¿Justicia secreta o abuso de poder? Las deportaciones ocultas de EE.UU. a Esuatini y el limbo legal de los migrantes

Una política migratoria bajo la sombra

En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado la implementación de un controvertido mecanismo de deportación conocido como “deportación a terceros países”. Aunque la política no es nueva, su expansión reciente —particularmente hacia naciones africanas como Esuatini, Sudán del Sur y Ruanda— ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos por su opacidad y falta de procesos legales garantistas.

El caso más reciente, que implica la detención de cinco hombres trasladados desde territorio estadounidense hacia Esuatini en julio de este año, ha generado fuertes críticas. Los detenidos, provenientes de países como Jamaica, Cuba, Yemen, Laos y Vietnam, fueron enviados al país africano tras cumplir sus sentencias penales en EE.UU. Sin embargo, han permanecido encarcelados en condiciones extremas, sin cargos formales y sin acceso a representación legal.

¿Se trata de una política legítima de seguridad nacional o de una violación flagrante de derechos humanos? Este análisis profundiza en los hechos, contextos e implicaciones de este tenebroso capítulo de las relaciones migratorias entre continentes.

¿Qué es la deportación a terceros países?

El término hace referencia a la práctica mediante la cual un Estado deporta a una persona, no a su país de origen, sino a un tercero, con el cual ha firmado acuerdos informales o confidenciales. Bajo administraciones anteriores de EE.UU., esta figura se había utilizado solo en situaciones excepcionales. Sin embargo, bajo la actual doctrina migratoria endurecida por el expresidente Donald Trump, la práctica ha escalado y se ha mantenido con bajo perfil incluso después de su mandato.

Según el Department of Homeland Security (DHS), los individuos enviados a estos países han sido considerados como “plenamente inadmisibles y extremadamente peligrosos”. Sin embargo, diversos abogados de derechos humanos han señalado que tales afirmaciones no siempre están respaldadas por hechos concretos, y que en muchos casos los deportados ya habían completado sus condenas e incluso estaban integrados en sus comunidades.

El caso de Orville Etoria: condenado, liberado y reubicado

Uno de los casos más representativos es el de Orville Etoria, un ciudadano jamaiquino de 62 años. Etoria fue condenado por homicidio en EE.UU. en 1997 y liberado bajo palabra en 2021, después de cumplir su condena. Sin embargo, pese a que Jamaica se ofreció a recibirlo, el gobierno estadounidense lo deportó a Esuatini, un país sin ninguna conexión cultural o familiar con él.

La organización estadounidense Legal Aid Society —que representa a Etoria— denunció que su cliente ha sido “inexplicablemente reubicado” y permanece en prisión máxima seguridad sin cargos formales. Para peor, no se le ha permitido comunicarse con un abogado, violando claramente principios básicos de derecho internacional.

¿Un patrón o una excepción? Detenciones sin justificación legal

Etoria no es el único caso. Abogados de otros detenidos originarios de Vietnam y Laos aseguran que sus clientes cumplieron sentencias en EE.UU. y luego vivieron en libertad hasta que, de forma repentina, fueron capturados y deportados a Esuatini.

“Sin aviso ni explicación de parte de los gobiernos estadounidense o esuatinense, fueron arrestados y enviados arbitrariamente a un país donde nunca han vivido”, denunció el abogado Tin Thanh Nguyen. Añadió que se trata de “transferencias diseñadas desde el secreto, sin proceso legal significativo”.

Otro abogado, Alma David, que representa a dos detenidos de Yemen y Cuba, indicó que incluso fue denegado su acceso a los prisioneros, con el argumento de que sólo la embajada estadounidense podía autorizar dicha visita. “¿Desde cuándo la embajada de EE.UU. tiene jurisdicción sobre las prisiones nacionales de Esuatini?” preguntó, visiblemente indignada.

Una monarquía absoluta: contexto político de Esuatini

Situado en el sur de África, Esuatini es el último reino absolutista del continente. El rey Mswati III ha sido criticado durante décadas por reprimir movimientos prodemocracia, restringir libertades civiles y gobernar sin restricciones constitucionales. No es casual que, en este país, los deportados hayan sido ubicados en el Complejo Correccional de Matsapha, la prisión de máxima seguridad donde también se encuentran líderes opositores y activistas.

Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que las celdas de aislamiento prolongado, falta de asistencia legal y uso de tortura psicológica son prácticas comunes en dicho penal. La inclusión de migrantes extranjeros en esta estructura represiva agrega otra capa de complejidad y gravedad al asunto.

¿Qué dice Washington?

Hasta ahora, los poco frecuentes comunicados del DHS han sostenido que las deportaciones a Esuatini y otros países africanos son parte de “medidas de seguridad nacional” para evitar que individuos peligrosos queden libres en EE.UU. En el caso de los cinco deportados a Esuatini, el DHS argumentó que sus países de origen no los aceptaban de vuelta, calificándolos de “tan bárbaros que ni sus naciones los quieren”.

Legal Aid Society contradice esa afirmación en el caso de Etoria, asegurando que Jamaica ofreció recibirlo, lo que desarma el argumento oficial. Además, abogados de otros deportados han demostrado que sus clientes gozaban de libertad jurídica en EE.UU. y no presentaron infracciones recientes.

Detenciones sin fin y sin supervisión internacional

Una de las violaciones más preocupantes es la indefinición del plazo de detención. Según las leyes internacionales, toda persona detenida debe saber bajo qué cargos está acusada y disponer de un recurso jurídico apropiado para impugnarlos. Ninguno de estos principios se ha respetado en el caso de los cinco hombres en Esuatini.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrita por EE.UU., refiere que la deportación debe llevarse a cabo hacia países donde el retornado no enfrente persecución ni riesgo de trato inhumano. La evidencia sobre derechos humanos en Esuatini —incluyendo informes anuales del Departamento de Estado de EE.UU.— indica que el país no reúne esas condiciones.

¿Cuánto le cuesta al contribuyente estadounidense?

Según la abogada Alma David, los cinco hombres permanecen encarcelados en condiciones pagadas por los contribuyentes estadounidenses. Esto genera una paradoja inaceptable: no sólo están siendo detenidos arbitrariamente, sino que los recursos públicos están financiando dicha violación.

“Estamos viendo que el gobierno de EE.UU. está usando territorios remotos para crear una red clandestina de detención sin ley”, denunció David, en lo que recordó a expertos en derechos humanos la tristemente célebre cárcel de Guantánamo durante la era Bush.

Un modelo replicable: deportaciones hacia otros países africanos

Desde julio, la estrategia ha sido replicada. Otros ocho migrantes fueron enviados a Sudán del Sur y siete a Ruanda. Los detalles sobre su paradero y estado actual son desconocidos. En el caso de Ruanda, las deportaciones sólo se hicieron públicas semanas después de que ocurrieran, aumentando las sospechas de una política diseñada en la sombra.

Además, según informes del Congreso de EE.UU., el Departamento de Seguridad Nacional mantiene “un acuerdo en principio” con Uganda para ampliar esta política, aunque aún no se ha implementado en ese país.

Voces de alarma en defensa de los derechos humanos

Diversas organizaciones como ACLU, Human Rights First y Amnesty International han comenzado a exigir al Congreso y al Departamento de Estado que detengan esta práctica. Consideran que viola los principios constitucionales de debido proceso y traiciona los valores democráticos tradicionales de EE.UU.

“Esta política compromete no sólo la reputación internacional de EE.UU., sino la integridad básica de su sistema judicial”, expresó Jamil Dakwar, director de Derechos Humanos en ACLU.

Un nuevo Guantánamo... pero en África

Muchos expertos ya se refieren a estos casos como el “Guantánamo migratorio africano”. Un sistema donde la ciudadanía, el debido proceso y la justicia parecen estar en pausa. Un sistema que no pasa por el Congreso, no responde ante cortes judiciales y ni siquiera opera a la luz pública.

Aunque los detenidos no sean santos —algunos con antecedentes graves—, el hecho de que la justicia se administre sin transparencia marca un precedente altamente peligroso para cualquier democracia.

Como dijo el jurista francés Charles Louis de Montesquieu: “Una injusticia hecha al individuo es una amenaza al conjunto de la sociedad”.