Idaho bajo fuego: el caso de Victor Perez y la urgente necesidad de una reforma policial

Una tragedia que sacude a Idaho

El 5 de abril de 2025, una cadena de eventos ocurrió en Pocatello, Idaho, que estremecería a la comunidad local y reavivaría un debate nacional: cuatro oficiales de policía abrieron fuego contra Victor Perez, un adolescente de 17 años autista y no verbal, que sostenía un cuchillo del otro lado de una cerca metálica. Menos de dos semanas después, Victor falleció tras una serie de cirugías que incluyeron la amputación de su pierna y la extracción de nueve balas de su cuerpo.

¿Qué sabían los oficiales?

Según el fiscal general del estado de Idaho, Raúl Labrador, los agentes no sabían que Victor era menor de edad ni que tenía una discapacidad. Según dijeron, habían recibido un reporte de un hombre intoxicado amenazando con un cuchillo. Sin embargo, el abogado de la familia, Ben Nisenbaum, argumenta que el comportamiento de Victor era claramente reconocible como el de una persona con discapacidad del desarrollo, y que los oficiales deberían haber actuado con mayor prudencia.

¿Actuaron correctamente los policías?

Las acciones policiales, captadas en video, han desatado indignación. Doce segundos después de salir de sus vehículos, los agentes dispararon 14 veces contra Victor. Uno de los oficiales tenía una escopeta de proyectiles de goma, pero aún así se dispararon balas reales a quemarropa. La distancia entre Victor y los oficiales era de solo 3.6 metros.

El video muestra a la familia de Victor —su madre, abuelo y hermana— intentando quitarle el cuchillo. La hermana incluso hizo gestos desesperados a los oficiales, tratando de alertarlos y evitar la tragedia. Sin embargo, los agentes centraron su atención únicamente en Victor desde el momento en que llegaron.

El veredicto del fiscal general

El fiscal general concluyó que los oficiales no enfrentarán cargos penales. Argumentó que actuaron en defensa de posibles víctimas, que no tenían la obligación legal de retirarse, y que no era viable demostrar más allá de una duda razonable que el uso de la fuerza fue injustificado.

En palabras del fiscal Labrador en su carta a la oficina del fiscal del condado de Bannock: “Los oficiales decidieron posicionarse frente a la cerca para proteger a los demás, lo cual los volvió vulnerables a un ataque con cuchillo por parte de alguien al otro lado”.

La respuesta de la familia

La familia de Victor no comparte esa visión. A través de su abogado, han interpuesto una demanda civil por homicidio culposo contra la ciudad de Pocatello. Nisenbaum ha sido contundente: “Cualquier persona razonable que hubiera visto la escena habría deducido que Victor sufría una discapacidad. Un paso atrás hubiera salvado una vida.”

Un patrón nacional de impunidad

Este caso se suma a una larga lista de situaciones similares en los Estados Unidos donde fuerzas policiales han matado a personas en crisis de salud mental o con discapacidades. Según el proyecto Mapping Police Violence, alrededor del 25% de las personas asesinadas por la policía en EE.UU. tienen algún tipo de discapacidad. Esto resalta una preocupante tendencia en la que el entrenamiento y la evaluación del contexto en intervenciones críticas siguen siendo profundamente inadecuados.

Otros casos similares: el eco de un sistema roto

• Elijah McClain (Colorado, 2019): Un joven afroamericano autista murió después de ser detenido por la policía mientras caminaba por la calle. El uso excesivo de la fuerza, incluyendo una llave de estrangulamiento, provocó su posterior fallecimiento.
• Kayden Clarke (Arizona, 2016): Hombre transexual y autista abatido en su propia casa tras llamar a la policía pidiendo ayuda durante un episodio depresivo.

¿Qué dice la ley de Idaho sobre el uso de la fuerza?

La legislación estatal permite que los oficiales de policía usen fuerza letal si creen de manera razonable que existe una amenaza inminente de daño para ellos o para otros. Sin embargo, expertos legales y en derechos civiles han señalado que esta definición de “razonabilidad” otorga una amplitud preocupante y abre caminos a la impunidad.

Entrenamiento policial: ¿suficiente?

Una de las preguntas centrales en este tipo de tragedias es el nivel y enfoque del entrenamiento policial. ¿Cuántos departamentos cuentan con oficiales especializados en salud mental? ¿Existen protocolos apropiados para intervenir sin recurrir inmediatamente a armas letales?

En muchos estados, incluidos California, Nueva York y Minnesota, se han implementado unidades de co-responders —equipo conjunto de policías y profesionales de salud mental— que han reducido drásticamente episodios fatales. Idaho, sin embargo, está rezagado en esta tendencia.

El poder del video: justicia bajo la lente

El material grabado, tanto por cámaras corporales como por testigos, se ha convertido en una herramienta crucial para visualizar más allá del discurso oficial. En el caso de Victor, el video fue clave para que la comunidad comenzara a cuestionar la cronología y la decisión de los disparos. La presión pública ha llevado algunos casos a revisión federal, como ocurrió con George Floyd en 2020.

La voz de la comunidad: protestas y peticiones

Desde la muerte de Victor, se han organizado vigilias, manifestaciones y peticiones en línea exigiendo reformas en la policía de Pocatello. Grupos de derechos civiles como la ACLU han pedido una auditoría independiente no solo del caso, sino también de los protocolos del departamento de policía.

Víctimas invisibles: discapacidades y sistemas preconcebidos

Uno de los elementos más alarmantes del caso es la invisibilidad de las discapacidades dentro del aparato policial. Victor era no verbal y su movilidad estaba afectada. Aun así, los oficiales —a 3.6 metros de distancia y protegidos por una reja— no buscaron otros métodos: ni contención segura, ni diálogo con familiares, ni mediación psicológica. Este punto es dolorosamente recurrente en EE.UU., donde más del 50% de los tiroteos fatales por parte de la policía acontecen en situaciones de crisis emocional o mental, según el Treatment Advocacy Center.

¿Y ahora qué?

El caso de Victor Perez reabre un campo minado de preguntas: ¿Qué protocolos existen para tratar con personas con discapacidades? ¿Bajo qué criterios se considera “justificado” abrir fuego? ¿Por qué sigue siendo tan escasa la presencia de expertos en salud mental en operativos policiales?

La respuesta institucional ha sido tajante. Pero para la familia de Victor —y miles más que han perdido seres queridos— la búsqueda de justicia apenas empieza.

Palabras finales: que su muerte no sea en vano

Victor Perez no hablaba con palabras. No necesitó hacerlo para mostrarnos que algo está profundamente roto en nuestro sistema de seguridad pública. El silencio de Victor, y los disparos que lo silenciaron para siempre, ahora hablan más fuerte que nunca.