La nueva frontera de la inmigración en EE.UU.: jueces, Trump y la lucha por los derechos civiles

Una batalla legal sin precedentes revive la Ley de Extranjeros Enemigos

En un fallo judicial histórico, el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones en EE.UU. bloqueó el intento del expresidente Donald Trump de utilizar una ley de 1798 —la Alien Enemies Act— como medio para acelerar las deportaciones de inmigrantes presuntamente vinculados con la pandilla venezolana Tren de Aragua. Esta decisión, que fue apoyada por dos de los tres jueces del panel y criticada por el tercero, plantea profundas interrogantes sobre los límites del poder presidencial, el estado de derecho y la criminalización de la inmigración.

¿Qué es la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798?

La Alien Enemies Act fue promulgada durante la presidencia de John Adams en un momento de tensión con Francia. Históricamente, esta ley solo se ha usado en tres ocasiones: en la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Su propósito era permitir que el presidente ordenara la deportación o detención de ciudadanos de países enemigos durante conflictos bélicos declarados formalmente.

Utilizarla en tiempos de paz y contra una pandilla sin afiliación estatal probada, según alegan los jueces mayoritarios del panel, es un uso indebido de una herramienta legal para circunstancias excepcionales y bélicas. En palabras del juez Southwick, "No encontramos invasión ni incursión predatoria" que justifique este uso.

¿Quiénes son Tren de Aragua y por qué están en la mira?

El Tren de Aragua es una organización criminal originaria de Venezuela que ha ampliado su influencia a lo largo de América Latina y, en los últimos años, a algunos sectores vulnerables de Estados Unidos. Aunque su peligrosidad está ampliamente documentada en países como Perú y Colombia, no hay pruebas médicamente válidas que la asocien directamente con el gobierno de Venezuela, ni con una acción concertada en territorio estadounidense. Así lo determinaron los tribunales al señalar que no es comparable a una fuerza armada invasora.

Una estrategia política que acaba en la Corte Suprema

Este intento de deportación rápida refleja una estrategia electoral de Trump y sus aliados: vincular la migración con la criminalidad como herramienta para movilizar a sus bases. Ya en 2020, Donald Trump usó un discurso similar para justificar la implementación de operaciones federales en ciudades que consideraba "fuera de control".

Según Human Rights Watch, más de 250 migrantes señalados como miembros del Tren de Aragua fueron deportados a cárceles en El Salvador bajo esta orden, donde fueron sujetos a condiciones posiblemente inhumanas. Posteriormente, más de 250 de ellos volvieron a Venezuela en un acuerdo anunciado en julio.

Los argumentos judiciales: el peso de la historia y la legalidad

• El juez Andrew Oldham (nombrado por Trump) emitió una disidencia enérgica, asegurando que el fallo va en contra de 200 años de precedentes judiciales.
• Los jueces Leslie Southwick e Irma Carrillo Ramírez (nominados por Bush y Biden, respectivamente), argumentaron que no basta con vincular a un grupo criminal extranjero con un país para invocar una ley de guerra.

“Un país alentando la inmigración ilegal no equivale al envío de una fuerza armada organizada”, reza el fallo histórico.

Trump vs. las ciudades santuario: el caso de Washington D.C.

Paralelamente a esta situación judicial, la ciudad de Washington D.C. vive su propia lucha entre jurisdicciones. Con la alcaldesa Muriel Bowser tratando de negociar entre dos mundos —la comunidad local y la administración federal—, se creó un centro de operaciones llamado Safe and Beautiful Emergency Operations Center (SBEOC), financiado y respaldado por agencias como el FBI, DEA y el Servicio Secreto.

Este centro está diseñado para mejorar la cooperación federal, pero también para atender las preocupaciones sobre el uso de agentes enmascarados y no identificados, que según Bowser, erosionan la confianza ciudadana. De hecho, en una rueda de prensa reciente reconoció que la intervención federal había ayudado a disminuir el crimen —un 87% de reducción en robos de automóviles—, pero lamentó que “vivir con miedo no es libertad”.

Una expansión nacional: ¿qué buscan realmente las autoridades?

Trump prometió llevar este modelo a otras ciudades como Chicago y Los Ángeles. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que ICE aumentaría operativos migratorios en varias urbes. Al mismo tiempo, legisladores republicanos lanzaron un proyecto bajo el nombre Make Our Streets Safe Again, enfatizando la necesidad de imponer "orden" mediante una presencia federal reforzada.

Pero no todos están de acuerdo. Docenas de manifestantes interrumpieron una rueda de prensa legislativa con gritos de “vergüenza”, acusando a los parlamentarios de criminalizar a los migrantes en vez de crear políticas humanas y sostenibles.

Educación y derechos migratorios: California marca el paso

En contraste, el estado de California ha tomado otra dirección. La legislatura estatal aprobó una ley que obliga a las escuelas y universidades a notificar a padres, maestros y estudiantes cuando haya presencia de agentes de inmigración en sus campus.

Esta medida protegería especialmente a menores inmigrantes —algunos sin estatus legal— de la ansiedad y el miedo relacionados con redadas migratorias. En el caso del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, al menos un 25% de los estudiantes son indocumentados, según cifras del sindicato de maestros.

El asambleísta demócrata Al Muratsuchi lo dijo sin rodeos: “Los estudiantes no pueden aprender si no se sienten seguros”.

¿Qué está en juego realmente?

Este conjunto de enfrentamientos —judiciales, legislativos, ideológicos— refleja una lucha mucho más profunda: el futuro de la política migratoria en Estados Unidos, el alcance del poder presidencial en tiempos de paz y el respeto por los derechos humanos en un país cuya población inmigrante se estima en más de 45 millones, según datos de Pew Research Center.

El fallo judicial representa un precedente significativo y una advertencia a futuros presidentes: no se puede invocar la guerra como pretexto para consolidar poder unilateral en materia migratoria. Mientras tanto, las medidas estatales y municipales —como las de California y Washington D.C.— muestran que la resistencia también se da desde legislaturas locales.

Este debate está lejos de cerrarse. La Corte Suprema probablemente tendrá la última palabra. Pero por ahora, los tribunales han dejado algo claro: los principios constitucionales aún tienen peso, incluso ante el miedo y el discurso de emergencia.