Trump, crimen urbano y militarización: ¿Protección ciudadana o estrategia política?

Entre tropas y polémicas: una cruzada contra el crimen

Durante su presidencia, Donald Trump adoptó una postura cada vez más agresiva hacia el incremento del crimen urbano en ciertos núcleos urbanos de Estados Unidos. Con un discurso orientado a la ley y el orden, el expresidente no dudó en tomar medidas como el envío de agentes federales o incluso la Guardia Nacional a ciudades como Washington D.C., Chicago y Baltimore. Estas decisiones causaron alarma entre críticos de ambos partidos, sobre todo por el trasfondo político que parecían contener.

Una intervención federal sin precedentes

En julio de 2020, Trump anunció el inicio de la llamada "Operación Legend", cuyo objetivo era el despliegue de fuerzas federales en ciudades con altos índices de criminalidad. Aunque el programa fue presentado como una medida para "proteger vidas", numerosos alcaldes y gobernadores denunciaron que se trataba más de un intento de federalizar la seguridad pública, usurpando funciones propias del estado y las municipalidades.

En una declaración desde la Oficina Oval, Trump afirmó: “Tenemos la obligación de proteger este país, y eso incluye ciudades como Chicago y Baltimore”. Esta declaración fue emitida en pleno contexto electoral y coincidía con su necesidad de fortalecer su base conservadora mostrando dureza frente al crimen.

Los números del crimen en EE.UU.

Si bien es cierto que algunas ciudades presentaban picos de violencia en 2020 —especialmente tras las protestas provocadas por la muerte de George Floyd—, la realidad era mucho más matizada. Según el FBI, las cifras de criminalidad a nivel nacional venían en descenso sostenido desde los años 90. Sin embargo, los asesinatos sí registraron un aumento del 29% ese año, en parte atribuido a la pandemia, las tensiones civiles y el aumento en la circulación de armas.

El caso de Washington D.C.: ¿éxito o propaganda?

Trump señaló a Washington como ejemplo de éxito tras el despliegue de fuerzas federales, asegurando que la ciudad “es ahora una zona segura. No hay crimen”. Una afirmación cuestionada por funcionarios locales que, si bien reconocieron cierta pacificación temporal, subrayaron que esta se logró también gracias a políticas locales y no exclusivamente por la presencia federal. La alcaldesa Muriel Bowser cooperó con las autoridades, pero dejó claro su escepticismo respecto al uso prolongado de fuerzas no locales.

La postura de Illinois y Maryland: resistencia demócrata

En contraste, el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, y el gobernador de Maryland, Wes Moore, se opusieron abiertamente al despliegue federal. Pritzker mencionó que la intervención podría escalar la conflictividad social y que Chicago contaba con los recursos locales necesarios para atender la situación. Trump respondió que actuaría de todas formas, sosteniendo que “tenemos el derecho de hacerlo”.

Esta visión confrontativa entre el gobierno federal y los estados abrió un debate constitucional sobre los límites del Poder Ejecutivo respecto a la militarización de la seguridad pública.

La Ley de Posse Comitatus y los límites legales

Uno de los fundamentos legales para discutir estas acciones es la Ley de Posse Comitatus de 1878, la cual prohíbe el uso de las fuerzas armadas para hacer cumplir la ley en territorio estadounidense, a menos que sea expresamente autorizado por el Congreso. Si bien no se aplica directamente a agencias civiles federales como el FBI o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la utilización de la Guardia Nacional bajo control federal abre preguntas legales y éticas sobre su aplicabilidad.

“Podemos estar viendo una erosión del federalismo en favor de una visión autoritaria de la ley y el orden”, expresó Elizabeth Goitein, codirectora del Programa de Seguridad Nacional del Brennan Center.

Una narrativa electoral

No se puede analizar esta intervención sin entender el contexto electoral. Para noviembre de 2020, muchos observadores sugirieron que Trump apostaba por reforzar su figura de líder fuerte, como parte de su campaña de reelección. Al apelar a votantes preocupados por la inseguridad y el desorden urbano —especialmente en suburbios blancos—, el entonces presidente buscaba movilizar un voto que, históricamente, ha favorecido medidas punitivas y de corto plazo.

Ciudadanía entre la espada y la pared

Los residentes de las ciudades afectadas vivieron directamente las consecuencias. En varios casos, ciudadanos denunciaron uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y represión de manifestaciones pacíficas. El despliegue recordaba más a operativos militares que a patrullajes policiales.

En Portland, por ejemplo, agentes federales sin identificación detuvieron a manifestantes en vehículos sin placas, lo que fue ampliamente criticado como una táctica intimidatoria y de dudosa legalidad. Según el Departamento de Justicia, más de 1,500 arrestos fueron realizados como parte de estas operaciones, aunque solo una fracción estaba relacionada con crímenes violentos.

¿Y los derechos civiles?

Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch advirtieron que la militarización de ciudades podría afectar gravemente los derechos constitucionales de los ciudadanos. “Esto sienta un precedente peligroso sobre el uso del poder federal para fines políticos”, declaró Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU.

Incluso exfuncionarios republicanos como Michael Chertoff, exsecretario de Seguridad Nacional, manifestaron preocupación: “La seguridad debe ser proporcional, controlada y coordinada localmente. Aplicar la ley federal como martillo sin diferenciar entre manifestantes pacíficos y criminales es contraproducente”.

Escenario internacional: el caso de Venezuela

Al mismo tiempo que se producía esta ofensiva interna, Trump también anunciaba una supuesta operación militar contra una embarcación de narcotráfico que habría salido de Venezuela. Aunque ofreció pocos detalles, afirmó que se trató de un “golpe letal” contra una “organización narcoterrorista designada”.

Esta declaración generó alarma en Caracas, donde el régimen de Nicolás Maduro acusó a EE.UU. de intentar justificar una intervención mediante una narrativa de guerra contra las drogas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, solo 5% de la cocaína que sale de Colombia lo hace a través de Venezuela, debilitando las bases de dicha narrativa.

No es la primera vez que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto para ampliar su dominio en la región. Ya en los años 80, durante la "Guerra contra las Drogas", Reagan y Bush emprendieron múltiples acciones militares en América Latina con consecuencias profundamente desestabilizadoras.

¿Golpe de fuerza o debilidad institucional?

En resumen, la estrategia de Trump respecto al crimen urbano refleja no solo una visión profundamente centralista y conservadora del orden público, sino también una clara instrumentalización política del miedo y la inseguridad. Mientras algunos ven en sus acciones liderazgo, otros las consideran un preocupante desvío autoritario que pudo poner en peligro la democracia local.

El debate sigue abierto: ¿Qué papel debe tener el gobierno federal en la seguridad pública? ¿Es legítimo intervenir sin el consentimiento de los estados? ¿Hasta qué punto pueden justifcarse estas decisiones en nombre de la ley y el orden?

Lo que es innegable es que el caso Trump marcó un precedente que hoy sigue generando tensiones en el siempre delicado equilibrio entre seguridad y libertad.