Justicia en tela de juicio: el caso D’Vontaye Mitchell y la peligrosa delgada línea entre seguridad privada y abuso de poder

Cuando la noticia de la muerte de D’Vontaye Mitchell en un hotel de Milwaukee estalló en los medios, no fueron pocos los que lo asociaron inmediatamente con aquel trágico 25 de mayo de 2020: la muerte de George Floyd. Una vez más, la imagen de un hombre negro, reducido al suelo durante casi nueve minutos, hasta perder el aliento, se convirtió en símbolo de una justicia desigual, esta vez fuera del ámbito policial y dentro del de la seguridad privada.

El caso: lo que ocurrió el 30 de junio de 2024

D’Vontaye Mitchell, un hombre afroamericano, entró corriendo al lobby del Hyatt Regency de Milwaukee y, según las declaraciones de testigos, se refugió en el baño de mujeres. La situación, de por sí inusual, escaló rápidamente cuando varias empleadas del hotel y personal de seguridad intervinieron.

Cuatro empleados —Todd Erickson, Brandon Turner, Herbert Williamson y Devin Johnson-Carson— participaron en su retención. La secuencia de los hechos muestra a los trabajadores arrastrando a Mitchell fuera del baño y luego fuera del lobby. Allí lo sujetaron en el suelo, con al menos tres de ellos encima, inmovilizándolo durante más de ocho minutos. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, Mitchell no respiraba.

El forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia por compresión combinada con efectos tóxicos de metanfetamina y cocaína. Sin embargo, la implicación clave fue que su muerte fue categorizada como homicidio.

Sentencias y frustraciones familiares

En julio de 2024, el juez del Tribunal del Condado de Milwaukee, David Swanson, dictó sentencias sorprendentemente leves para los cuatro empleados:

• Todd Erickson: Condenado a dos años de prisión, pero la sentencia fue suspendida, y se le dio dos años de libertad condicional.
• Brandon Turner: Un año de prisión, también suspendido a favor de un año de libertad condicional.
• Herbert Williamson: 10 días de cárcel, ya cumplidos.
• Devin Johnson-Carson: 4 días de cárcel, también ya cumplidos.

Con estas resoluciones judiciales, nadie pasará un solo día más en prisión por la muerte de D’Vontaye Mitchell. La familia de la víctima expresó su desconcierto y dolor ante lo que consideran una bofetada a la cara de la justicia.

La peligrosa ambigüedad del poder en la seguridad privada

La figura del guardia de seguridad suele ser percibida como una extensión del orden, una garantía de protección, pero ¿qué ocurre cuando este poder se ejerce sin formación adecuada ni supervisión suficiente?

Según un informe de la National Employment Law Project, los guardias de seguridad en EE.UU. reciben, en promedio, entre 8 y 40 horas de entrenamiento, dependiendo del estado. Esto contrasta fuertemente con los más de 800 requeridos —aunque tampoco siempre suficientes— para agentes de policía. En muchos lugares, la supervisión es mínima, y la rendición de cuentas, casi inexistente.

En el caso del Hyatt Regency, los guardias no eran oficiales del orden. No estaban entrenados para lidiar con una crisis de salud mental o una persona intoxicada. Aun así, intervinieron físicamente con una intensidad que acabó en muerte.

Paralelismo inevitable: George Floyd

La muerte de George Floyd marcó un antes y un después en la consciencia pública sobre brutalidad policial. El observar nuevamente cómo un hombre yace inmovilizado y muere bajo una presión prolongada activó ese mismo recuerdo en la mente colectiva.

Ambos casos tienen similitudes inquietantes:

• Los detenidos eran hombres negros.
• Ambos fueron inmovilizados por tres o más personas durante más de ocho minutos.
• Ambos perdieron la vida por asfixia mientras pedían ayuda.

Lo que cambia es el contexto. Esta vez no fue una patrulla en Minneapolis, sino empleados de un hotel en Milwaukee. Pero ¿acaso eso debería cambiar la aplicación de la justicia?

¿Cuál es la responsabilidad del sector privado?

La empresa Ambridge Hospitality, que administra el Hyatt Regency, despidió a los empleados involucrados poco después del incidente. Sin embargo, ni la empresa ni la cadena Hyatt han sido objeto de sanciones penales, y el acuerdo económico con la familia Mitchell ha sido confidencial.

¿Puede la muerte de una persona bajo contención física justificarse como un procedimiento “de rutina” de seguridad? Este es el corazón del debate. La falta de consecuencias institucionales sugiere que el sistema permite zonas grises cuya existencia es inaceptable en una sociedad que proclama igualdad ante la ley.

El componente racial: una constante inquietante

D’Vontaye Mitchell era negro. Tres de los involucrados en su muerte también eran afroamericanos, mientras que uno era blanco. Esto no impide que el caso se inscriba en una narrativa racial.

Según el Mapping Police Violence, al menos 27% de los muertos por fuerzas policiales en EE.UU. en los últimos cinco años eran afroamericanos, a pesar de que solo representan el 13% de la población. Estos datos ilustran una inequidad sistémica que migra fácilmente a la seguridad privada, especialmente cuando los protocolos de acción replican el uso excesivo de la fuerza sin contexto.

¿Qué hacer con estos casos?

Casos como este exigen no solo justicia penal equitativa, sino también una revisión integral de cómo se entrena, regula y responsabiliza al personal de seguridad privada en EE.UU.

Algunas propuestas fundamentales incluyen:

• Formación obligatoria y extensa en manejo de crisis, desescalamiento y salud mental.
• Responsabilidad institucional: que las empresas sean responsables por negligencia o falta de formación.
• Supervisión externa en casos donde la muerte o daños graves ocurran por intervención privada.

Por ahora, la justicia ha hablado, pero su eco parece no haber resonado con la misma fuerza que en otros casos similares.

La indignación no se apaga: la lucha continúa

El eco de la muerte de D’Vontaye Mitchell resuena con fuerza en comunidades negras, activistas de derechos civiles y observadores nacionales e internacionales. ¿Cómo confiar en un sistema judicial que reacciona con tanta disparidad frente a muertes similares dependiendo del contexto laboral del agresor?

Las comparaciones con el caso Floyd son inevitables, pero lo más alarmante es que las lecciones de 2020 parecen haberse diluido. Como dijo una activista durante el velorio de Mitchell: “¿Cuántas veces más tenemos que morir para que nos escuchen?”

La lucha no es solo por justicia para Mitchell, sino por un sistema donde ninguna vida se pierda bajo presión sin consecuencias reales.