo del Congreso al establecer el TPS fue precisamente proteger a quienes huyen de condiciones extremas, no exponerlos a los vaivenes electorales.”

Los próximos pasos en este litigio podrían estar en manos de la Corte Suprema, que ya ha intervenido en el pasado para revertir temporalmente decisiones favorables a los migrantes. Sin embargo, muchos observadores ven el fallo del Ninth Circuit como un precedente sólido.

¿Qué sigue para los venezolanos?

En la práctica, el fallo permite -por ahora- que continúe la protección TPS para los venezolanos afectados. Pero no garantiza una solución a largo plazo. Según Emi MacLean, abogada demandante de la ACLU, “esta decisión no ayudará de inmediato a quienes ya perdieron su estatus, pero puede allanar el camino para deshacer acciones ilegales”.

Hoy, los venezolanos en TPS siguen enfrentando un sistema migratorio inestable y saturado. La esperanza es que este hito judicial sirva para movilizar al Congreso y reimaginar un futuro más humano y racional para los migrantes que, como dice la Corte, no deberían ser piezas de un tablero político.