Protestas en Indonesia: entre el hartazgo social y la represión violenta
La muerte de un repartidor, la indignación por los privilegios de los legisladores, y una nación en efervescencia: así se vive la crisis social en Indonesia
Indonesia ha sido sacudida por una oleada de protestas masivas que, lejos de disiparse, se han intensificado en violencia y alcance. Lo que comenzó como una expresión de descontento por las generosas asignaciones a legisladores, ha derivado en un estallido social que ha cobrado vidas humanas y dejado cientos de heridos y detenidos. Este artículo hace un análisis de las causas, intensidades y consecuencias de esta creciente crisis social en el país del sudeste asiático.
Un país en llamas: desde Makassar hasta Yakarta
El viernes 29 de agosto de 2025, el edificio del parlamento regional en Makassar, capital de la provincia de Célebes del Sur, fue incendiado por manifestantes enardecidos. Las consecuencias fueron trágicas: tres personas murieron y al menos cinco más fueron hospitalizadas por quemaduras y fracturas tras saltar desde ventanas del edificio en llamas.
La violencia no se limitó a Makassar. Ese mismo día, protestantes incendiaron otra sede parlamentaria en Bandung, Java Occidental, aunque sin reportes de víctimas fatales. En Surabaya, la segunda ciudad más grande del país, los manifestantes asaltaron la sede de la policía regional, incendiando vehículos y desmontando cercas, mientras que en ciudades como Medan, Yogyakarta, Malang y incluso en la remota Papúa, se registraron enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos.
La chispa que encendió el fuego: 50 millones de rupias mensuales
Todo comenzó con una indignante revelación: los 580 legisladores indonesios reciben una asignación para vivienda de 50 millones de rupias mensuales (unos 3,075 dólares), además de sus ya considerables salarios. Este dato encendió la furia de una población que sufre el aumento del costo de vida, impuestos más altos y una tasa de desempleo que bordea el 6% según cifras oficiales recientes del gobierno indonesio.
Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad representa diez veces el salario mínimo mensual en Yakarta (5 millones de rupias). En un país donde el ingreso promedio anual ronda los 3,800 dólares, esta disparidad se convirtió en un símbolo de la desconexión entre las élites políticas y el pueblo.
La muerte de Affan Kurniawan: un catalizador emocional
Lo que elevó las protestas al siguiente nivel fue la muerte del joven repartidor de comida Affan Kurniawan, de 21 años, quien fue atropellado por un vehículo blindado de la policía durante una manifestación en Yakarta el jueves 28 de agosto. Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que Kurniawan cae al suelo y es arrollado por el vehículo oficial sin que este se detuviera.
“Nadie debería perder la vida por ejercer su derecho a protestar”, denunció Usman Hamid, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia.
Este incidente conmocionó al país y fortaleció las protestas, dejando claro que lo que estaba en juego iba mucho más allá de una asignación parlamentaria; se trataba de un cuestionamiento profundo al aparato político y de seguridad del Estado indonesio.
Un aparato represivo al borde del colapso
La respuesta del gobierno ha sido, como en ocasiones anteriores, marcadamente represiva. Las cifras hablan por sí solas:
- Más de 951 detenidos solamente en Yakarta
- Al menos 25 oficiales heridos —según datos policiales
- Decenas de civiles heridos que aún no han sido contabilizados oficialmente
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM) ha pedido una investigación transparente y denunció el uso excesivo de la fuerza. Siete policías han sido detenidos en relación con la muerte de Kurniawan, mientras que videos y testimonios abundan sobre la brutalidad policial en otras ciudades.
¿Dónde está el liderazgo político?
El presidente Joko Widodo ha guardado un silencio discutido ante los eventos. Si bien se ha pedido calma y ha prometido investigar los hechos, múltiples sectores sociales exigen una respuesta firme y una reforma estructural del sistema político.
Indonesia, la tercera democracia más grande del mundo con más de 275 millones de habitantes, está enfrentando una prueba crítica de su contrato social. La credibilidad de las instituciones está en juego. Las redes sociales, en especial TikTok y Twitter (ahora X), se han inundado de denuncias, videos, y campañas con etiquetas como #KeadilanUntukAffan (Justicia para Affan).
Protesta popular vs. represión institucional
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y múltiples ONGs del sudeste asiático han puesto el foco en lo que llaman una escalada inaceptable del Estado contra manifestantes desarmados. El derecho a la protesta y libertad de expresión está consagrado en la Constitución indonesia, pero a menudo choca con una cultura policial militarizada.
Un informe de Human Rights Watch de 2023 ya advertía que “la impunidad en casos de violencia policial es la norma, no la excepción, en Indonesia”. Así, la tragedia y posterior movilización en torno a Kurniawan no son más que la continuación de un patrón alarmante.
Perspectivas: ¿otro episodio o un punto de inflexión?
El malestar social en Indonesia no es nuevo. Desde las protestas estudiantiles de 1998 que derrocaron a Suharto, hasta las marchas contra la ley de trabajo Omnibus en 2020, la sociedad civil ha demostrado una capacidad movilizadora impresionante. Lo diferente esta vez es la cobertura digital en tiempo real y la visibilización global del conflicto.
Expertos políticos de universidades como Gadjah Mada y la Universidad de Indonesia coinciden en que el país puede estar frente a una encrucijada: la transformación política real o la consolidación de un Estado cada vez más autoritario. La atención ahora está puesta en el Parlamento Nacional, que deberá revisar la cuestionada asignación habitacional —o asumir el costo político de ignorarlo.
La juventud, protagonista e indignada
Los jóvenes, especialmente estudiantes y trabajadores de plataformas digitales, han liderado las manifestaciones. Son quienes sienten más duramente el desempleo, la precariedad laboral y la desigualdad. Según el Instituto Central de Estadística de Indonesia, el 28% de la población entre 16 y 24 años está desempleada o subempleada.
“¿Cómo pueden pedirnos sacrificios si ellos nadan en lujos con dinero de nuestros impuestos?”, gritó uno de los jóvenes frente al Parlamento, hecho captado en canal Kompas TV.
¿Qué sigue?
Con el aniversario de la independencia del país acercándose, el gobierno tiene pocas semanas para desactivar una bomba política en cuenta regresiva. De no hacerlo, es probable que las protestas se renueven con más fuerza, y que la figura de Kurniawan se convierta en un símbolo duradero de la lucha por justicia y equidad en Indonesia.
Por ahora, los edificios todavía arden, las calles aún se llenan de humo, y una nación entera espera respuestas. La pregunta no es cuándo acabará esta ola de protestas, sino si Indonesia saldrá fortalecida, o más fracturada, del fuego que la consume.