¿La Corte del Pueblo o del Poder? El giro histórico de la Suprema Corte electa en México

La elección inédita del máximo tribunal

La Suprema Corte de Justicia de México ha comenzado una nueva etapa histórica: por primera vez, sus magistrados fueron elegidos mediante votación popular. Este innovador (y controversial) modelo fue impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que una corte electa por el pueblo sería "más transparente, menos corrupta y más cercana a la ciudadanía".

De los nueve magistrados que ahora integran la Corte, solo tres tienen experiencia anterior en el máximo tribunal. Entre los nombramientos destaca Hugo Aguilar, nuevo presidente de la Corte, un abogado de larga trayectoria en la defensa de los pueblos indígenas.

¿Un contrapeso real o un brazo del poder?

Desde el inicio de su mandato, una de las promesas de López Obrador fue "regresar el poder al pueblo". No obstante, para muchos observadores, este modelo electoral genera una duda medular: ¿una Corte elegida en urnas podrá actuar de forma independiente, especialmente si muchos de sus miembros tienen vínculos con el partido gobernante Morena?

La elección no estuvo exenta de señalamientos. A pesar de que se anunció como un proceso no partidista, aparecieron panfletos de campaña con referencias a Morena, generando fricciones sobre su legalidad y ética. Además, la magnitud electoral fue abrumadora: más de 7,700 candidatos para 2,600 cargos judiciales, una cifra que dejó a muchos votantes sin la capacidad real de informarse sobre las opciones elegibles.

Un legado de sentencias pendientes

La nueva Corte arranca su labor con una carga pesada: casi 1,400 casos pendientes. Pero algunos temas sobresalen como prioridades urgentes por su impacto directo en el estado de derecho y los derechos humanos. A continuación, analizamos cuatro de los expedientes más relevantes:

1. Prisión preventiva oficiosa: Justicia o castigo inconstitucional

Una de las políticas más criticadas del sexenio anterior fue la prisión preventiva oficiosa, extendida a delitos no violentos. Aunque buscaba contener la criminalidad, esta medida contraviene tratados internacionales firmados por México.

Según datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal de 2023, alrededor del 40% de los presos en México no han recibido sentencia. En otras palabras, casi la mitad está en la cárcel sin condena judicial. Y el sistema judicial mexicano continúa siendo lento: sólo uno de cada cinco detenidos es finalmente condenado.

La crítica más rotunda llegó del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes recomiendan eliminar esta práctica.

2. Legalidad del aborto: el futuro aún incierto

El precedente impuesto por la anterior Corte en 2021 y ratificado en 2023 fue un punto de inflexión: despenalizar el aborto a nivel federal. Sin embargo, debido a cómo funciona el sistema jurídico mexicano, esta sentencia no anuló automáticamente las disposiciones en los códigos penales estatales.

Actualmente, hay estados que aún consideran el aborto un delito, y la nueva Corte deberá decidir si sigue el camino progresista de sus predecesores o si da un giro más conservador.

“Hasta que la nueva Corte no se exprese, la incertidumbre reinará en los tribunales estatales”, afirma Ana Cárdenas, directora de proyectos de justicia en México del World Justice Project.

3. Derechos trans: ¿una expansión en pausa?

Durante los últimos años, la Corte Suprema avanzó en la defensa de los derechos de las personas trans. Fallos históricos permitieron, por ejemplo, el cambio de identidad de género en actas de nacimiento sin necesidad de acudir a un juicio.

En 2022, incluso se extendió este derecho a menores de edad. Sin embargo, sólo 7 de los 32 estados mexicanos lo han implementado, generando una enorme desigualdad según el lugar de residencia.

Human Rights Watch ya ha señalado que esta disarmonía jurídica vulnera los derechos humanos de las infancias trans, y espera que la nueva Corte impulse su aplicación a nivel nacional.

4. Las concesiones mineras: el capital vs el territorio

Uno de los cambios legislativos más polémicos del pasado inmediato fue la modificación a la Ley Minera en 2023 por parte del Congreso dominado por Morena. Las nuevas normas acortaron la duración de las concesiones de 50 a 30 años y prevén su cancelación si no se realiza actividad en un plazo de dos años.

Organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas aplaudieron esta reforma, al considerar que frenaría la especulación y el saqueo medioambiental. Pero las empresas mineras —varias extranjeras— se ampararon en tribunales para revertirla.

El caso llegó a la Suprema Corte, donde ahora será evaluado por magistrados que, en su mayoría, nunca antes se enfrentaron a una controversia de este calibre.

¿Y si se convierte en una corte sumisa?

Las críticas sobre el modelo de elección popular de jueces se centran en lo que muchos califican como una trampa populista. “Si la Corte quiere garantizar su independencia, no puede fallar con sesgo partidista simplemente para alinearse con el gobierno,” señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

La pregunta de fondo que ronda el inicio de esta nueva era judicial es si los magistrados abordarán los casos desde la imparcialidad de la ley o con el deseo de congraciarse con el partido dominante. Muchos temen que esta Corte, al haber sido electa bajo presiones políticas, no tenga la solidez suficiente para enfrentar al poder ejecutivo cuando se cruce con los derechos ciudadanos.

La promesa de Hugo Aguilar: justicia desde los márgenes

En su primer mensaje como presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar ofreció un discurso cargado de simbolismo social más que jurídico. Prometió defender los derechos de los pueblos originarios, fortalecer la autonomía de los jueces y hacer “una justicia que respire desde las entrañas del pueblo”.

Aguilar, con experiencia en litigios comunitarios y derechos indígenas, representa un perfil distinto al del tradicional jurista de élite. Pero su reto será doble: mantener el equilibrio entre una Corte inclusiva y una Corte técnica que resguarde la Constitución.

¿El pueblo manda… pero entiende?

Uno de los problemas estructurales que revela esta judicialización democrática es el déficit de información ciudadana. Con miles de aspirantes por cargo, muchos votantes emitieron su sufragio sin conocer realmente a quienes seleccionaban. Esto crea el riesgo de legitimar autoridades que no tienen ni trayectoria, ni propuestas claras.

Además, algunos críticos sostienen que convertir a jueces en actores electorales erosiona su función. “Se supone que un juez no debe buscar aplausos, sino aplicar la ley aun si eso incomoda al poder,” ha señalado el politólogo mexicano José Antonio Crespo.

¿Qué sigue?

La Corte electa enfrentará un camino espinoso. Si logra defender su autonomía, ser transparente y aplicar principios jurídicos progresistas, podría ser un faro regional. Pero si cae en el servilismo político —o en la improvisación jurídica—, se consolidará como una Corte del Poder, no del pueblo.

Lo cierto es que observa el mundo, la nación, y las víctimas del sistema penal. La Corte ya no es sólo un recinto de elite. Hoy empieza a escribirse otra historia —una que aún no sabemos si terminará como crónica de justicia... o de sometimiento.