Bajo sospecha: ¿El sueño americano termina en una celda?

Una directiva que ha cambiado el juego

En julio de 2024, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., emitió una nueva norma que obliga a los patrocinadores —generalmente padres o tutores legales— a presentarse en persona para verificar su identidad si desean reunirse con hijos que cruzaron solos la frontera.

Mientras que antes bastaba con enviar documentos en línea, ahora la verificación presencial puede implicar la presencia de agentes federales que buscan cumplir “sus propios objetivos de misión”, incluyendo interrogatorios e incluso arrestos. Lo que parece un simple trámite burocrático está resultando ser un fuerte disuasivo para muchos padres indocumentados.

“Una trampa para arrestarnos”

Neha Desai, directora de derechos humanos del National Center for Youth Law, fue contundente: “Esto les da a los agentes de ICE la oportunidad perfecta para arrestar a los padres”. Y no es teoría. Casos como el de un padre que fue arrestado tras acudir voluntariamente a verificar su identidad confirman que esta política ya está teniendo consecuencias reales y devastadoras.

Mary Miller Flowers, directora de política para el Young Center for Immigrant Children’s Rights, describió cómo la madre del niño arrestado ahora teme acercarse a las autoridades, con lo cual su hijo permanece retenido. “Este niño está atrapado”, resumió.

Un proceso innecesario, según los expertos

Según los defensores de derechos infantiles, las entrevistas forzadas aportan poca información nueva. La ORR ya realizaba exhaustivos procesos de verificación, incluidos estudios en el hogar y verificación de antecedentes. Sumado a ello, ahora los niños también pueden ser interrogados por ICE en los albergues del gobierno, muchas veces con solo una hora de aviso.

Jennifer Podkul, de Kids in Need of Defense, critica la falta de preparación de los oficiales: “No tienen habilidades lingüísticas, ni técnicas para entrevistar a niños con traumas”, lo que agrega más confusión y temor a un proceso ya complejo.

Vigilancia disfrazada de reunificación

Desde 2017, el gobierno federal ha aumentado progresivamente las barreras para que los migrantes puedan reunificarse con sus hijos. Algunas de estas medidas incluyen:

• Obtención de huellas dactilares de todos los adultos en el hogar
• Pruebas de ADN
• Verificación de ingresos legales
• Visitas domiciliarias por oficiales de inmigración

En consecuencia, el tiempo promedio que pasa un niño bajo custodia saltó de 37 días en enero de 2017 a 171 días en julio de 2024. Aunque hubo una ligera reducción con respecto a su pico máximo de 217 días, sigue siendo una cifra alarmante. En julio, unos 2,000 menores no acompañados continuaban institucionalizados.

Los derechos del niño, relegados

Shaina Aber, del Acacia Center for Justice, señala que "la misión de la ORR se ha distorsionado". Originalmente pensada para velar por el bienestar infantil, ahora está envuelta en tareas policiales. La situación genera temores fundados entre los migrantes: ¿vale la pena arriesgar la deportación para recuperar a mi hijo?

Un informe del Inspector General del Departamento de Transporte expone que, en casos anteriores, el sistema institucional ha fallado gravemente. Si a eso sumamos el estrés de un proceso migratorio incierto, el temor a ser arrestado y la constante sombra de ICE, el resultado es una barrera casi infranqueable para muchas familias.

¿Qué dice el gobierno? Silencio y evasivas

El Departamento de Seguridad Nacional respondió a estas afirmaciones apuntando hacia la administración Biden, argumentando que el nuevo sistema busca “proteger a los menores”. No obstante, no confirmaron ni desmintieron la realización de arrestos bajo esta política recientemente instaurada. La portavoz Tricia McLaughlin insistió en que la prioridad es garantizar entornos seguros para los niños.

En contraste, padres y abogados aseguran que el sistema no informa claramente sobre sus derechos. La posibilidad de rechazar una entrevista con ICE suele no comunicarse, o se menciona solo cuando ya es demasiado tarde. “Sabemos de casos en los que los patrocinadores se enteraron de sus derechos tras insistir mucho”, mencionó Desai.

Un sistema que castiga el amor familiar

El anhelo natural de un padre por reunirse con su hijo se ha convertido en una pesadilla jurídica. Aunque la ORR asegura que los padres pueden rehusarse a ser entrevistados por ICE sin que esto afecte la liberación de sus hijos, la realidad parece contradecir esa promesa.

El mensaje implícito es claro: quien quiera romper el ciclo del abandono y la separación corre el riesgo de pagar un precio muy alto.

¿Qué futuro les espera a estas familias?

La presión para disuadir la migración ilegal está empujando la frontera entre seguridad y crueldad. Si bien es válido que el gobierno busque proteger a los menores, hacerlo a costa de criminalizar el reencuentro con sus padres puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Y no solo para esas familias, sino para el tejido moral de todo un país que se jacta de ser “tierra de oportunidades”.

Como señala Miller Flowers: “Lo que vemos aquí es un drama humano cuya única constante es el sufrimiento infantil”.

Una oportunidad para corregir el rumbo

Cabe recordar que Estados Unidos es signatario de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Aunque no ha sido ratificada, muchos de sus principios guían la conducta esperada de gobiernos democráticos respecto al trato de menores.

En esa línea, centrarse en políticas más humanas, establecer un proceso legal claro y libre de coerción para la reunificación familiar, y garantizar el debido proceso legal para los padres debe ser una prioridad. No hacerlo mancilla los valores que supuestamente sostienen al país.

Mientras tanto, miles de niños siguen esperando. Esperando conocer el rostro de su madre. Esperando volver a jugar con su padre. Esperando justicia.