¿Quién Gobierna a la Inteligencia? La Influencia de Laura Loomer y el Futuro del Control Civil en EE. UU.
El creciente poder de una figura radical sobre agencias de seguridad y políticas públicas plantea serias preguntas sobre la salud democrática del país.
Una visita cancelada que expone una grieta institucional
El senador demócrata Mark Warner, jefe del Comité de Inteligencia del Senado, se disponía a realizar una visita de supervisión a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés), una de las agencias de espionaje menos conocidas pero cruciales para la seguridad nacional de EE. UU. Sin embargo, el evento fue sorpresivamente cancelado tras las críticas de Laura Loomer, una activista de extrema derecha conocida por promover teorías conspirativas y discursos de odio en línea.
Este incidente ha desatado una tormenta política y mediática que ha sacado a la luz el creciente poder de actores externos, no electos ni con cargos oficiales, para incidir en las decisiones gubernamentales. Warner expresó su preocupación públicamente: “¿Está muerta la supervisión del Congreso? ¿Acaso ahora Laura Loomer es la secretaria de Defensa o la directora de Inteligencia Nacional?”
¿Quién es Laura Loomer?
Loomer no es funcionaria del gobierno. Es una figura polémica que ha sido vetada de múltiples plataformas sociales por difundir desinformación, racismo y contenido antisemita e islamófobo. Aun así, ha cultivado una notable influencia sobre sectores del gobierno de Donald Trump.
Entre sus actos más infames destaca la publicación de un video en el que afirma que “el 11-S fue un trabajo interno”, una teoría conspirativa desacreditada ampliamente. Sin embargo, Loomer ha logrado capitalizar su acceso a ciertas audiencias y su cercanía con figuras del trumpismo para ejercer presión política.
Agencias en la mira y personalidades removidas
El nivel de influencia de Loomer va más allá de una cancelación aislada. A lo largo del último año, al menos cuatro funcionarios de alto nivel han sido removidos o han renunciado después de ser blanco de sus críticas:
- Dr. Vinay Prasad, exdirector de vacunas de la FDA, renunció en agosto.
- Jen Easterly, exjefa de la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura (CISA), fue destituida de su cargo en la Academia Militar.
- General Tim Haugh, exdirector de la NSA y del Comando Cibernético del Pentágono, también fue reemplazado.
Además, después de que Loomer publicara imágenes de niños palestinos heridos llegando a Estados Unidos para recibir tratamiento médico, el Departamento de Estado anunció la suspensión de todas las visas a visitantes de Gaza y lanzó una nueva política restrictiva. Todo esto sucedió en el marco de un resurgimiento en los conflictos en Medio Oriente, lo que agrava aún más el tinte político y humanitario del asunto.
La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial: el elefante en la sala
La NGA, aunque menos conocida que la CIA o la NSA, es fundamental para el aparato de inteligencia estadounidense. Se encarga de recolectar, procesar y analizar imágenes satelitales que luego son utilizadas para operaciones militares, vigilancia terrestre, monitoreo climático y mucho más.
Su director Frank Whitworth fue nombrado por el presidente Joe Biden, y en la agenda de Warner estaba evaluar el uso de inteligencia artificial en sus operaciones, así como asegurar la neutralidad y eficiencia operativa de la agencia.
Trump, Loomer y los límites del poder informal
El expresidente Donald Trump ha minimizado la influencia de Loomer, aunque en la práctica su administración parece haber sido permeable a sus ataques. La situación ha llevado a una creciente sospecha de que sectores del gobierno están permitiendo, o al menos tolerando, la interferencia de figuras extremistas externas en la toma de decisiones institucionales.
Como ejemplo, según reportes del medio Politico, varios funcionarios fueron informados extraoficialmente de que "era mejor no llamar la atención de Loomer" para no arriesgar sus cargos.
¿Un patrón de censura ideológicamente motivado?
El caso de Harvard añade otra dimensión. El juez federal Allison Burroughs falló contra la administración Trump al declarar ilegal la cancelación de becas de investigación por más de 2.600 millones de dólares. Según el fallo, se trató de una represalia por no acatar exigencias del gobierno federal relacionadas con la gobernabilidad interna y cuestiones ideológicas.
La administración también intentó prohibir la llegada de estudiantes extranjeros a la universidad e incluso amenazó con revocar su estatus de exención fiscal. Esta cadena de eventos reconstruye un peligroso patrón de uso político de las agencias estatales y la intimidación ideológica contra centros de investigación y educación superior.
Reacciones en cadena y desconfianza institucional
El hecho de que una reunión de supervisión con funcionarios de inteligencia de alto nivel pueda ser cancelada debido a la presión de una influencer extremista debería ser motivo de alarma. Si el control civil del aparato militar e inteligencia —una piedra angular de cualquier democracia— comienza a ceder ante presiones externas de carácter no institucional, ¿estamos frente a una erosión sistemática del orden republicano?
Para Warner y otros miembros del Congreso, el episodio es aún más preocupante por el precedente que establece. Si la cancelación fue una estrategia para evitar confrontar temas como la inteligencia artificial, su uso en vigilancia masiva, u otras áreas sensibles, ello representa una grave evasión de responsabilidades institucionales cruciales.
El efecto Loomer: influencia sin responsabilidad
La posición de Loomer es simbólica del aumento de figuras que ejercen poder sin ser electas ni respondan legalmente por sus actos. Este fenómeno está proliferando en los márgenes más extremos del espectro político, y su impacto es visible en políticas migratorias, nombramientos de funcionarios, definición de agendas e incluso decisiones judiciales.
En un contexto donde la desinformación se convierte en moneda corriente y donde el grito escandaloso en redes sociales tiene más peso que los argumentos institucionales, los Estados Unidos enfrentan un dilema fundamental sobre el papel de sus instituciones frente al populismo digital radicalizado.
La pregunta de Warner no es retórica: “¿Está muerta la supervisión del Congreso?”; es un llamado a la acción para reformular el equilibrio de poderes en la era de influencers con impacto geopolítico.