Justicia vs. ideología: el caso de la jueza Hannah Dugan y el drama judicial de la inmigración en EE.UU.

Un juicio que sacude a la judicatura local

La jueza Hannah Dugan de Wisconsin enfrentará juicio federal en diciembre, acusada de haber ayudado a un inmigrante a evadir a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) directamente desde su sala de audiencias. Este caso ha encendido una nueva llama en el debate ya inflamable entre el poder judicial local, las políticas del gobierno federal en materia migratoria, y los límites del poder judicial frente a decisiones de política pública.

¿Es esta una muestra de empatía convertida en delito? ¿O un intento federal de castigar el disenso judicial en tiempos de mano dura contra la migración?

Los cargos y la figura en el centro de la tormenta

Hannah Dugan, de 66 años, jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, fue arrestada en abril y acusada en mayo de dos delitos federales: ocultamiento de una persona para evitar arresto (un delito menor) y obstrucción a la justicia (un delito grave). Si es hallada culpable, Dugan podría enfrentar hasta seis años de cárcel y una multa de 350,000 dólares.

La acusación sostiene que el 18 de abril escoltó a Eduardo Flores-Ruiz —inmigrante sin estatus legal permanente— y a su abogado por una puerta trasera de su sala, después de saber que agentes de ICE estaban esperando para detenerlo. Agentes federales lograron detener a Flores-Ruiz tras una persecución afuera del juzgado.

Dugan ha negado los cargos y mantiene que actuó en el marco de sus atribuciones como jueza.

Contexto: la administración Trump y el choque con estados "santuarios"

Este caso no existe en el vacío. Se desarrolla en el contexto de la guerra institucional entre el gobierno del expresidente Donald Trump —con su política de "tolerancia cero" hacia los inmigrantes indocumentados— y estados u oficiales locales reacios a colaborar con deportaciones masivas. Durante el mandato de Trump, se buscó activamente confrontar y castigar a aquellas jurisdicciones y personas que minimizaran o resistieran esfuerzos de ICE.

El caso Dugan resucita ese espíritu punitivo, con algunos observadores señalando que el Departamento de Justicia está usando este juicio como advertencia a otros jueces que muestren simpatía hacia inmigrantes sin estatus legal.

¿Inmunidad judicial? El argumento descartado

Como defensa inicial, Dugan pidió que se desestimaran los cargos con el argumento de que posee inmunidad judicial, actuando en cumplimiento de sus deberes. Sin embargo, tanto el juez magistrado como el juez federal Lynn Adelman rechazaron la moción, permitiendo que el juicio proceda.

"En este punto procesal, no podemos simplemente asumir que sus actos estaban protegidos por inmunidad funcional —los hechos necesitan analizarse a través del proceso judicial", comentó el juez Adelman en su fallo.

Esto marca un precedente inquietante para los jueces locales y estatales cuyas decisiones —aun posteriormente justificadas judicialmente— pueden ser criminalizadas si contradicen una política federal dominante.

¿Es Dugan un chivo expiatorio?

El Partido Demócrata y organizaciones pro-inmigrantes han expresado su rechazo al caso, acusando al gobierno federal de buscar hacer de Dugan un ejemplo. La senadora Tammy Baldwin (D-WI) declaró en 2023: “La jueza Dugan merece un proceso justo, pero me preocupa ver esta criminalización de jueces que ejercen criterio humano frente a políticas migratorias inhumanas.”

Grupos como la ACLU señalan que este tipo de persecución penal tiene efectos escalofriantes en el sistema judicial: desincentiva a los jueces a proteger derechos individuales, temiendo represalias federales.

Lo que está en juego no es sólo el destino de una jueza, sino el equilibrio entre ley, empatía e ideología dentro del sistema judicial estadounidense.

Choques anteriores: Dugan no es la primera

No es la primera vez que funcionarios estatales enfrentan tensión con ICE. Entre 2017 y 2020, los llamados "estados santuario" y algunas ciudades (como San Francisco, Seattle o Nueva York) enfrentaron duras críticas y amenazas de retiro de financiamiento federal por parte de la Casa Blanca debido a sus políticas de no colaboración con ICE.

En 2018, el alcalde de Oakland, Libby Schaaf, fue públicamente condenado por el entonces fiscal general Jeff Sessions, por advertir a su comunidad sobre redadas de ICE. Aunque no fue enjuiciada, se abrió la puerta a considerar ilegales ese tipo de acciones.

Dugan, sin embargo, es la primera jueza estatal en ser encausada penalmente por supuestamente proteger a un inmigrante.

¿Qué dice la ley federal?

El delito de "ocultamiento para evitar arresto" está tipificado en el Título 8 del Código de EE.UU., Sección 1324, referido al transporte y albergue de extranjeros indocumentados. Tradicionalmente, se ha usado contra ciudadanos que transportan o esconden inmigrantes ilegalmente, pero muy raramente contra funcionarios judiciales en el contexto de sus deberes.

El uso de esta ley contra Dugan plantea la incómoda pregunta: ¿dónde termina el deber judicial y comienza la colaboración forzosa con el aparato represivo del Estado federal?

Un juicio mediático e inolvidable

El juicio está programado para el 15 de diciembre y durará alrededor de una semana. La selección del jurado comenzará el 11 y 12 de diciembre. El proceso, sin duda, llamará la atención de medios nacionales e internacionales, en especial dado el telón de fondo político y la implicación de derechos civiles.

La jueza Dugan fue suspendida con salario por la Corte Suprema de Wisconsin tras ser acusada. Aunque puede apelar en el futuro, ha decidido —por ahora— enfrentar el juicio sin impugnaciones adicionales.

Los observadores legales están divididos entre quienes creen que su juicio es una vendetta política, y quienes sostienen que sus acciones cruzaron una línea legal que ni siquiera el poder judicial puede ignorar.

¿Qué piensan los votantes?

En Wisconsin, estado clave en el ajedrez electoral estadounidense, la percepción pública sobre inmigración se ha vuelto más polarizada desde 2016. En una encuesta realizada en 2023 por Marquette Law School, un 62% de votantes demócratas apoyaban restricciones mínimas al accionar de ICE. En contraste, el 78% de votantes republicanos estaban a favor de permitir arrestos dentro de juzgados, iglesias o escuelas.

La figura de Dugan se ha convertido en un símbolo para ambos bandos: para unos, una mártir judicial; para otros, una amenaza a la aplicación de la ley federal.

Dugan, una figura compleja y formidable

Antes de convertirse en jueza, Hannah Dugan fue abogada de defensa pública y trabajó en causas de derechos civiles. Tiene una carrera de más de 30 años ligada al acceso a la justicia para poblaciones vulnerables, incluidos inmigrantes y minorías raciales.

Su historial ha sido constantemente progresista, lo que le ganó, desde el comienzo de su mandato, desconfianza de ciertos sectores conservadores del aparato judicial estatal y federal. La sospecha de que su acusación sea una forma de represalia ideológica, cobra sentido para muchos observadores.

El verdadero juicio: ¿legal o moral?

Mientras cientos de casos de deportación se ejecutan sin problemas cada día, la excepción generada por el procedimiento de Dugan nos obliga a cuestionar: ¿es moralmente aceptable criminalizar la compasión judicial?

Su juicio será también el juicio sobre hasta qué punto la autonomía del juez puede resistir a las exigencias de una política migratoria cada vez más agresiva y alineada con el miedo.

Lo que ocurra en Milwaukee este diciembre podría tener ecos en cada tribunal del país, redefiniendo las fronteras entre legalidad, humanidad y poder.