Arturo Murillo vuelve a Bolivia: ¿justicia pendiente o juego político en la recta final electoral?

El regreso inesperado de Arturo Murillo a Bolivia

Después de casi cuatro años en prisión en Estados Unidos por lavado de dinero, el exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, será finalmente deportado a su país para enfrentar una serie de cargos penales pendientes. Esta repatriación ocurre en un momento políticamente cargado, a tan solo semanas de una decisiva segunda vuelta electoral presidencial, lo que despierta múltiples preguntas sobre la justicia, la memoria histórica y la instrumentalización del poder judicial.

¿Quién es Arturo Murillo y por qué su figura genera tanta división?

Murillo, un empresario cochabambino que se convirtió en uno de los rostros más beligerantes del gobierno interino de Jeanine Áñez en 2019, ha protagonizado algunos de los episodios más polémicos de la historia reciente del país. Su paso por el Ministerio de Gobierno fue breve pero intenso: encabezó las operaciones de represión contra las protestas que siguieron a la renuncia de Evo Morales, supervisó la compra cuestionada de material antidisturbios y mantuvo un discurso férreo contra el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Su estilo confrontacional lo hizo famoso, hasta que un escándalo internacional lo alcanzó: el Departamento de Justicia de EE.UU. lo acusó de haber aceptado más de 500.000 dólares en sobornos por facilitar contratos para la compra de gases lacrimógenos desde una empresa en Florida. Fue condenado y cumplió cuatro años de prisión.

De regreso a casa: cargos pendientes en Bolivia

Una vez terminada su condena estadounidense, Murillo fue detenido por las autoridades migratorias de EE.UU. (ICE) mientras luchaba contra su deportación. Sin embargo, sus apelaciones fueron finalmente rechazadas y será repatriado a Bolivia, donde lo esperan al menos seis casos abiertos.

Entre los cargos más graves que enfrenta destacan:

• Adquisición irregular de material no letal (como gases lacrimógenos) con sobreprecios.
• Importación ilegal de armas desde Ecuador.
• Responsabilidad en la represión que causó la muerte de al menos 37 personas tras la renuncia de Morales, un hecho que diversos sectores ya han catalogado como posible crimen de lesa humanidad.

Ya ha sido condenado en ausencia en dos de estos seis procesos: uno con pena de 5 años y otro de 8 años de prisión.

Las masacres de Sacaba y Senkata: heridas abiertas

La etapa en la que Murillo ejerció funciones ministeriales está marcada por dos eventos trágicos: las denominadas masacre de Sacaba (Cochabamba) y masacre de Senkata (El Alto), que según informes de la ONU y organismos de derechos humanos, dejaron 37 muertos y cientos de heridos.

Estas represiones ocurrieron como parte del operativo de consolidación del poder de Jeanine Áñez tras la salida de Evo Morales, y apuntaban a frenar las protestas de simpatizantes del MAS que denunciaban un golpe de Estado. En ambas masacres, se documentó el uso excesivo de la fuerza, disparos a quemarropa y detenciones arbitrarias.

Para muchos, Arturo Murillo fue no solo cómplice sino actor clave en estas acciones. Por eso, su regreso simboliza la oportunidad para cerrar un capítulo oscuro... o para reabrir heridas aún no sanadas.

El contexto político actual: ¿justicia o vendetta?

La deportación de Murillo no ocurre en un vacío institucional. Llega justo después de que en Bolivia se celebraran elecciones generales que marcaron el debilitamiento del partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que dominó la política nacional por dos décadas.

Dos candidatos opositores avanzaron al balotaje previsto para octubre de 2024, mientras varios líderes de la derecha boliviana —incluyendo al gobernador Luis Fernando Camacho— empezaron a recibir sentencias más favorables de parte de tribunales. Entre ellas, la más significativa es la de Jeanine Áñez, cuya acusación por las muertes de 2019 fue anulada y redirigida a un juicio de “responsabilidad presidencial”.

Esto ha generado un mar de dudas sobre la independencia del sistema judicial boliviano. ¿Será Murillo juzgado sin injerencias políticas? ¿Su caso servirá como símbolo de un nuevo equilibrio o como moneda electoral?

El rol de la justicia en momentos de transición

La figura de Murillo pone a prueba tanto al sistema jurídico como a la conciencia democrática del país. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, declaró que “espera que se cumplan las sentencias ya dictadas” y que “será atendido bajo el debido proceso”. Pero hay razones para temer una instrumentalización de su caso con fines políticos —ya sea para revivir viejos fantasmas o para deslegitimar adversarios—.

Como dijo recientemente la analista política Gabriela Montaño al periódico La Razón: “Bolivia no necesita venganza, necesita justicia verdadera. Pero para eso se requiere independencia judicial, algo que escasea hoy más que nunca.”

Murillo y el enigma electoral de 2024

El contexto en el que regresa Murillo está claramente marcado por el ajedrez electoral. A diferencia de su travesía en 2019, cuando el MAS salía del poder por presión cívico-militar, esta vez la derecha llega a la contienda con una ventaja en las urnas y victorias judiciales que podrían facilitar su retorno al poder formalmente.

En ese sentido, el caso Murillo representa más que una operación judicial: es una pieza clave en la batalla simbólica por el relato de 2019, un evento que sigue polarizando al país. Según datos del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), el 53% de los bolivianos cree que hubo un golpe de Estado contra Evo Morales, mientras que el 38% considera que se trató de una transición legítima.

Más allá de Murillo: una lección regional

Lo que ocurre con Arturo Murillo también puede leerse como un reflejo de los desafíos regionales en cuanto a rendición de cuentas, memoria histórica y justicia transnacional. América Latina acumula una larga lista de exfuncionarios que han evadido durante años sus responsabilidades judiciales refugiándose en terceros países.

Casos como los de Fujimori en Perú, Ríos Montt en Guatemala o Otto Pérez Molina evidencian una tendencia preocupante: cuando el sistema judicial está politizado, la justicia llega tarde, sesgada o no llega nunca.

La extradición de Murillo es un paso importante, pero también plantea interrogantes: ¿será juzgado de manera imparcial? ¿Se considerarán las víctimas? ¿O su figura se reducirá a un símbolo electoral sin consecuencias reales?

¿Qué podemos esperar?

Murillo volará hacia una Bolivia muy distinta a la que dejó: más fragmentada, más polarizada y con un electorado alerta ante cualquier intento de manipulación. Lo que esté en juego no es solo su libertad o su futuro político, sino el pulseo final para acondicionar las narrativas sobre el 2019. Bolivia se encuentra ante una oportunidad histórica para sanar heridas... o para ampliarlas aún más.

Como bien dice el refrán: “Quien controla el pasado, controla el presente”. En el caso de Murillo, el juicio pendiente será también uno sobre la verdad, la memoria y el anhelo de justicia de toda una nación.