La Guardia Nacional como herramienta política: ¿cómo Donald Trump está redefiniendo el poder presidencial en EE.UU.?

Durante su mandato, Donald Trump ha recurrido a tácticas controvertidas para imponer su control sobre cuestiones de seguridad en ciudades estadounidenses, muchas de las cuales están gobernadas por demócratas. En el corazón de esta estrategia está el despliegue de la Guardia Nacional, una fuerza usualmente reservada para situaciones de emergencia estatal y desastres naturales, pero que ahora se utiliza para intervenir en operaciones de inmigración y control social.

Un precedente histórico: uso doméstico de las fuerzas militares

El uso de militares estadounidenses en suelo propio ha sido históricamente limitado, gracias a legislaciones como la Posse Comitatus Act, que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas como agentes del orden. Sin embargo, existen excepciones, como la Insurrection Act de 1792, una ley con redacción ambigua que da poder al Presidente para desplegar tropas con fines de seguridad pública bajo ciertas circunstancias.

Este marco legal ha sido escasamente utilizado. Uno de los ejemplos más significativos fue en 1963, cuando el presidente John F. Kennedy federalizó la Guardia Nacional de Alabama para obligar al gobernador George Wallace a permitir la integración de estudiantes afroamericanos en la Universidad de Alabama. Fue un momento definitorio en la lucha por los derechos civiles.

Trump y la Guardia Nacional: entre la seguridad y la politización

Durante su presidencia, Trump ha utilizado la Guardia Nacional de maneras que han generado considerable preocupación entre expertos legales, líderes militares y ciudadanos.

Comenzando con Los Ángeles y Washington D.C. en 2020, Trump invocó el control federal sobre la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para desplegar tropas durante las protestas contra la brutalidad policial. Al no requerir la autorización de un gobernador —ya que D.C. no es un estado—, el presidente maniobró con libertad total, estableciendo un modelo de actuación que podría replicar en otras ciudades.

Según Todd Huntley, director del Programa de Derecho de Seguridad Nacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, “el verdadero interrogante legal es si el Presidente puede desplegar tropas en un estado sin consentimiento del gobernador. Ese escenario abre una puerta a conflictos de jurisdicción inéditos desde los años 60”.

¿Qué busca hacer en Chicago?

Chicago figura entre los próximos blancos del gobierno de Trump para reforzar leyes de inmigración, y ya se han iniciado conversaciones dentro del Pentágono para preparar operaciones a través de la base de la Marina en Great Lakes, Illinois, enfocadas en soporte logístico y de infraestructura.

Si se concretara el uso de la Guardia Nacional sin el consentimiento del estado, el presidente tendría que recurrir, según expertos, a la Insurrection Act. Esta legislación parece haberse convertido en lo que algunos denominan la “opción nuclear” del Ejecutivo.

El mayor temor: usar el pretexto del crimen urbano para una intervención militar generalizada. Aunque los índices de crimen en Chicago han disminuido respecto a años anteriores, Trump insiste que está “fuera de control”.

Posibles consecuencias legales y políticas

El debate no es sólo jurídico. Es también profundamente político. El uso premeditado de la fuerza podría provocar que estados gobernados por demócratas activen sus propias unidades de la Guardia Nacional como contraataque, generando una situación de tensión casi inédita entre niveles de gobierno.

La idea de tener tropas federales y estatales enfrentadas en el mismo territorio evoca imágenes sombrías del siglo XIX más que de una democracia moderna.

Unidades de reacción rápida: ¿preparadas para la movilización?

El nuevo decreto ejecutivo firmado por Trump ordena al Secretario de Defensa formar una unidad especializada dentro de la Guardia Nacional de D.C. para garantizar la seguridad pública. Además, exige que todas las Guardias estatales cuenten con fuerzas listas para ser desplegadas rápidamente.

Según datos de la Guardia Nacional, estas unidades de reacción rápida están capacitadas para movilizar entre 75 y 125 efectivos en 8 horas, y hasta 375 en un lapso de 24 horas. Es decir, el potencial militar está en pie, a la espera de una orden política.

Voces dentro de la Guardia Nacional: ¿obedecer o cuestionar?

Un funcionario de la Guardia Nacional de D.C., citado bajo condición de anonimato, expresó que el accionar actual del gobierno podría permitir despliegues prolongados bajo una justificación débil, como el “combate al crimen”. A largo plazo, esto habilita un uso casi indefinido de lo que, por principio, es una fuerza de apoyo de emergencia.

Esta proyección no es simplemente una preocupación jurídica. También plantea un escenario de desgaste interno dentro de las fuerzas armadas, que podrían verse arrastradas a intervenciones cuya legitimidad está fuertemente cuestionada.

Joni Ernst y el vacío que deja en el Senado

En paralelo, la senadora Joni Ernst de Iowa ha anunciado que no buscará la reelección en 2026. Veterana de guerra en Irak y la primera mujer de Iowa elegida al Congreso, su retiro representa otro golpe al partido republicano, complicando la posibilidad de retener la mayoría del Senado.

Ernst, quien había chocado discretamente con Trump en temas de seguridad doméstica, se convierte en una pieza más del entramado político donde la estrategia de intervención federal comienza a producir divisiones internas en el partido.

El caso Venezuela y la política migratoria

Mientras tanto, un tribunal federal frenó los planes de Trump para terminar con el estatus de protección temporal (TPS) para 600,000 venezolanos, dictaminando que el Departamento de Seguridad Nacional no tiene autoridad para revocar una extensión previa del programa.

La corte destacó que el programa fue diseñado por el Congreso como una medida “predecible, confiable e inmune a la política electoral”. Esto muestra el choque existente entre el poder judicial y las políticas restrictivas del Ejecutivo, especialmente en contextos de intervención inmigratoria.

Venezuela enfrenta una crisis sin precedentes, con más de 7 millones de ciudadanos desplazados. Pese a ello, la administración buscaba anular las protecciones, postura que ahora queda en entredicho gracias a esta decisión judicial.

¿Un nuevo tipo de presidencialismo?

A través de sus decisiones ejecutivas, Trump está ejerciendo su autoridad de una forma que, según expertos, altera el equilibrio institucional entre la presidencia, los gobiernos estatales y el Congreso.

Esto advierte sobre la posibilidad de que Estados Unidos esté entrando en una era de poder presidencial más concentrado, justificado bajo el argumento de la “seguridad pública”, pero con profundas consecuencias para el sistema federal que ha caracterizado históricamente al país.

Como lo ilustra la historia de la Guardia Nacional, cada vez que se usa con fines políticos, se corre el riesgo de desdibujar las líneas entre seguridad, política y democracia.