Donald Trump y la militarización del crimen urbano: ¿seguridad o juego político?

El regreso del "law and order" estilo Trump

Durante su mandato, Donald Trump cimentó una imagen de dureza contra el crimen, aderezada con una retórica confrontativa hacia las ciudades gobernadas por demócratas. Ahora, en plena musculación electoral, vuelve a desempolvar esa postura al sugerir, una vez más, el despliegue de la Guardia Nacional —esta vez en New Orleans, tras declaraciones similares en relación con Chicago y Baltimore.

"Podemos arreglar New Orleans en dos semanas, más fácil que D.C.", dijo Trump a periodistas recientemente. Estas declaraciones ocurren mientras la Casa Blanca de Biden y la dirigencia Republicana se enzarzan en múltiples frentes políticos, lo que convierte este anuncio en tanto una acción gubernamental como un movimiento de estrategia electoral.

¿Realidad o exageración? La situación criminal en New Orleans

Aunque Trump sostiene que New Orleans enfrenta una ola de crimen descontrolado, líderes locales aseguran que la violencia ha disminuido. El concejal y aspirante a la alcaldía, Oliver Thomas, respondió por mensaje de texto: "El crimen está bajando en New Orleans. Esto suena más a tema político que a una amenaza real".

Según el informe anual del FBI sobre delitos, New Orleans tuvo en 2022 una tasa de homicidios superior al promedio nacional, pero con una tendencia a la baja desde entonces. En 2023, se registró una reducción del 17% en delitos violentos comparado con el año anterior, lo que refuerza la idea de que la intervención federal no sería proporcional ni solicitada.

La militarización como solución: ¿función constitucional o abuso de poder?

Washington D.C. tiene un estatus jurídico especial: es un distrito federal, y por lo tanto el presidente posee facultades excepcionales para intervenir. De hecho, Trump ya lo hizo en 2020 bajo el argumento de los disturbios derivados de protestas masivas.

Sin embargo, aplicar ese modelo a ciudades dentro de estados soberanos (como Louisiana, Illinois o Maryland) implica cruzar una línea peligrosa, pues sin el consentimiento del gobierno estatal, cualquier despliegue militar puede violar el Posse Comitatus Act, la ley de 1878 que delimita el uso del ejército dentro del territorio estadounidense.

Polarización y populismo: la estrategia tras las palabras

Trump ha convertido la narrativa del caos urbano en una plataforma electoral. Ya en 2020, usó frases como “American carnage” para describir a ciudades dirigidas, en su mayoría, por demócratas. Ahora, en el contexto de una nueva campaña, insiste en resucitar esa visión apocalíptica para posicionarse como el único capaz de restaurar el orden.

“Los políticos no hacen nada, pero la gente de estas ciudades nos apoya”, ha dicho Trump, afirmando que cuenta con respaldo popular para ejecutar estas intervenciones. No obstante, encuestas recientes de Pew Research Center y Gallup muestran que solo un 35% de los ciudadanos apoya el uso de fuerzas federales para controlar el crimen en ciudades grandes.

Resistencias desde todos los frentes

Gobernadores como J.B. Pritzker (Illinois) y Wes Moore (Maryland), así como los alcaldes de Chicago y Baltimore, se han opuesto tajantemente a cualquier despliegue no solicitado. "Lo último que necesitamos es convertir nuestras ciudades en zonas militarizadas. Necesitamos más policías locales, no tropas externas", declaró el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

El uso de tropas federales también ha sido criticado por defensores civiles y expertos en derechos humanos. La organización ACLU ha advertido que tales medidas representan un retroceso democrático, ya que “convertir cuerpos militares en fuerzas policiacas erosiona gravemente la confianza ciudadana”.

Trump, Landry y el laboratorio de Louisiana

Louisiana ofrece un caso atípico: es un estado republicano con una ciudad (New Orleans) gobernada por demócratas. Esto ha generado un ambiente de tensión interna. El gobernador Jeff Landry, nuevo en el cargo pero alineado ideológicamente con Trump, podría facilitar legalmente un despliegue. Esto lo convertiría en un laboratorio político para medir la eficacia —o la percepción de eficacia— de esta estrategia.

Sin embargo, incluso algunos conservadores han advertido sobre los peligros que entraña. “Parece más bien un reality show. Lo real es que necesitamos soluciones estructurales al crimen, no operaciones militares”, opinó Scott McKay, editor del sitio conservador The Hayride.

La historia se repite: militarización en contextos urbanos

La historia de EE.UU. muestra varios momentos en los que se quiso usar fuerza militar para lidiar con problemas civiles. En 1957, Eisenhower envió tropas a Little Rock para proteger a estudiantes afroamericanos durante la integración escolar. En 1992, la Guardia Nacional fue desplegada en Los Ángeles luego del veredicto en el caso Rodney King. En ambos casos, se trató de situaciones excepcionales que contaban con respaldo legal bien definido.

En el caso de Trump, la utilización reiterada del ejército o fuerzas federales en ciudades enfrenta fuerte escepticismo. Como argumenta el historiador Garry Wills en su libro Bomb Power, “más que soluciones, estas respuestas reflejan un impulso autoritario que utiliza el miedo como moneda política”.

¿Qué busca realmente Trump?

• Consolidar su base electoral: Apelar a la nostalgia de orden y autoridad que aún resuena en ciertos sectores.
• Dividir a la oposición: Forzar a gobernadores demócratas a oponerse públicamente a medidas que muchos votantes consideran populares.
• Desviar la atención: En momentos de controversia, Trump suele lanzar declaraciones explosivas que redireccionan la atención mediática. Este caso no es la excepción.

El papel de los ciudadanos y el riesgo del precedente

En última instancia, este tipo de acciones deben evaluarse no solo por su legalidad momentánea, sino por lo que significan a largo plazo. Si un presidente puede intervenir militarmente en ciudades sin el consentimiento estatal, el equilibrio federal que define la democracia estadounidense corre el riesgo de deteriorarse.

Surge entonces una pregunta clave: ¿Estamos dispuestos a ceder derechos locales a cambio de una seguridad supuesta?

Como dijo Jess Michaels, sobreviviente del caso Epstein —quien también habló esta semana exigiendo justicia en otro frente—: “La justicia y la responsabilidad no son favores. Son obligaciones retrasadas”. Esa frase podría aplicarse también al delicado debate entre seguridad y libertad en las urbes estadounidenses de hoy.