El CDC en crisis: ¿Quién salvaguarda ahora la salud pública en EE.UU.?

El colapso de una institución histórica

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha sido durante más de 75 años el bastión de la salud pública de EE.UU., estableciendo recomendaciones sobre vacunación, recopilando datos esenciales y respondiendo ante crisis sanitarias como pandemias, brotes infecciosos y problemas de salud comunitarios. Sin embargo, en los últimos meses, este organismo con sede en Atlanta se ha visto sacudido por una crisis institucional sin precedentes.

Bajo la dirección del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., figura conocida por su postura antivacunas, el CDC ha sido objeto de una reestructuración radical que ha incluido despidos masivos, eliminación de divisiones completas, recortes presupuestarios y despido de su directora, Susan Monarez, junto a altos cargos.

La politización de la salud pública

Para muchos expertos, estas modificaciones exceden lo administrativo: suponen una politización de la salud pública sin precedentes. “El CDC se ha convertido en una herramienta política que promueve ideología en lugar de ciencia”, señalaron los gobernadores de Washington, Oregón y California en un comunicado conjunto, en el que anunciaron una alianza regional para salvaguardar las políticas sanitarias.

Vacunación: el epicentro del conflicto

Un punto álgido ha sido la decisión de Kennedy de retirar la recomendación de vacunas contra el COVID-19 para niños sanos y mujeres embarazadas. Esta medida se tomó sin consultar al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), un organismo independiente del CDC que tradicionalmente analiza los datos y formula recomendaciones vacunales.

Posteriormente, disolvió el comité y lo reemplazó con un grupo afín a su visión escéptica sobre las vacunas, cerrando al mismo tiempo la puerta a organizaciones médicas como la American Academy of Pediatrics o el American College of Obstetricians and Gynecologists.

Estas decisiones han provocado una fractura entre el gobierno federal y la comunidad médica, generando una lucha paralela por definir cuáles son las guías válidas de inmunización.

El surgimiento de alternativas: cuando la ciencia toma la iniciativa

Ante el vacío de liderazgo, comenzaron a surgir iniciativas fuera del aparato gubernamental. Desde universidades hasta asociaciones profesionales, se intenta preservar y replicar funciones fundamentales que hasta hace poco monopolizaba el CDC.

• Vaccine Integrity Project: impulsado por la Universidad de Minnesota, surgió como un espacio de información científica y debate riguroso sobre vacunas. Reuniendo expertos y replicando el formato del ACIP, aunque sin autoridad formal, este grupo busca influir en la toma de decisiones de médicos y aseguradoras.
• Vaccinefinder.org: liderado por investigadores del Hospital Infantil de Boston y Harvard, este sitio ha retomado funciones que antes cumplía vaccines.gov, ahora inoperativo bajo la administración corriente. Su objetivo es facilitar el acceso a vacunas mediante información clara y localización geográfica.
• Violence Prevention Solutions: luego de que 100 empleados fueran despedidos del área de prevención de violencia del CDC, exinvestigadores fundaron esta consultora para continuar asesorando a estados y comunidades en temas relacionados con prevención de violencia interpersonal.
• Instituto para Seguridad Odontológica: fundado por la Asociación para la Seguridad Dental, busca llenar el vacío que dejó el cierre de la División de Salud Bucodental del CDC. Su prioridad es actualizar las normas de prevención de infecciones en clínicas dentales, cuya última revisión fue en 2003.
• Alternativas estatales a PRAMS: tras la desaparición del sistema de monitoreo de embarazo PRAMS, algunos estados como California han comenzado a desarrollar sistemas propios. El problema es la falta de una base de datos nacional y estandarizada, lo que complica el análisis de la mortalidad materna a escala nacional.

La ofensiva ideológica en Florida

Mientras que las costas oeste y noreste intentan defender políticas sanitarias amparadas en la evidencia, en el estado de Florida, el gobierno de Ron DeSantis se ha propuesto eliminar todos los requisitos de vacunación infantil, incluyendo contra enfermedades como sarampión, polio, hepatitis B o varicela.

El cirujano general del estado, Joseph Ladapo, ha calificado las vacunaciones obligatorias como una forma de "esclavitud moderna": “No tienen derecho a decirte qué poner en tu cuerpo”, declaró.

Florida, además, anunció la creación de la comisión estatal Make America Healthy Again, que busca ampliar los derechos parentales y eliminar regulaciones sanitarias consideradas “ortodoxas” o invasivas.

La medida ha sido duramente criticada por la comunidad médica. La Sociedad Americana de Pediatría y la Asociación de Obstetras y Ginecólogos han reiterado su recomendación de que niños y embarazadas reciban vacunas contra el COVID-19 y otras enfermedades prevenibles.

Una fragmentación peligrosa

Lo que está surgiendo es un mosaico irregular de políticas sanitarias según el estado. Mientras California forma alianzas para resguardar evidencia científica, Florida desmantela políticas de inmunización probadas durante décadas.

“Si cada estado hace lo suyo, se pierde la coherencia nacional, y con ello se dificulta saber qué políticas están funcionando realmente”, advirtió Jamie Daw, investigadora de la Universidad de Columbia experta en salud materna.

La situación ha generado amplias interrogantes: ¿Qué pasará con los seguros médicos si no hay consenso en las guías vacunales? ¿Qué recomendaciones seguirán las escuelas ante brotes epidémicos? ¿Bajo qué datos se tomarán decisiones de salud a nivel federal?

El retorno a un modelo fragmentado pre-CDC

Estados como Nueva York, Washington, Oregón o California están recurriendo a alianzas interestatales y recomendaciones basadas en organismos científicos independientes para compensar la parálisis federal. Este fenómeno recuerda a épocas anteriores a la creación del CDC en 1946, cuando cada estado enfrentaba epidemias por separado, con resultados muchas veces ineficaces.

“La salud pública se basa en la coordinación, la prevención y el acceso a datos precisos y oportunos. Perder eso es jugar con fuego”, indicó el Dr. Dennis Worsham, Secretario de Salud del estado de Washington.

Mientras tanto, la administración federal insiste públicamente en que las decisiones sanitarias sí continuarán “basadas en evidencia sólida y ciencia de oro estándar”, aunque la realidad organizacional del CDC apunte en dirección opuesta.

¿Es viable un sistema de salud pública sin el CDC?

La respuesta parece ser que no… al menos no con el nivel de eficiencia, cobertura y universalidad que la situación epidemiológica exige. Las soluciones privadas y estatales pueden actuar como paliativos, pero no sustituyen al sistema articulado que lideraba el CDC.

“Puede haber parches, pero no es justo ni apropiado que la gente tenga que recurrir a entidades privadas en lugar del gobierno. Es como tener que reconstruir una autopista estatal con voluntarios y fondos de beneficencia”, sentenció la Dra. Megan Ranney, decana de la Escuela de Salud Pública de Yale.

Mientras Estados Unidos se adentra en la temporada de gripe y continúa lidiando con subvariantes del COVID-19, la incertidumbre sobre hacia dónde va su sistema de salud pública permanece más latente que nunca.