Corrupción en América Latina: El caso Toledo y el legado venenoso de Odebrecht

Un nuevo capítulo en la saga Toledo

Alejandro Toledo, expresidente del Perú (2001-2006), ha sido condenado por segunda vez a prisión en relación con el escándalo de corrupción más grande de América Latina: el caso Odebrecht. La sentencia más reciente, de 13 años y cuatro meses por el delito de lavado de dinero, fue emitida por la jueza Josefa Izaga en Lima. Esta se suma a una condena previa dictada en octubre de 2024 por cohecho y corrupción, por la que deberá purgar 20 años y seis meses de prisión.

Ambas sentencias deberán cumplirse de manera simultánea —una práctica común en el sistema judicial peruano—, pero representan un nuevo golpe legal y moral para un expresidente que alguna vez fue símbolo de la recuperación democrática en el país andino.

El modus operandi: sobornos por infraestructura

Las acusaciones señalan que Toledo habría recibido 35 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. A cambio, autorizó la adjudicación de un megaproyecto: la construcción de 650 kilómetros de carretera que unirían a Brasil con el sur de Perú. Mientras que el costo inicial de la obra fue estimado en 507 millones de dólares, finalmente el Estado peruano terminó pagando 1.250 millones, más del doble del presupuesto original.

Este patrón de inflar presupuestos, recibir coimas y blanquear el dinero mediante empresas y cuentas offshore constituye el “sello Odebrecht” que ha sacudido las estructuras políticas de más de diez países latinoamericanos desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, en 2016, la magnitud de sus operaciones ilícitas.

Toledo no es el único: una radiografía de presidentes implicados

Toledo es apenas uno más en una larga lista de mandatarios peruanos investigados o condenados por corrupción en torno al caso Odebrecht:

• Ollanta Humala (2011-2016): condenado a 15 años por lavado de activos; Odebrecht le habría financiado sus campañas presidenciales en 2006 y 2011.
• Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): está bajo arresto domiciliario mientras enfrenta juicios por presuntas transferencias indebidas de dinero procedentes de Odebrecht a sus empresas privadas.
• Alan García (1985-1990 y 2006-2011): se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por sus presuntos vínculos con la compañía.

En total, cuatro expresidentes peruanos tienen algún grado de implicación en el caso, una cifra que refleja cuán profundamente la corrupción ha penetrado en las altas esferas del poder del país.

Una red de corrupción regional

En 2016, Odebrecht reconoció ante la justicia estadounidense haber sobornado a funcionarios en por lo menos 12 países, incluyendo México, Colombia, Argentina, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Venezuela.

Según el informe del Departamento de Justicia de EE. UU., la empresa pagó más de 788 millones de dólares en sobornos a lo largo de América Latina y África entre 2001 y 2016, cambiando favores por contratos multimillonarios con los gobiernos de turno.

El exilio dorado de Toledo: de Stanford al calabozo

Tras dejar la presidencia del Perú en 2006, Toledo regresó a su alma mater, la Universidad de Stanford, como académico. Desde allí habría planificado su defensa ante las múltiples acusaciones que ya comenzaban a emerger en su contra. En 2019, fue arrestado en California. En ese momento, residía en Palo Alto y, según sus abogados, sufría de problemas mentales que se agravaron durante su detención preventiva en una prisión del condado de Alameda.

Debido a la pandemia y sus condiciones de salud, Toledo fue puesto bajo arresto domiciliario hasta su extradición a Perú en abril de 2023, después de que un tribunal norteamericano rechazara su apelación definitiva.

Odebrecht: el Leviatán latinoamericano de la corrupción

La compañía brasileña formó parte del poderoso conglomerado Odebrecht S.A., hoy renombrado como Novonor. Desde la década de 1990, estableció vínculos con elites políticas en casi todos los países donde tenía proyectos de infraestructura. Entre los más conocidos están la represa Belo Monte en Brasil, el Metro de Caracas en Venezuela, y la Línea 2 del Metro de Lima.

Se estima que Odebrecht manejaba un sofisticado sistema de contabilidad paralela mediante su División de Operaciones Estructuradas, una suerte de “departamento de coimas”. Esta estructura era tan organizada que incluso tenía ejecutivos a tiempo completo encargados del pago de sobornos vía transferencias, empresas de fachada y maletas de efectivo.

La impunidad como norma en América Latina

Aunque el caso Odebrecht ha llevado a prisión a varios exmandatarios, muchos observadores señalan que aún existe una gran impunidad. En países como México y Guatemala, las investigaciones han sido lentas o directamente archivadas. En otros lugares, como Venezuela, no se ha juzgado a ningún alto funcionario a pesar de la evidencia presentada por exejecutivos de la constructora.

Mientras tanto, los sistemas judiciales de la región enfrentan presiones políticas, amenazas y falta de recursos. Las fiscalías especializadas han sido desmanteladas en algunos países, y en otros, como Perú, la fiscal del caso Lava Jato, Rafaela Ávila, ha denunciado intentos de socavar su labor.

¿Y la recuperación del dinero público?

Uno de los principales reclamos de la sociedad civil en los países afectados es la devolución de los fondos robados. En muchas ocasiones, las coimas se financiaron con sobrecostos que terminaron siendo pagados por el erario público. En el caso peruano, las pérdidas por el tramo de la carretera Interoceánica sur ascienden a más de 700 millones de dólares.

Si bien Odebrecht ha firmado acuerdos de indemnización con algunos gobiernos, como Colombia y Brasil, en otros casos sus compromisos han sido cuestionados o incumplidos por falta de voluntad política.

La presión internacional

La revelación del sistema de sobornos de Odebrecht no habría sido posible sin la cooperación internacional. El caso fue investigado inicialmente en Estados Unidos en el marco de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), y luego se convirtió en uno de los primeros grandes ejemplos de cooperación eficaz entre fiscalías de distintos países del Sur Global.

Organizaciones como Transparency International han solicitado a los gobiernos que den continuidad a estas investigaciones y fortalezcan sus instituciones judiciales.

“La lucha contra la corrupción no puede depender de la voluntad de un gobierno o de un juez en particular. Requiere instituciones sólidas, medios independientes y una ciudadanía activa”, declaró José Ugaz, abogado peruano y expresidente de Transparencia Internacional.

¿Qué sigue para Toledo?

Hoy Toledo, de 78 años, está en prisión preventiva mientras se formaliza la ejecución definitiva de sus condenas. Ha reiterado su inocencia y calificado las acusaciones como “una vendetta política”. Sin embargo, la acumulación de pruebas y los testimonios de los exejecutivos de Odebrecht —quienes confesaron detalladamente el pago de sobornos al exmandatario— lo colocan en una posición extremadamente delicada.

El simbolismo de su caso es potente: un presidente que prometió acabar con la corrupción que marcó las dictaduras y transiciones del siglo XX en Perú terminó cayendo víctima del mismo mal sistémico.

Perú y América Latina: ¿puente roto o camino a la justicia?

El caso Odebrecht ha creado una grieta que todavía está lejos de cerrarse en América Latina. Pero también ha brindado una oportunidad sin precedentes: construir sistemas de control más sólidos, transparentes y eficaces. La pregunta que queda es si las futuras generaciones aprenderán del pasado o repetirán sus errores.