Crisis política en Tailandia: entre maniobras parlamentarias, disputas monárquicas y el fantasma del pasado militar
Una lucha por el poder entre progresistas, conservadores y aliados históricos revive las tensiones estructurales del sistema político tailandés
Una nación en vilo
Desde la destitución de la primera ministra Paetongtarn Shinawatra por la Corte Constitucional, Tailandia vive una nueva etapa de turbulencia política. El país asiático, que ya ha pasado por golpes militares, protestas masivas y crisis institucionales en las últimas dos décadas, enfrenta ahora un complejo enredo político y legal sobre cómo debe proceder la elección de su próximo líder.
Paetongtarn, hija del controversial ex primer ministro Thaksin Shinawatra, fue destituida el mes pasado por haber mantenido una conversación considerada "anticonstitucional" con el presidente del Senado camboyano, Hun Sen, durante una escalada diplomática por disputas fronterizas. La corte consideró que dicho acto violaba las leyes éticas de neutralidad y seguridad nacional.
¿Elecciones nuevas o nuevo primer ministro?
Mientras tanto, se intensifican dos alternativas dentro del sistema político tailandés:
- Por un lado, el gobierno interino del Pheu Thai (el partido de Paetongtarn), liderado actualmente por Phumtham Wechayachai, solicitó al rey Maha Vajiralongkorn la disolución del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones. El argumento central: la crisis política amenaza la estabilidad económica y debe ser resuelta por vía democrática.
- Por otro, el Partido del Pueblo (anteriormente conocido como Move Forward), mayor fuerza parlamentaria desde las elecciones de 2023, propuso apoyar a Anutin Charnvirakul, líder del partido Bhumjaithai, como nuevo primer ministro, bajo condiciones que incluyen reformas constitucionales y nuevas elecciones en cuatro meses.
Este delicado equilibrio pone a prueba nuevamente el rol centralista del monarca. En Tailandia, solo el rey puede disolver el Parlamento, y aunque el gobierno interino ha solicitado el decreto, el consejo estatal —órgano asesor legal del gobierno— considera que esa herramienta solo puede ser activada si hay un estancamiento claro en la elección del nuevo jefe de gobierno. Actualmente, no se ha llegado a ese punto oficialmente.
El espectro de la militarización del poder
La Constitución tailandesa actual fue redactada durante el gobierno militar que depuso en 2014 al entonces jefe de gobierno —también de la familia Shinawatra—, y aprobada en referéndum en 2017. Este documento otorgó al Senado, compuesto por 250 miembros no electos, nombrados por la junta militar, participación en la elección del primer ministro, junto con los 500 diputados de la Cámara Baja.
Este mecanismo ha sido criticado ampliamente por favorecer al establishment conservador y bloquear sistemáticamente a figuras progresistas o reformistas, como el líder del entonces Move Forward Party, que ganó las elecciones de 2023 por amplio margen pero fue vetado tras una votación conjunta. Los senadores rechazaron al candidato reformista debido a su propuesta para revisar la ley de lesa majestad, considerada sagrada por la élite monárquica.
Este veto deterioró la confianza en la transición democrática y fortaleció alianzas pragmáticas, como la que permitió que Srettha Thavisin, magnate del sector inmobiliario, liderara brevemente un débil gobierno de coalición del Pheu Thai, antes de ser forzado a renunciar por supuestas "violaciones éticas".
¿Quién es Anutin Charnvirakul?
El nombre de Anutin Charnvirakul aparece ahora como figura de consenso para evitar un vacío de poder. Su partido, Bhumjaithai, se posiciona como centrista con una base política rural fuerte y logró notoriedad internacional por haber promovido la legalización parcial del cannabis en el país en 2022. Aunque fue vice primer ministro y ministro de Salud Pública en gobiernos anteriores, su reputación ha sido ambigua: por un lado, se muestra como figura pragmática y por otro, ha sido acusado de favorecer intereses conservadores.
El People’s Party (Partido del Pueblo) ha condicionado su apoyo a Anutin con dos demandas clave:
- Deben celebrarse elecciones generales en un plazo máximo de cuatro meses.
- El nuevo gobierno debe convocar un referéndum para introducir reformas constitucionales que permitan redactar una nueva carta magna por una asamblea constituyente elegida por el pueblo.
De concretarse, ello representaría una de las reformas políticas más profundas desde finales del siglo XX.
La trampa del poder judicial
La Corte Constitucional de Tailandia ha sido objeto de múltiples críticas, tanto por su falta de independencia como por su papel en la “judicialización” de la política. Entre 2006 y 2024, al menos siete primeros ministros fueron destituidos por el tribunal, todos provenientes de partidos opositores al bloque realista-conservador.
“La corte actúa como guardián del ‘orden establecido’, donde la monarquía, el ejército y las élites urbanas conservadoras coexisten en un sistema que tolera la democracia solo si no altera sus privilegios”, señala el politólogo Thitinan Pongsudhirak, de la Chulalongkorn University.
El rey, árbitro silencioso
Maha Vajiralongkorn, monarca desde 2016, se ha mantenido públicamente distante de la disputa, aunque su influencia tras bambalinas se percibe constante. Su participación será crucial para decidir entre una nueva ronda electoral —como pide el gobierno interino— o aceptar la designación de un nuevo primer ministro, en caso de que el Parlamento logre la mayoría para elegirlo. La percepción pública sobre él es ambivalente: una parte de la población pide su modernización, otra, encabezada por el bloque conservador, busca preservar su papel como figura todopoderosa.
Economía en la cuerda floja
“Con todos estos problemas, creemos que es mejor devolver el poder al pueblo”, dijo Phumtham Wechayachai, el sucesor interino de Paetongtarn, durante una conferencia en Bangkok. El temor a un deterioro económico ha sido empleado como justificación principal para pedir elecciones anticipadas.
Según datos del Banco de Tailandia, la incertidumbre política desde julio ha afectado la inversión extranjera directa en un 10% y ha generado una salida neta de capitales por $1.8 mil millones. El baht tailandés ha perdido un 4.6% frente al dólar desde el fallo de la Corte Constitucional, reflejando la preocupación de los mercados.
Un sistema atrapado en bucle
El conflicto actual en Tailandia no es un hecho aislado, sino la continuación de una saga política que lleva décadas. Desde el derrocamiento de Thaksin Shinawatra en 2006, conjuntas fuerzas militares, legales y monárquicas han sistemáticamente impedido la consolidación de movimientos políticos que cuestionan la estructura desigual del poder en el país.
Las protestas de jóvenes estudiantes en 2020, que exigían reformas a la monarquía, marcaron un antes y después en la conciencia política del país, pero también provocaron una respuesta represiva. Aquellas demandas, aún latentes, podrían inflamarse si el proceso actual da señales de continuar el ciclo de exclusión y manipulación institucional.
La propuesta del Partido del Pueblo de reformar la Constitución desde sus bases representa una esperanza transformadora para una parte significativa de la población que busca una democracia más genuina. Sin embargo, resta ver si las estructuras actuales están dispuestas a permitir ese giro histórico.
La pelota está en la cancha del rey, y su decisión podría definir no solo quién liderará Tailandia, sino qué tipo de nación será en los próximos años.
