El Departamento de Justicia y la vigilancia electoral: tensiones federales en torno a la integridad del voto

La creciente intervención del Departamento de Justicia en procesos electorales

En los últimos años, la integridad de las elecciones en Estados Unidos se ha convertido en un tema central, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2020. A pesar de que múltiples organismos y cortes validaron los resultados, algunas teorías de fraude han persistido alimentadas desde las más altas esferas del poder político.

Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha solicitado acceder al equipamiento de votación utilizado durante las elecciones de 2020 en dos condados de Missouri. La petición fue enviada directamente a los county clerks o secretarios del condado correspondientes, específicamente a los de Jasper y McDonald. Ambos funcionarios rechazaron esta solicitud, invocando regulaciones estatales y federales que prohíben el acceso no autorizado.

Dominion Voting Systems: en el centro de la controversia

Una de las ironías en esta controversia radica en el hecho de que las solicitudes involucran equipos de Dominion Voting Systems, compañía que ha sido regularmente atacada por teorías conspirativas relacionadas con el supuesto fraude electoral en 2020. Dominion fue objeto de múltiples demandas por difamación, incluyendo una contra Fox News que terminó con un acuerdo financiero de 787.5 millones de dólares en 2023.

Estas teorías acusaban a Dominion de manipular votos a favor de Joe Biden sin ofrecer evidencia sustancial. Sin embargo, los tribunales, auditorías estatales y recuentos independientes concluyeron que no existió un patrón de fraude sistemático. Según el juez encargado de la demanda contra Fox News, era "cristalinamente evidente que ninguna de estas alegaciones era cierta".

¿Qué autoridad tiene el DOJ sobre el equipo electoral estatal?

David Becker, exabogado del DOJ y actual director del Center for Election Innovation & Research, dejó claro en una rueda de prensa: "El Departamento de Justicia no tiene autoridad sobre las máquinas de votación ni cuenta con la experiencia técnica necesaria para inspeccionarlas". No obstante, la movida federal ha generado inquietud entre los administradores electorales locales y expertos constitucionales.

La Constitución otorga a los estados la autoridad soberana para organizar sus elecciones. Así lo establece el Artículo I, Sección 4, Carta Magna. Esto se traduce en que organismos como los county clerks tienen el deber de resguardar, mantener y proteger el equipamiento, siguiendo estrictos estándares estatales y federales.

¿Una movida política de cara a las elecciones de 2026?

Varios analistas ven esta serie de solicitudes como parte de una estrategia de más largo alcance: supervisar e influir en el manejo de las elecciones de medio término que se celebrarán en 2026. Tras haber cuestionado continuamente su derrota de 2020, Donald Trump ha propuesto nuevos marcos de responsabilidad federal sobre procesos electorales que la Constitución actualmente no contempla.

El exsecretario de Estado de Missouri, Jay Ashcroft, fue mencionado en un memorando como mediador entre el DOJ y uno de los county clerks, sugiriendo incluso que el departamento podría recibir uno de los dispositivos y el estado se encargaría de reemplazarlo. El funcionario del condado declinó, diciendo que ya no poseía el equipo.

Una solicitud sin precedentes y rodeada de sospecha

Las solicitudes del DOJ no se han limitado a Missouri. De acuerdo con investigaciones del medio Missouri Independent y confirmaciones posteriores, la agencia federal ha intentado obtener registros de votantes en al menos 23 estados.

En estados como Minnesota y California, estas solicitudes han sido desestimadas bajo argumentos legales: cumplimiento irregular del Privacy Act por parte del DOJ, disposiciones estatales más estrictas sobre privacidad de datos o simplemente falta de jurisdicción. En respuesta, el DOJ ha emitido cartas de advertencia, incluso amenazando con demandas legales si no se les entregan los registros.

¿Un abuso de poder federal?

Expertos como Matt Crane, director ejecutivo de la Asociación de Secretarios Electorales de Colorado, han alzado la voz. Según declaraciones recientes, al menos 10 secretarios republicanos del estado recibieron llamadas de un supuesto representante de la Casa Blanca exigiendo acceso a las máquinas de votación, una acción considerada delito federal en Colorado si no se realiza con la debida autorización.

“Están colocando a los funcionarios electorales en una posición en la que podrían ser procesados penalmente”, expresó Crane.

Algunos de estos contactos fueron hechos por personas que decían estar vinculadas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que añade una capa adicional de preocupación sobre los alcances actuales del poder ejecutivo en la administración electoral.

Contexto socio-político de esta nueva cruzada electoral

Desde la contienda electoral de 2020, el debate sobre la transparencia y confiabilidad del sistema electoral se ha intensificado. Sin embargo, lo paradójico del escenario en Missouri es que fue un estado ganado por Donald Trump en tres elecciones consecutivas. ¿Por qué entonces tanto interés del DOJ en investigar allí?

Una posible respuesta es que la movida busca reforzar la narrativa de inseguridad electoral en todas las entidades, aún en aquellas que votaron masivamente por Trump. Creando la percepción de que el problema es sistémico, se puede justificar una reestructuración general de los procedimientos y leyes electorales, dejando abiertas las puertas para futuras intervenciones federales.

Un debate irresuelto: federalismo vs. centralismo electoral

Lo que está en juego aquí no es solo acceso a máquinas o registros, sino un enfrentamiento ideológico entre las competencias estatales y el deseo federal de mayor inspección. El modelo estadounidense siempre ha privilegiado la autonomía estatal en temas electorales como señal de su democracia descentralizada.

No obstante, la tensión aumenta cuando se percibe que agentes federales actúan impulsados por intereses políticos o agendas partidistas. ¿Qué garantías existen para que estas solicitudes sean verdaderamente imparciales y no respondan a campañas de desprestigio?

Cabe recordar que desde 2020 no se ha demostrado fraude electoral masivo en ninguna instancia judicial, ni a través de auditorías ni investigaciones estatales o independientes.

Una ofensiva que no se detendrá

Todo indica que esta ofensiva del Departamento de Justicia se mantendrá en los próximos años. Ya se están habilitando nuevas instalaciones de detención y ampliando infraestructuras militares con implicaciones político-electorales. Algunos expertos temen que entes que históricamente no han sido actores principales en los comicios terminen jugando un papel protagónico y, en el proceso, erosionen la confianza pública.

Lo que comenzó como una disputa sobre votos y equipos técnicos está mostrando una ambición de reformular la arquitectura electoral del país, mediante presión institucional y apelaciones al miedo.

Si bien es imprescindible garantizar procesos limpios y fiables, ello debe lograrse mediante respeto al Estado de derecho, fortalecimiento de instituciones locales y cooperación técnica; no con intervenciones federales que comprometen el marco constitucional. Tal como expresó Sherry Parks, presidenta de la Asociación de Secretarios Electorales de Missouri:

“La responsabilidad legal y procedimental de los equipos recae en los funcionarios locales; permitir acceso externo representaría violar tanto normas federales como estatales.”

El debate continúa, pero si algo ha quedado claro es que la confianza en las elecciones no se construye con amenazas ni teorías infundadas, sino con transparencia, legalidad y respeto a las competencias locales.