Corrupción, represión y furia ciudadana: Indonesia frente a su mayor crisis política reciente
Las protestas masivas y la trágica muerte de un joven repartidor han puesto al gobierno de Prabowo Subianto contra las cuerdas, en medio de privilegios parlamentarios y brutalidad policial
El estallido social en Indonesia: una olla a presión destapada
La indignación popular ha estallado en Indonesia. Lo que comenzó como una protesta contra el excesivo subsidio habitacional de 50 millones de rupias (US$3.075) mensuales otorgado a cada uno de los 580 parlamentarios, escaló rápidamente hasta transformarse en una serie de manifestaciones violentas en todo el país, dejando al menos seis muertos y decenas de heridos.
La magnitud de las protestas ha llevado al presidente Prabowo Subianto a ofrecer concesiones sin precedentes: el recorte de ese polémico subsidio y la suspensión de viajes al extranjero para los legisladores. Sin embargo, sectores críticos acusan que estas medidas son insuficientes y que se trata más de un intento por calmar las aguas que de una reforma real.
Privilegios insultantes en tiempos de crisis económica
La espoleta que desató la revuelta fue la revelación de que cada miembro del parlamento recibe una bonificación mensual que equivale a diez veces el salario mínimo de Yakarta. Esto en un contexto donde millones de ciudadanos lidian con el desempleo, altos impuestos y aumento en el costo de vida.
El enojo social fue explosivo. Miles de personas salieron a las calles desde el lunes anterior y, durante cinco días consecutivos, se registraron manifestaciones en distintas ciudades del archipiélago. Las protestas tomaron un giro más funesto tras la trágica muerte de Affan Kurniawan, un repartidor de comida de 21 años, aplastado por un vehículo blindado de la policía durante una manifestación en Yakarta.
La muerte de Affan: un símbolo de abuso y deshumanización
En redes sociales circuló un video estremecedor. Kurniawan, quien trabajaba para una app de delivery, fue embestido por un vehículo de la Brigada Móvil de la Policía Nacional (Brimob), que ni siquiera se detuvo tras atropellarlo. Según testigos entrevistados por televisión local, el joven no participaba activamente en la protesta, sino que intentaba entregar un pedido cuando quedó atrapado entre los manifestantes y los agentes.
Su muerte ha desatado una profunda indignación, siendo comparada con casos emblemáticos de brutalidad policial en otras partes del mundo. Grupos de derechos humanos exigen una investigación independiente y sanciones severas.
“Este no es un caso aislado. Es el reflejo de una fuerza de seguridad descontrolada y un Estado que no ha aprendido a proteger a sus ciudadanos”, afirmó Novi Basuki, analista político del CSIS Indonesia.
Respuesta del gobierno: contención más que transformación
En medio del caos, el presidente Prabowo se apresuró a actuar. Suspendió un viaje diplomático a China y convocó a 16 líderes religiosos y 8 figuras políticas clave —incluyendo a la expresidenta Megawati Sukarnoputri— para buscar una salida institucional.
También anunció que siete policías están siendo investigados por el incidente que causó la muerte de Kurniawan y prometió respeto pleno a la libertad de expresión. Sin embargo, advirtió que no tolerará actos «anárquicos» o intentos de «desestabilizar el país».
“Cuando las manifestaciones destruyen instalaciones públicas y ponen en peligro vidas, eso deja de ser libertad de expresión y pasa a ser amenaza contra el orden público”, dijo Subianto en conferencia televisada desde Yakarta.
¿Reforma o simulacro de reforma?
Muchos expertos opinan que las concesiones del gobierno no tocan el núcleo del problema. Las bonificaciones y privilegios de los altos funcionarios en Indonesia forman parte de un sistema profundamente clientelar y opaco. De hecho, el índice de percepción de corrupción de Transparency International de 2023 ubicó a Indonesia en el puesto 110 de 180 países —una alerta roja para una democracia considerada vibrante.
“Este sistema político ha sido capturado por elites que se sirven del poder público para enriquecerse”, asegura Tina Yunita, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Gadjah Mada. “Sin una ley de financiamiento político transparente y límites al gasto, estas prácticas seguirán ocurriendo.”
Protestas, represión y cicatrices históricas
La represión policial durante estas protestas recuerda dolorosamente episodios del pasado. En 1998, manifestaciones masivas contra el entonces presidente Suharto terminaron con más de 1.000 muertos y cientos de desaparecidos. Ese evento dio inicio a la transición democrática de Indonesia, pero también dejó claros los límites de un cambio superficial sin reforma institucional.
Ahora, en 2025, los ciudadanos temen una regresión autoritaria. Las advertencias de Prabowo sobre “terrorismo” y “traición” evocan la retórica de los años más oscuros del régimen militar. La sociedad civil exige que no se criminalice la protesta legítima.
Un Parlamento en crisis de legitimidad
No es la primera vez que el órgano legislativo indonesio genera controversia. En 2019 hubo movilizaciones similares contra una reforma del Código Penal que proponía penalizar las relaciones extramaritales, entre otras polémicas propuestas. El reclamo no es únicamente económico: es ético y político. ¿Por qué los representantes del pueblo parecen vivir en otra realidad?
La desconfianza cobra cuerpo en cifras: una encuesta de Kompas (agencia nacional de investigación) sugiere que el 68% de los ciudadanos cree que el Parlamento no actúa a favor del pueblo. La actual crisis ha solo intensificado este sentimiento de desconexión.
¿Qué puede hacer Prabowo?
Con una carrera marcada por controversias (incluidas acusaciones de violaciones a los derechos humanos en los años 90), Prabowo Subianto ahora enfrenta el mayor desafío de su mandato. Su popularidad, que inicialmente fue alta tras ganar en 2024 con 54,2% de los votos, está en caída libre.
Los analistas sugieren que pronto tendrá que mostrar voluntad política real mediante:
- Reformas estructurales en el pago a legisladores y funcionarios.
- Establecer un órgano auditor independiente que supervise privilegios estatales.
- Someter a revisión el accionar de la policía y redefine sus protocolos.
- Garantizar juicio justo y expedito en los casos de violencia institucional.
La legitimidad no se impone ni se declara: se gana, día a día, con actos coherentes.
El clamor ciudadano es imparable
La muerte de Affan ha trascendido lo individual. Se ha vuelto el emblema de un país que ya no tolera el abuso, la impunidad ni la desconexión entre clase política y ciudadanía. Cuando la democracia no genera justicia ni equidad, resurge el disenso. Esta vez, desde abajo, con fuerza, rabia y esperanza.
Indonesia está en un momento decisivo. La historia juzgará no solo a sus líderes, sino también la capacidad de su pueblo para mantenerse firme en la defensa de la dignidad y los derechos.