La crisis migratoria infantil entre EE.UU. y Guatemala: ¿ayuda humanitaria o regreso forzado?

Por qué cientos de niños guatemaltecos han quedado atrapados en una batalla judicial entre Estados Unidos y Guatemala

La operación encubierta del fin de semana del Día del Trabajo

Durante el fin de semana del Labor Day en Estados Unidos, la administración Trump intentó repatriar a cientos de niños guatemaltecos que habían llegado al país sin acompañamiento de un adulto. Estos menores, en su mayoría alojados en albergues bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), también estaban bajo representación legal mientras esperaban decisiones migratorias.

La operación fue realizada bajo un manto de secretismo. Según varias demandas judiciales presentadas en Illinois, Arizona y Washington, D.C., representantes legales de los niños fueron notificados un día antes de que estos menores fueran extraídos de sus residencias temporales para ser subidos a aviones con destino a Guatemala. Organismos defensores de los derechos de los migrantes calificaron estas acciones como violaciones de los derechos legales y humanos de los menores.

Una respuesta judicial inmediata

Gracias a la movilización de organizaciones legales como el Florence Immigrant & Refugee Rights Project y el National Immigration Law Center, varias cortes federales actuaron con rapidez. La jueza federal Rosemary Márquez en Arizona emitió una orden para detener las deportaciones durante dos semanas, señalando que algunos niños ya habían sido llevados hacia los aviones y ordenó su retorno inmediato a suelo estadounidense.

Una situación similar ocurrió en Washington D.C., donde la jueza Sparkle L. Sooknanan emitió una orden de restricción temporal de 14 días, impidiendo las deportaciones de menores bajo custodia de la ORR.

¿Qué dice el gobierno de Guatemala?

En una conferencia de prensa reciente, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo aportó detalles sobre la postura de su gobierno. Según Arévalo, Guatemala está dispuesta a recibir a todos los menores no acompañados que deseen regresar de manera voluntaria. Su gobierno habría comenzado en marzo un proceso para identificar a los menores, contactar a sus familias e idear planes de reintegración seguros.

No obstante, Arévalo evitó comentar si el número total de menores deportados por EE.UU. había sorprendido a las autoridades guatemaltecas y tampoco respondió si cada caso había pasado por el debido proceso judicial.

“Estamos en coordinación con Estados Unidos, pero la decisión sobre cuántos menores, cuándo y cómo se envían es enteramente del gobierno estadounidense”, dijo Arévalo.

El debate sobre la protección de menores migrantes

Hay legislación vigente para proteger a menores que llegan solos a EE.UU. Una de las más relevantes es la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas del Tráfico de Personas de 2008. Esta ley establece que, salvo excepciones, los menores deben ser colocados en el entorno menos restrictivo posible, con la posibilidad de ser liberados a un patrocinador (comúnmente parientes cercanos en EE.UU.).

Además, los menores también pueden solicitar estatus especiales de inmigración si son víctimas de abuso o negligencia, así como pedir asilo. Estas protecciones legales se anulan si los menores son deportados de forma expedita sin comparecer ante un juez migratorio.

Una cifra en disputa: ¿341 o más de 700 menores?

Según el jefe del Instituto Guatemalteco de Migración, en julio se hablaba de 341 menores identificados para ser retornados. Sin embargo, un reporte reciente del senador demócrata Ron Wyden indicó que, de acuerdo con fuentes internas, eran casi 700 niños los que estaban siendo preparados para la deportación.

El domingo, tras la orden judicial en D.C., el gobierno de EE.UU. confirmó que 76 niños ya habían sido subidos en aviones con destino a Guatemala, aunque fueron devueltos a la custodia de la ORR tras la decisión de la jueza Sooknanan.

La situación plantea preguntas urgentes: ¿fueron deportados más menores antes de la intervención judicial? ¿Cuántos tienen procesos migratorios activos o peticiones de asilo aún no evaluadas?

¿Es voluntario el retorno?

Un punto clave del discurso del presidente Arévalo fue el énfasis en el carácter voluntario del retorno. No obstante, defensores de derechos humanos afirman que varios niños han expresado temor de regresar a Guatemala debido a violencia doméstica, pandillas, pobreza extrema u otros riesgos. Sin representación legal adecuada y sin audiencia ante un juez migratorio, es difícil afirmar que el retorno fue voluntario.

No es la primera vez que esta tensión ocurre. Ya en 2020, Human Rights Watch denunció casos de deportaciones de menores sin audiencia previa. Lo que está en juego es el uso político de la niñez migrante como moneda de cambio diplomático o como víctima silenciada en políticas de mano dura.

Contexto geopolítico: EE.UU., Guatemala y la presión migratoria

La migración infantil centroamericana ha sido un tema prioritario desde que aumentó exponencialmente en la década pasada. Sólo en el 2022, más de 152,000 menores no acompañados fueron detenidos en la frontera sur de EE.UU., según CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).

Guatemala, por su parte, es uno de los países que lidia con pobreza profunda (47% de pobreza nacional, según Banco Mundial) y altos índices de violencia que impulsan a familias a enviar a sus hijos solos con la esperanza de que consigan mejores oportunidades o al menos estabilidad.

Los aviones y el simbolismo de la deportación

Las imágenes de niños subiendo a aviones en Harlingen, Texas, y El Paso reactivaron el debate nacional en EE.UU. sobre la ética de las deportaciones en masa. Para muchos defensores de menores migrantes, esa escena simboliza la continuidad de una política que prioriza la expulsión en lugar del bienestar infantil.

En un caso resonante de 2018, el gobierno Trump fue duramente criticado por su política de separación familiar, que resultó en más de 5,000 niños divididos de sus padres. Aunque el contexto actual se enfoca en menores no acompañados, las preguntas son similares: ¿es legal y ético enviar a un niño a un país que no reconoce como seguro?

Intervenciones judiciales que cambian vidas

Las órdenes temporales emitidas en distintos estados no sólo han interrumpido vuelos, sino que también han abierto una ventana de esperanza para cientos de menores. El derecho a ser escuchados por un juez, contar con defensa legal, y reunirse con familiares en EE.UU. podría depender de lo que organismos judiciales y políticos decidan en las próximas semanas.

Como destacó un abogado en Washington: “Cada día que un niño permanece en custodia en EE.UU. es un día más de seguridad y esperanza para reconstruir su vida lejos de la violencia”.

¿Qué sigue?

Organizaciones como el Centro Nacional de Ley de Inmigración continúan presionando para obtener transparencia sobre los listados de menores afectados, los protocolos seguidos y los informes presentados al Congreso. También buscan extender las órdenes judiciales temporales hasta que se revise caso por caso.

Mientras tanto, el destino de cientos de niños guatemaltecos pende de hilos legales y decisiones políticas. Lo que está claro es que no se trata de estadísticas ni políticas migratorias en abstracto. Se trata de rostros, nombres e historias individuales que reflejan los dilemas éticos, legales e internacionales del siglo XXI.

Desenlace pendiente: como afirmó la jueza Márquez, los procedimientos legales no pueden ser ignorados ni siquiera por los más poderosos. Hoy más que nunca, el sistema judicial de EE.UU. y la voluntad de dos naciones están a prueba en torno a sus compromisos con los derechos de los más vulnerables.