Militarización, poder y controversia: el uso de la Guardia Nacional y el traslado del Comando Espacial en la era Trump

Trump y el poder de mando: un presidente, dos decisiones militares polémicas

Durante su presidencia y más allá, Donald Trump ha demostrado una tendencia a utilizar las Fuerzas Armadas —especialmente la Guardia Nacional y ahora el Comando Espacial de EE. UU.— como piezas estratégicas tanto políticas como operativas. Dos eventos recientes vuelven a poner sobre la mesa ese debate: el traslado del Comando Espacial a Alabama y la declaración judicial de ilegalidad del despliegue de la Guardia Nacional en California. Ambos casos no son solo decisiones logísticas o legales. Revelan, más bien, una visión autoritaria del poder ejecutivo y la propensión del expresidente a imponer su agenda aún a contracorriente de procedimientos normativos e incluso de la ley.

Una justicia que responde: ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

El juez federal Charles Breyer, en San Francisco, declaró que el uso de la Guardia Nacional en junio de 2025 en California por parte del gobierno de Trump violó la ley federal, específicamente el Acta Posse Comitatus. Esta legislación histórica, establecida en 1878, limita el uso de las fuerzas armadas en la aplicación de leyes civiles. “Los acusados sabían que estaban ordenando a las tropas ejecutar leyes domésticas fuera de su autoridad habitual”, escribió Breyer en su dictamen. Según el juez, incluso se instruyó a las agencias de seguridad federales sobre cómo solicitar asistencia militar para eludir restricciones legales.

Contexto del despliegue: protestas, inmigración y militarización

El verano de 2025, en medio de protestas masivas por operativos de inmigración y redadas federales en instalaciones locales, la Guardia Nacional fue desplegada en Los Ángeles. MacArthur Park se convirtió en escenario de una “demostración de poder” federal contra civiles y migrantes, según acusó la demanda del estado de California. El gobernador Gavin Newsom, opositor declarado de Trump, denunció el hecho en redes sociales: “DONALD TRUMP PIERDE OTRA VEZ. La militarización de nuestras calles fue ILEGAL.”

Cuando el ejército incumple su propia guía interna

El general de división Scott Sherman, involucrado originalmente en el despliegue, testificó que se habían distribuido materiales de capacitación a los soldados advirtiendo específicamente que no podían realizar control de multitudes, mantener patrullas de seguridad ni dirigir el tráfico. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hicieron. En sus palabras:

“Fui informado por mis superiores de que existía una 'excepción constitucional' para estas actividades cuando se protegía propiedad federal”.

¿El problema? Esa interpretación se mantiene profundamente cuestionada por expertos constitucionales. El resultado: una violación admitida y ahora judicialmente confirmada del marco legal que rige el uso de nuestras tropas en suelo nacional.

Pasemos al espacio: el controvertido traslado del U.S. Space Command

Por otro lado, mientras la batalla legal se desarrollaba en San Francisco, otra decisión militar volvió a poner en el centro del debate el poder del ejecutivo: Trump anunció que el Comando Espacial de Estados Unidos se establecerá finalmente en Alabama, revirtiendo una decisión de la era Biden que lo había fijado en Colorado Springs. La instalación, ubicada en Redstone Arsenal, Huntsville, no es ajena al mundo militar y aeroespacial. Allí ya funcionan el Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA y el Comando de Defensa Antimisiles del Ejército. Dato relevante: Huntsville es conocida como "Rocket City" por ser clave en el desarrollo de los primeros cohetes del programa espacial estadounidense.

¿Política o eficiencia logística?

La decisión original del Departamento de Defensa, durante la administración Biden, se basó en mantener el comando en su cuartel temporal de Colorado para evitar “perturbaciones a la preparación militar”. Pero el cambio ahora impulsado por Trump va en sentido contrario. ¿Por qué? Según analistas, las razones son políticas:

• Trump cuenta con apoyo político sólido en Alabama.
• El traslado se percibe como un reconocimiento estratégico y electoral hacia ese estado clave.

Y eso a pesar de que una revisión del Inspector General del Departamento de Defensa no logró aclarar por qué se priorizó Colorado originalmente. Es decir, no había base concluyente para descartar Alabama.

Impacto económico y político en juego

Tanto Alabama como Colorado han luchado por años para albergar este comando. Se estima que el impacto económico directo en la región anfitriona superará los $1.5 mil millones, incluyendo empleos calificados, infraestructura y contratos gubernamentales. Por ello, los líderes políticos, desde senadores hasta alcaldes, se han enzarzado en una batalla feroz. Incluso algunos demócratas han acusado a Trump de “premiar” estados rojos por sobre el criterio técnico.

El patrón militar de Trump: mostrar músculo en lugar de consensuar

Ambas decisiones —el mal uso de la Guardia Nacional y el traslado del Comando Espacial— representan una constante en la era Trump: usar el aparato militar como un instrumento de poder político más que de defensa nacional. Ya sea desplegando tropas contra ciudadanos en manifestaciones o reubicando comandos sin justificación clara, el expediente del expresidente demuestra prioridades que van más allá de la legalidad o la estrategia militar. Y no es la primera vez. Recordemos:

• El uso de tropas en Washington durante las protestas de 2020.
• La construcción de “zonas militares” en la frontera con México.
• Proyectos de despliegue en ciudades como Chicago o Baltimore para frenar el crimen, sin coordinación con gobiernos locales.

¿Qué sigue para las Fuerzas Armadas y sus límites civiles?

La administración Trump ha expandido a límites inéditos el concepto de “protección federal”. Y con la posibilidad del regreso de Trump al poder, expertos se preguntan si estas decisiones sentarán precedentes para una mayor militarización de la política interna. Incluso sectores conservadores se han mostrado incómodos con esta dirección. Como señaló el historiador militar William Astore:

“El exceso de poder militar en manos del presidente redefine nuestra república hacia una presidencia imperial.”

Sin una reforma clara del Posse Comitatus y mayor supervisión del Congreso sobre el despliegue interno de tropas, Estados Unidos podría estar en rumbo a una militarización estructural de su vida política. Y eso no es seguridad nacional. Es una amenaza a la democracia.

Reflexión final: ¿defensa o dominación?

Los recientes movimientos de Trump no son meras jugadas administrativas. Son decisiones profundamente simbólicas y estratégicas que deben tomarse en serio. Si las leyes que limitan el uso de la fuerza dentro de nuestro propio país pueden violarse con impunidad, ¿qué nos protege como ciudadanos? Y si los recursos militares —como el Comando Espacial— son convertidos en trofeos de guerra electoral, ¿en qué momento dejamos de hablar de estrategia de defensa y comenzamos a hablar de dominación política con uniforme? Solo el político que no teme las urnas debería temer también a las armas. Pero las armas no votan. Y la democracia, si quiere sobrevivir, debe defenderse incluso de los que dicen protegerla con tanques.