El asilo como resistencia: El caso de Kilmar Abrego García y la política migratoria de EE.UU.

Entre dos mundos: Un caso que va más allá del individuo

El caso de Kilmar Abrego García es mucho más que una disputa legal internacional. Es un símbolo viviente del enfrentamiento entre los derechos humanos y una política migratoria cada vez más endurecida. A sus 30 años, este salvadoreño ha pasado de ser objeto de deportación a punto de ruptura legal entre lo que la ley permite y lo que la moral exige.

El gobierno estadounidense bajo el mandato de Donald Trump ha hecho de la migración un campo de batalla ideológico y político. No se trata únicamente de proteger fronteras, sino de demostrar el poder simbólico de “expulsar” a los considerados no deseables. Kilmar se convirtió, sin esperarlo, en una pieza importante en este ajedrez geopolítico.

¿Quién es Kilmar Abrego García?

Kilmar llegó a Estados Unidos alrededor de 2011, huyendo de una El Salvador tomada por la violencia de pandillas como la MS-13. Sin documentos y con un pasado tormentoso, llegó a Maryland buscando una nueva oportunidad. Fue deportado injustamente en marzo de 2024, en una acción que violó una orden judicial emitida en 2019, la cual impedía su expulsión debido a las amenazas creíbles que enfrentaba en su país origen.

Tras un fallo de la Corte Suprema, fue devuelto a EE.UU. en junio del mismo año —no por justicia, sino para enfrentar cargos de tráfico humano, acusación que su equipo legal califica como “ridícula y vengativa”.

¿Por qué Uganda?

En una maniobra sin precedentes, la administración Trump propuso deportar a Kilmar Abrego García no a El Salvador, sino a Uganda, país africano con el cual él no posee ninguna conexión. Esto abre interrogantes legales fundamentales: ¿puede un gobierno deportar a alguien a un país completamente ajeno sin violar tratados internacionales y derechos fundamentales?

Según Stephen Miller, principal arquitecto de la política migratoria de Trump, esta acción “honra el deseo de Kilmar de no regresar a El Salvador”. Sin embargo, su equipo legal sostiene que Uganda representa un nuevo círculo de persecuciones y riesgos. El país ha sido acusado por organismos internacionales de prácticas sistemáticas de persecución y tortura.

Asilo: un riesgo calculado

Solicitar asilo en este contexto es una jugada arriesgada pero estratégica. Como lo expresó el abogado Andrew Rankin, con sede en Memphis: “Es algo que yo también haría si lo estuviera representando. Puede salir mal, pero hay más probabilidades de éxito que simplemente aceptar la deportación”.

El proceso podría reabrir el caso de 2019 en el que se le negó el asilo por haberlo solicitado fuera del plazo de un año desde ingreso a EE.UU. Sin embargo, sus abogados ahora argumentan que el reinicio del conteo debe ocurrir desde junio, mes en que fue retornado a Estados Unidos por orden judicial.

Si su solicitud es aprobada, no solo evitaría su deportación, sino que podría acceder a la tarjeta de residencia permanente (green card) y, eventualmente, a la ciudadanía estadounidense.

La cárcel del terror en El Salvador

El argumento central de su petición de asilo se concentra en la amenaza real de ser enviado de nuevo a su país natal, donde asegura haber sido víctima de tortura psicológica y física en el centro penitenciario más infame del país: el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo).

Según su testimonio en una demanda federal, sufrió palizas, privación del sueño y abuso mental durante su detención en esa prisión. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha negado las acusaciones, calificándolas como parte de una “narrativa internacional interesada en desacreditar su plan de seguridad”.

Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado múltiples casos de abusos en este y otros centros de detención salvadoreños.

Un caso bajo lupa federal

Kilmar no está solo. A diferencia de muchos inmigrantes enfrentando deportación, cuenta con un equipo completo de abogados y el respaldo de una juez federal —Paula Xinis— que monitorea su caso para garantizar que no se violen sus derechos constitucionales al debido proceso.

La jueza Xinis dejó claro que aunque no decidirá si obtiene el asilo, sí se asegurará de que reciba un trato justo en la corte de inmigración, organismo subordinado al Departamento de Justicia y, por tanto, al ejecutivo de Trump.

Una ventaja legal importante es que, mientras su caso permanezca dentro de la jurisdicción del 4º Circuito de Apelaciones, las decisiones jurídicas tienden a ser más favorables a los solicitantes de asilo, lo que podría jugar a su favor.

El pentagrama político: entre migración y poder

La historia de Kilmar Abrego García es también la historia de cómo las políticas migratorias se han convertido en una bandera de lucha ideológica.

Stephen Miller, el hombre detrás de las políticas más duras de inmigración en la era Trump, no ha ocultado su intención de usar casos como el de Kilmar como ejemplo para endurecer la narrativa contra la migración irregular. Declara abiertamente que “se trata de mostrar qué tan firme puede ser esta administración ante quienes no respetan las leyes migratorias”.

Pero Kilmar representa también una nueva forma de resistencia: resistencia legal, desde los jueces hasta cada párrafo presentado por sus abogados. Y sobre todo, resistencia humana, la de quien decide no resignarse y lucha por permanecer en el único país donde ve posible rehacer su vida.

Una lucha que apenas comienza

Este caso no terminará con la decisión del juez de inmigración. Todos los actores legales están convencidos de que, si Kilmar gana asilo, el gobierno apelará. “Han invertido demasiado para dejarlo ir sin más”, dice Rankin. Y eso refleja la seriedad con la que esta administración —y su sector más duro— se toma la lucha contra cualquier excepción al endurecimiento migratorio.

Estas deportaciones a terceros países marcan un punto de inflexión histórico, y el mundo observa. ¿Puede un país como Estados Unidos, que firmó tratados que garantizan derechos a refugiados y solicitantes de asilo, burlar esos compromisos simplemente enviando personas a terceros países sin conexión alguna con ellos?

Los riesgos más allá del papel y la ley

La petición de asilo conlleva un costo emocional y humano enorme. Kilmar corre el riesgo de perderlo todo: si el juez decide en contra, su protección frente a El Salvador podría ser eliminada y estaría a un paso de retornar al infierno que lo quebró mentalmente.

Pero, tal como lo expresó su equipo legal en una audiencia reciente: “es preferible pelear hasta el último recurso legal que aceptar pacíficamente una injusticia internacional”.

Mientras tanto, su futuro refleja una de las tensiones más fundamentales del mundo moderno: la seguridad nacional contra los derechos humanos esenciales. Y en medio de esa grieta política, hay una persona que simplemente quiere vivir sin miedo.

El legado del caso Kilmar

Independientemente del desenlace, el caso sentará precedentes. Los expertos legales predicen que las cortes podrían interpretar de forma más estricta las reglas sobre deportaciones a terceros países y sobre límites en las solicitudes de asilo fuera del plazo tradicional.

Pero también deja entrever algo más profundo: una grieta humana en el edificio jurídico estadounidense. Donde los jueces, abogados y ciudadanos se preguntan cada vez con más fuerza: ¿estamos respetando verdaderamente nuestros propios valores fundacionales, o albergamos políticas que niegan justicia a quienes más la necesitan?

La historia de Kilmar Abrego García nos fuerza a enfrentar esa pregunta. Y más aún, nos obliga a decidir si estamos dispuestos a tolerar que un ser humano sea enterrado —política, legal y geográficamente— para proteger una narrativa de poder.