La guerra de visados: EE. UU. intensifica sanciones contra la Autoridad Palestina

Por Redacción Internacional

Un giro diplomático en plena tensión en Oriente Medio

La reciente decisión del Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, de revocar visados a funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ha provocado una ola de reacciones dentro y fuera del ámbito diplomático. En un momento crítico, cuando se avecina la Asamblea General de la ONU y las condiciones en Gaza se deterioran rápidamente, la política exterior estadounidense parece endurecerse tras las líneas del expresidente Donald Trump.

Rubio ordenó también negar nuevas solicitudes de visado de funcionarios palestinos, acompañando esta decisión con la suspensión de un programa médico que permitía a niños heridos de Gaza recibir tratamiento en Estados Unidos. Estas medidas forman parte de una serie de acciones que, según el Departamento de Estado, buscan presionar a la AP y la OLP a cumplir compromisos internacionales y repudiar el terrorismo.

Una estrategia con antecedentes: Trump y la política contra Palestina

La administración Trump ya había realizado movimientos similares. En 2018, EE. UU. cerró la misión de la OLP en Washington y recortó más de $200 millones de dólares en ayuda a los palestinos. Aquellas acciones se justificaban bajo una estrategia de presión máxima para forzar negociaciones bilaterales con Israel, rompiendo con décadas de diplomacia basada en resoluciones multilaterales.

Desde entonces, sectores conservadores han promovido una política de castigo hacia representantes palestinos, basando argumentos en supuestos incumplimientos de acuerdos de paz y sospechas de apoyo al terrorismo. Esta línea de pensamiento parece haber sido retomada con fuerzas renovadas bajo el ala dura del Partido Republicano con Rubio al frente del Departamento de Estado.

Visados revocados: ¿cuántos y a quiénes?

No se ha informado el número exacto de visados revocados ni cuántas solicitudes han sido denegadas hasta el momento. Lo que sí se ha aclarado es que los representantes designados para la misión de la Autoridad Palestina en la ONU en Nueva York recibirán excepciones bajo el acuerdo de país anfitrión entre EE. UU. y Naciones Unidas, lo que les permitirá asistir a la Asamblea General, al menos de forma simbólica.

Sin embargo, el golpe diplomático ya está dado. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, declaró a los medios que estaban evaluando el impacto de la medida. El presidente palestino Mahmud Abbas, quien suele encabezar la delegación palestina en la Asamblea General, aún se espera que participe y dirija un discurso ante el organismo internacional.

¿Amenaza o advertencia?: El trasfondo del mensaje

En su comunicado, el Departamento de Estado argumentó que las medidas tienen un objetivo claro:

“Es en nuestro interés de seguridad nacional responsabilizar a la OLP y a la AP por no cumplir sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz.”

La declaración menciona específicamente los ataques del 7 de octubre (sin detallar), exigiendo un rechazo consistente del terrorismo como condición para considerar a la Autoridad Palestina un socio legítimo para la paz. Esta es una referencia directa que reaviva los dolores de una narrativa post-11S de “tolerancia cero” al extremismo, aunque aplicada en un contexto profundamente enredado y desequilibrado.

El doble estándar y la narrativa geopolítica

Numerosos analistas y activistas de derechos humanos han criticado las políticas de EE. UU. por aplicar estándares diferentes dependiendo del actor involucrado. Mientras se exige a Palestina repudiar sin ambigüedades el terrorismo, no se ha aplicado una presión similar a Israel frente a las constantes denuncias de violencia contra población civil palestina.

Desde Human Rights Watch hasta Amnistía Internacional han documentado incidentes que podrían constituir crímenes de guerra por parte de fuerzas israelíes en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, la respuesta institucional estadounidense ha sido generalmente de respaldo a Israel bajo el principio del “derecho legítimo a defenderse”.

El delicado rol de EE. UU. como mediador

La historia de la participación estadounidense en el conflicto israelí-palestino es larga y está llena de ambigüedades. Por un lado, ha promovido cumbres de paz como Oslo (1993), Camp David (2000), y Annapolis (2007); por otro, ha respaldado con ayuda militar y política a Israel, incluso en momentos de escalada y expansión de asentamientos, considerados ilegales por el derecho internacional.

El regreso a visados denegados, cierre de iniciativas humanitarias y señalamientos políticos vuelve a alejar a EE. UU. del rol de facilitador del diálogo que alguna vez intentó ejercer. En vez, se posiciona como un actor que sanciona a una parte mientras fortalece incondicionalmente a la otra.

Gaza como zona de combate: el contexto real

El anuncio de estas medidas coincidió con otra noticia alarmante: el ejército israelí declaró a la ciudad de Gaza como “zona de combate abierta”. Desde octubre de 2023, se han intensificado los enfrentamientos entre Israel y militantes en Gaza, dejando a decenas de miles de civiles afectados, desplazados y con un sistema de salud colapsado. según OCHA, sólo en los primeros 100 días del año, más de 7,000 palestinos, en su mayoría civiles, murieron en Gaza debido a los bombardeos.

En este escenario, medidas como la suspensión del programa médico para niños heridos parecen no solo simbólicas sino cruelmente pragmáticas, al negar atención humanitaria como sanción política.

La Asamblea General y el debate sobre el reconocimiento palestino

La próxima Asamblea General de la ONU estará marcada por este contexto tenso. Palestina, reconocida como “estado observador no miembro” desde 2012, ha utilizado históricamente este foro para pedir reconocimiento internacional, denunciar violaciones de derechos humanos y promover la solución de dos Estados.

Estados Unidos, sin embargo, ha bloqueado repetidamente los intentos de que Palestina ingrese como miembro pleno o de que el Consejo de Seguridad apruebe resoluciones más firmes contra los asentamientos y la violencia israelí. Con el endurecimiento de las políticas de visas, se prevé un ambiente hostil que limitará aún más las formas de expresión diplomática de los palestinos.

¿Una movida electoral anticipada?

Algunos comentaristas interpretan estas medidas como parte de una estrategia electoral anticipada para consolidar el apoyo conservador en vísperas del nuevo ciclo presidencial. Marco Rubio, un republicano con aspiraciones nacionales desde hace tiempo, podría estar buscando posicionarse como el “guardián de los intereses de Israel” dentro del Senado y la política exterior.

En estados clave con un electorado evangélico o judío conservador, como Florida o Texas, este tipo de mensajes tienen fuerte impacto político. La retórica de mano dura contra Palestina se vuelve una herramienta electoral tanto como diplomática.

¿Y el futuro del diálogo? Una pregunta sin respuesta

Las consecuencias de este endurecimiento estadounidense están por verse, pero no auguran una mejora en el proceso de paz ni en la situación humanitaria. Los visados pueden parecer un detalle técnico, pero son el canal que mantiene vivos los puentes diplomáticos, sobre todo en contextos polarizados.

Sin ellos, funcionarios palestinos pierden visibilidad, posibilidad de incidir en foros multilaterales, e incluso acceso a redes de solidaridad internacional. Las políticas de exclusión solo refuerzan la narrativa del aislamiento, empujando a sectores palestinos hacia posiciones más radicales o el desencanto absoluto con la diplomacia.

Mientras tanto, el pueblo palestino —niños, familias y trabajadores atrapados entre bombardeos y embargos— continúa sufriendo las consecuencias de decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia. La pregunta que queda es: ¿cuándo volverá la voluntad real de diálogo?