¿Derecho a portar armas en el transporte público? Illinois marca un precedente legal clave

La reciente decisión de la Corte Federal del Séptimo Circuito sobre la prohibición de portar armas de fuego en el transporte público en Illinois no solo ha marcado un punto de inflexión judicial, sino que también ha avivado el eterno debate entre el derecho a portar armas y la seguridad colectiva.

Un contexto complejo: la Segunda Enmienda en el siglo XXI

Estados Unidos ha sido históricamente un país con una vinculación muy estrecha a la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar armas. Sin embargo, interpretar ese derecho en el mundo contemporáneo, lejos del contexto de milicias coloniales y rifles de avancarga, ha generado controversias continuas.

En 2022, el Tribunal Supremo emitió el fallo en el caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. Esta decisión levantó el estándar judicial para validar restricciones sobre armas, exigiendo que las leyes actuales sean "relevantly similar" (relevantes y similares) a regulaciones existentes cuando se ratificó la Constitución en el siglo XVIII.

El caso de Illinois: un híbrido entre tradición y modernidad

La disputa judicial en Illinois se enfocó en una ley instaurada en 2013, cuando el estado finalmente permitió el porte de armas ocultas en espacios públicos, siendo el último estado en hacerlo. No obstante, la medida incluyó restricciones: prohibió portar armas en autobuses, trenes, estadios, hospitales y escuelas públicas.

En agosto de 2024, una corte federal menor apoyó a cuatro ciudadanos que reclamaban que esta prohibición era inconstitucional, basándose en el marco del caso Bruen. Se argumentó que, en el 1700, no existía nada comparable a un vagón de tren o una estación de metro, por lo que no podrían existir restricciones históricas análogas.

Pero el Séptimo Circuito Federal —corte de apelaciones— revocó esa decisión el 10 de octubre de 2025. De forma unánime, los tres jueces que componen el panel coincidieron: la medida es constitucional.

Una breve mirada a los integrantes del fallo

• Juez Joshua Kolar: Nombrado en 2024 por el presidente Joe Biden. Fue quien redactó la opinión mayoritaria.
• Juez Kenneth Ripple: Nombrado en 1985 por Ronald Reagan, se unió a la decisión mayoritaria.
• Jueza Amy St. Eve: Nombrada en 2018 por Donald Trump, redactó una opinión concurrente que, si bien coincidía en el resultado, subrayó puntos adicionales.

Este raro acuerdo tripartidista —entre jueces nombrados por tres presidentes de diferentes partidos e ideologías— refuerza la solidez del fallo.

El argumento judicial: espacios restringidos por razones históricas y prácticas

"Nos preguntan si el Estado puede desarmar temporalmente a sus ciudadanos cuando viajan en tubos metálicos llenos y confinados, algo que los fundadores de la Constitución jamás imaginaron", escribió el juez Kolar.

Apoyándose en precedentes históricos, la opinión mayoritaria estandarizó que había una práctica reguladora centenaria que restringía armas en lugares "sensibles". Estos incluyen instituciones gubernamentales, escuelas, cortes judiciales y, en este caso, espacios confinados como el transporte público.

¿Qué significa esto para otros estados?

Illinois podría convertirse en un faro para otros estados en medio de un clima político turbulento respecto al porte de armas. Actualmente:

• 34 estados prohíben portar armas en una variedad de instituciones públicas.
• 15 estados hacen excepciones en espacios como iglesias y universidades privadas.
• La mayoría de los sistemas de transporte urbano de grandes ciudades no permiten el porte de armas, aunque no todos tienen una legislación clara que lo respalde.

La decisión del Séptimo Circuito podría ser citada en futuras disputas legales. Incluso podría escalar nuevamente al Tribunal Supremo si otro circuito falla de manera distinta.

Una batalla cultural, no solo legal

El derecho al porte de armas está profundamente arraigado en la identidad estadounidense. No obstante, diversas tragedias han hecho que la opinión pública oscile. De acuerdo con Pew Research:

• El 63% de los estadounidenses considera que la violencia armada es un problema "mayor" en el país.
• El 40% apoya restricciones más estrictas, mientras que un 21% desea flexibilizarlas.

Este fallo también toca un nervio social: numerosos defensores de armas consideran que el fallo impone límites irrazonables a su libertad. En tanto, defensores del control de armas lo ven como una victoria para crear espacios más seguros.

Una reflexión necesaria: ¿libertad individual o seguridad colectiva?

Ningún derecho es absoluto. Como toda democracia madura, Estados Unidos debe equilibrar derechos individuales con el bien común. No se trata únicamente de portar armas, sino de garantizar que los ciudadanos viajen en paz, seguridad y sin temor a que conflictos cotidianos escalen a tragedias gracias a la presencia de armas en espacios cerrados.

Las decisiones judiciales que interpretan la Constitución no deben estancarse en el literalismo del siglo XVIII, sino adaptarse con responsabilidad al siglo XXI, considerando modernidad, tecnología y densidad poblacional.

En palabras del juez Kolar: "El hecho de que los vagones de tren no existieran en 1791 no implica que debamos permitir armas en su interior hoy en día".

¿Y ahora qué viene?

Los demandantes podrían solicitar revisión ante la Suprema Corte. Sin embargo, hay escasas probabilidades de éxito, dado que el fallo del Séptimo Circuito está cuidadosamente fundamentado y se alinea con la jurisprudencia aceptada.

Por ahora, el transporte público en Illinois seguirá siendo zona libre de armas, para tranquilidad de millones de pasajeros.

Este debate está lejos de terminar, pero esta sentencia marca un importante —y tal vez necesario— precedente en la reinterpretación de los derechos armamentistas bajo el prisma de la realidad estadounidense moderna.