¿Fracaso anunciado? El tortuoso camino del CARE Court en California y la crisis de salud mental

Una promesa grande, resultados modestos

En marzo de 2021, el gobernador de California, Gavin Newsom, presentó ante el público un ambicioso programa que prometía cambiar el rumbo de dos de los mayores retos del estado: la crisis de salud mental y la creciente población sin hogar. CARE Court (Community Assistance, Recovery, and Empowerment Court) nacía con la visión de dar tratamiento forzoso o voluntario a personas con enfermedades mentales graves que viven en situación de calle. Hoy, a casi dos años de su implementación, los resultados están lejos de ser alentadores.

Números que hablan: realidades vs. expectativas

Según datos del Judicial Council of California recopilados por CalMatters, hasta julio de 2024 se han presentado tan solo 2,421 peticiones en todo el estado bajo el programa CARE Court. De ellas, solo 528 han derivado en acuerdos o planes de tratamiento. Esto representa cerca del 4.4% del estimado mínimo inicial de 12,000 personas que potencialmente serían beneficiadas.

• Los Ángeles County, el condado más activo, ha presentado 511 peticiones; sin embargo, solo 112 resultaron en algún tipo de tratamiento, un 22% de efectividad.
• San Diego County, que esperaban mil peticiones en su primer año, solo han recibido 384, logrando 134 acuerdos voluntarios.
• Orange County, que proyectaba entre 400 y 600 planes de tratamiento, solo ha alcanzado 14 acuerdos y un solo plan ordenado por corte.

Las grietas del diseño

Uno de los puntos más críticos del programa es su manera de operar. CARE Court permite que familiares, primeros respondedores o personal médico pidan a la corte que una persona con discapacidad mental grave (particularmente esquizofrenia o trastornos psicóticos severos) reciba tratamiento. Pero existen problemas:

• Quienes son objeto de la petición pueden rechazar voluntariamente el tratamiento.
• Las cortes rara vez ordenan tratamientos forzosos: solo 14 hasta la fecha.
• Aproximadamente el 45% de las peticiones a nivel estatal son desestimadas.

Además, el proceso de entrada es complejo, requiere que el peticionario acuda a la primera audiencia (algo que muchos primeros respondedores no pueden cumplir) e impone criterios estrictos de elegibilidad.

“Va mucho más lento de lo que pensábamos” — Lisa U’Ren, exdirectora de NAMI en Solano County

Objetivos nobles, ejecución deslucida

CARE Court fue presentado como una especie de milagro legislativo que sustituiría la modesta “Ley Laura”, un programa previo que en 2018-2019 solo ayudó a 218 personas. Con una inversión estatal combinada de más de $159 millones en dos años fiscales, la pregunta natural es: ¿vale la pena?

Críticas desde la comunidad

Varias organizaciones pro derechos de personas con discapacidades acusan que el programa parece más un acto político que una solución efectiva. Desde la ACLU de California del Sur hasta el colectivo All People’s Health, han surgido críticas:

“No están arreglando un problema. Solo quieren una apariencia política... eso es todo.” — Lex Steppling, All People’s Health Collective

Incluso simpatizantes iniciales como Anita Fisher, madre de un joven con enfermedad mental en San Diego, ahora tachan el programa de “fracaso total”.

Desigualdad territorial en la implementación

CARE Court no ha funcionado de manera uniforme. Mientras condados grandes y con más recursos como San Diego han logrado avances tímidos, hay otros que simplemente no han despegado:

• Colusa County tiene solo una petición presentada.
• Ocho condados pequeños como Mendocino y San Benito no reportan ni una solicitud.
• Cortes como la de San Francisco, con un 65% de peticiones rechazadas, reflejan el alto nivel de fallos sistémicos.

La falta de personal judicial, así como la escasez de recursos para trámites administrativos, obstaculizan el despliegue de CARE Court en zonas rurales.

Expansión legislativa: ¿más ayuda o más problemas?

Ante los bajos números, el senador Thomas Umberg propuso Senate Bill 27, una iniciativa para ampliar CARE Court a personas con trastornos psicóticos inducidos por trastorno bipolar. Sin embargo, ni su equipo ni los condados tienen cálculo certero de cuántas personas más entrarían al programa.

Los condados como San Diego estiman que la expansión podría aumentar las solicitudes entre 3.5% y 48.1%. Las organizaciones defensoras de los derechos civiles temen que esto recargue aún más los sistemas ya débiles.

“Una orden judicial no hace que los recursos aparezcan por arte de magia” — Eve Garrow, ACLU California del Sur

¿Medio lleno o medio vacío?

Algunos funcionarios defienden el programa argumentando que, más allá de los acuerdos formalizados, CARE Court ha tenido impacto al conectar personas con servicios que antes desconocían. Un reporte reciente mostró que se logró desviar a 1,358 personas hacia otros programas de asistencia fuera del marco del tribunal.

Además, CARE Court ha permitido financiar labores esenciales de alcance comunitario (como visitas en calle), ausentes en otros programas.

“Graduados” del CARE Court: un nuevo criterio de éxito

En este contexto, la figura de “graduación” es clave: se refiere a beneficiarios que completan un ciclo de al menos un año en el programa. Hasta ahora, solo un puñado de condados —incluido San Diego— reportan graduaciones. En San Diego ha habido 10, la cifra más alta informada.

Pero incluso entre quienes han sido admitidos, el éxito nunca está garantizado. Tanya Fedak, madre de un joven con problemas mentales, ha presentado dos peticiones sin gran cambio en la situación de su hijo, quien sigue oscilando entre la cárcel y la calle.

Hacia una nueva política de salud mental

El debate abierto por CARE Court responde a un dilema fundamental: ¿Puede —y debe— el Estado obligar a una persona vulnerable a recibir tratamiento? ¿Y tiene la infraestructura necesaria para sostener esa intervención?

“Con cualquier cosa coercitiva, el objetivo es lograr que la persona se involucre por voluntad propia,” dijo Michelle Doty Cabrera, de la Asociación de Directores de Salud Mental de California. Y en ese sentido, CARE Court es tanto una prueba de voluntad política como de diseño de políticas públicas efectivas.

Por ahora, miles de californianos como el hijo de Fisher seguirán esperando que una política pública cumpla su promesa más básica: ofrecer ayuda real, humana y efectiva. Y el resto del país observa atentamente. Porque si CARE Court fracasa en California, ¿qué esperanza queda para replicar algo similar en otros estados?