¿El retorno de la Ley y el Orden? La militarización de Washington D.C. aviva protestas y temores constitucionales

Washington D.C. vive semanas de tensión mientras las calles de la capital se llenan de tropas de la Guardia Nacional, vehículos blindados y agentes federales en respuesta al nuevo operativo de la administración Trump destinado a combatir el crimen y la indigencia.

Cuatro semanas de tropas, protestas y desconfianza

Desde inicios de agosto de 2025, patrullas de la Guardia Nacional circulan por los vecindarios más céntricos de la ciudad, como Union Station, el Capitolio y el Parque Meridian Hill. Esta presencia ha generado inquietud y protestas masivas que ya entran en su cuarta semana, protagonizadas por ciudadanos comunes, artistas, líderes religiosos y políticos como el congresista Al Green (D–Texas), quien marchó junto a los manifestantes denunciando lo que consideran una militarización inconstitucional de la seguridad urbana.

La justificación del gobierno federal se centra en el aumento del crimen, especialmente en zonas con alta población sin hogar. Sin embargo, críticos y ciudadanos cuestionan si realmente las cifras justifican el despliegue militar.

Una de las imágenes más impactantes fue la de turistas observando desde un autobús panorámico cómo manifestantes eran detenidos por la policía del parque, mientras vehículos MRAP permanecían posicionados como si se tratase de una zona de guerra. Aunque se han registrado actos de vandalismo esporádicos, la mayoría de las protestas han sido pacíficas.

La ley y el uso federal de la fuerza: ¿Qué dice la Constitución?

Muchas voces se preguntan si el uso de agentes federales y la Guardia Nacional —sin petición formal por parte del gobierno local de D.C.— es una violación a la separación de poderes. Si bien el Distrito de Columbia no es un estado y sufre limitaciones en su autonomía, existen precedentes judiciales que restringen el uso de la fuerza militar sin causa justificada.

Según la Posse Comitatus Act de 1878, el poder federal no puede utilizar las fuerzas armadas para imponer la ley interna sin autorización del Congreso o del presidente en circunstancias extremas, como insurrección o catástrofes. Trump ha invocado la necesidad de proteger la seguridad nacional, pero los críticos advierten que esta es una interpretación peligrosa y oportunista del marco legal.

¿Realmente hay una crisis de crimen en D.C.?

El argumento de Trump se basa en un supuesto incremento alarmante de los índices delictivos. Sin embargo, datos del Departamento de Policía Metropolitana de D.C. muestran una tendencia más compleja. Si bien los delitos contra la propiedad han incrementado en ciertos barrios, los homicidios y delitos violentos han disminuido un 14% en comparación con 2024.

Además, el número de personas sin hogar ha crecido apenas un 3% en el último año, según estadísticas de la Coalition for the Homeless, con mayor concentración en el noroeste de la ciudad. Expertos señalan que el problema de fondo no es solo de orden público, sino de vivienda, salud mental y servicios sociales, temas que requieren inversión y no necesariamente fuerza militar.

Arte, resistencia y represión

Entre las múltiples imágenes emergentes de este conflicto, una en particular se ha viralizado: la de un artista callejero que retrataba los vehículos blindados en Union Station en tiempo real. Su pintura, titulada "D.C. Municipio Ocupado", pronto se convirtió en un ícono de la resistencia pacífica cultural.

Activistas por los derechos al aborto también se unieron a las manifestaciones, estableciendo un vínculo simbólico entre el control sobre los cuerpos y el control sobre las calles. Las interacciones entre manifestantes y la Guardia han oscilado entre confrontaciones verbales, arrestos por desobediencia civil y escenas de contención pacífica, como un grupo que formó una cadena humana para evitar enfrentamientos con opositores.

¿Un Estado policial en ciernes?

Desde el controversial segundo mandato de Trump, que comenzó en enero de 2025 tras una disputada elección, su administración ha hecho evidente su intención de retomar el control urbano usando fuerzas federales. En ciudades como Portland, Chicago y Atlanta ya hubo experimentos similares durante su primer mandato. Pero D.C., con su capital simbólica, se ha convertido en campo de batalla para definir los límites constitucionales de dicho poder.

Los antecedentes se remontan a 2020, cuando Trump usó agentes del Departamento de Seguridad Nacional y tropas de la Guardia Nacional para dispersar protestas contra la brutalidad policial frente a la Casa Blanca. Aquella vez, las protestas también fueron pacíficas, pero terminaron con gases lacrimógenos y represión, provocando una ola de indignación global, incluida la condena del expresidente George W. Bush.

Reacciones de los líderes religiosos y comunitarios

El clero local también ha manifestado su preocupación. En una reciente homilía, el Obispo John Matthew criticó la transformación de la ciudad en un “campo ocupado”, y pidió a los fieles “responder al miedo con compasión, y a la represión con oración y acción cívica.”

Otras congregaciones se han volcado en servicios de apoyo a manifestantes, con distribución de alimentos y atención médica gratuita. De forma simbólica, algunos pastores y rabinos han abierto las puertas de sus templos para servir como “refugios espirituales” durante las protestas, al estilo del movimiento por los derechos civiles de los años 60.

Un espejo de lo que vendrá

La situación de Washington es observada de cerca por otras grandes urbes que podrían enfrentar políticas similares. Trump ya ha sugerido que ciudades como Nueva York, Filadelfia y San Francisco podrían requerir intervención federal "si las estadísticas criminales no mejoran". Esta amenaza ha desatado preocupación entre los gobernadores demócratas, quienes acusan al gobierno de preparar una estructura para reprimir la disidencia ante las elecciones de medio término de 2026.

Mientras tanto, la pregunta de fondo sigue sin respuesta clara: ¿puede un presidente ordenar la ocupación militar de una ciudad estadounidense en nombre de la seguridad sin violar el equilibrio democrático de poderes? La respuesta, según expertos constitucionales, dependerá de cómo reaccionen los tribunales, el Congreso y, sobre todo, la ciudadanía.

Como dijo una manifestante frente al White House con una pancarta: “No se puede salvar la libertad invadiendo la democracia.”