Australia y su polémico acuerdo con Nauru: ¿solución migratoria o externalización de la responsabilidad?

Australia recurre a Nauru para resolver un viejo dilema migratorio

El reciente anuncio del primer ministro australiano Anthony Albanese ha encendido un nuevo debate nacional y regional: Australia firmará un acuerdo con Nauru, una diminuta isla del Pacífico con apenas 13,000 habitantes, para reubicar a no ciudadanos con condenas criminales que no pueden ser deportados ni mantenidos en detención indefinida en suelo australiano.

Este movimiento llega tras el histórico fallo del Tribunal Supremo de Australia en 2023, que dictaminó que mantener de forma indefinida a personas en centros de detención migratoria es inconstitucional. Así, más de 200 migrantes fueron liberados, muchos con antecedentes penales, lo que desató inquietudes en la opinión pública.

El núcleo del acuerdo: dinero por reubicación

Albanese se ha negado a confirmar el monto total del acuerdo, pero informes de medios destacan que Australia podría desembolsar hasta 400 millones de dólares australianos (262 millones de dólares estadounidenses) para formalizar el trato, y otros 70 millones más anualmente para sostener su implementación.

La declaración del presidente de Nauru, David Adeang, dejó clara la función de su país en este pacto: "el acuerdo contiene compromisos para el tratamiento adecuado y la residencia a largo plazo de personas que no tienen derecho legal a permanecer en Australia." A cambio, el gobierno australiano se compromete a garantizar la estabilidad económica sostenible del país.

Una historia que se repite: Nauru y el destino de los rechazados

Este no es el primer capítulo entre Australia y Nauru en cuanto a inmigración. Desde 2001, ambos países han cultivado una relación a través del controvertido "Pacific Solution", un programa en el que solicitantes de asilo eran enviados a campamentos en Nauru o Papúa Nueva Guinea. En su punto más álgido, Nauru albergaba a cientos de personas mientras sus solicitudes eran procesadas. La política ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos, desde Amnistía Internacional hasta la ONU.

Desde 2019, muchos de los centros fueron cerrados, pero esta nueva etapa sugiere una reactivación con otra óptica: residencias de largo plazo para personas cuya deportación no es viable y cuya detención indefinida ha sido ilegalizada.

Refoulement, el concepto clave

El caso ha traído a la luz las obligaciones internacionales que Australia enfrenta, en particular el principio de no devolución (non-refoulement), estipulado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Este principio prohíbe que un país devuelva a una persona a otro país donde corre peligro de persecución grave.

Casos como el de nacionales afganos, iraníes o del grupo Rohingya —como el tristemente célebre NZYQ, autor de un crimen atroz durante su estancia en Australia— son ejemplos donde esos peligros existen. Irán, por ejemplo, se niega a recibir deportados que no regresen de forma voluntaria, mientras que Afganistán representa un entorno considerado inseguro.

Críticos y defensores: ¿quién tiene razón?

Desde el Asylum Seeker Resource Centre (Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo), Jana Favero advierte que la nueva legislación propuesta por el gobierno podría afectar hasta 80,000 personas: “Son decenas de miles de vidas en riesgo,” afirmó. La organización ha manifestado su preocupación por la eliminación del derecho al debido proceso en decisiones de deportación bajo este nuevo esquema.

Por otro lado, el Gobierno sostiene que la medida es una forma pragmática de lidiar con personas que, aunque tienen antecedentes criminales, no pueden ni ser expulsadas ni mantenidas presas sin límite legal. “Si no tienen derecho a estar aquí, necesitan un lugar a donde ir”, dijo Albanese a la Australian Broadcasting Corporation.

¿Es Nauru una opción sostenible?

Nauru ha dependido históricamente de acuerdos con Australia y de la industria del fosfato—hoy casi extinta. Esta decisión podría representar un alivio económico importante para la isla, pero también plantea interrogantes éticos: ¿Puede un país tan pequeño y con recursos limitados garantizar condiciones adecuadas, psicológicas y humanas para personas sentenciadas por crímenes graves y sin posibilidad de reintegración social en otra parte?

Además, la cifra de 280 visas de reubicación previstas sugiere que el plan puede escalar y convertirse en un pilar estructural en la economía y gobernanza de Nauru, que a menudo ha sido criticada por falta de transparencia y escándalos de derechos humanos.

Repercusiones futuras y desafíos internacionales

Esta estrategia australiana no solo redefine sus políticas migratorias, sino que podría sentar peligrosos precedentes a nivel internacional. De concretarse plenamente, otros países con problemas migratorios podrían copiar el modelo, reactivando una terciarización de la responsabilidad que muchos consideraban superada tras el escrutinio internacional de los años 2010 y 2020.

En palabras del reconocido jurista Geoffrey Robertson: “Externalizar migrantes y refugiados a naciones con menos recursos bajo una lógica comercial es moralmente cuestionable, incluso si se le pone un marco legal.”

Los defensores de derechos humanos temen que esta tendencia erosione los estándares internacionales de asilo y protección, profundizando la brecha entre países ricos que desean cerrar sus fronteras, y naciones pobres dispuestas a abrirlas a cambio de capital económico.

¿Fracaso del sistema o política efectiva?

Es innegable que el trasfondo de esta decisión está ligado a la presión política interna que enfrenta el gobierno de Albanese. Tras el caso NZYQ, ¿cómo garantizar la seguridad de los ciudadanos sin violar tratados internacionales ni derechos humanos fundamentales?

La decisión genera múltiples interrogantes éticos y prácticos: ¿Cuáles son los límites del pragmatismo en la política migratoria? ¿La seguridad justifica la externalización de la justicia? ¿Es Nauru la única opción viable? Tal vez la pregunta más importante sea si esta iniciativa abre o cierra un futuro más justo para la gestión de la migración global.

Por ahora, las respuestas se encuentran tan aisladas como la isla de Nauru: rodeadas de incertidumbre, y flotando en un mar de debates que aún no han tocado tierra firme.