La cárcel entre cocodrilos: polémica, derechos humanos y ecología en el corazón de los Everglades

El complejo conocido como 'Alcatraz de los Cocodrilos' se convierte en un símbolo del choque entre justicia, migración y medioambiente en Estados Unidos

En lo profundo de los humedales de Florida, una prisión de inmigración improvisada —denominada irónicamente “Alligator Alcatraz”— se encuentra en el ojo del huracán legal, político y ambiental. Lo que comenzó como un intento controversial de colaborar con las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, terminó generando un intenso debate sobre derechos humanos, legalidad federal y conservación ambiental en una de las regiones ecológicas más frágiles de los Estados Unidos: los Everglades.

¿Qué es “Alligator Alcatraz”?

Oficialmente conocido como el South Detention Facility, este centro de detención fue construido en junio de 2025 por la administración del gobernador republicano Ron DeSantis. Se edificó sobre una pista de aterrizaje abandonada, en una parte remota y encharcada del suroeste de Florida. Rodeado por vegetación densa, aguas infestadas de caimanes y pantanos, el sitio fue elegido explicitamente como una medida disuasoria de escape, asemejándose a una versión moderna y tropical del infame Alcatraz californiano —de ahí su apodo.

Esta cárcel improvisada sirve como instalación de retención para migrantes detenidos por motivos administrativos. Según documentos judiciales, hasta cuatro agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) prestan servicio en el lugar, aunque el centro es oficialmente gestionado por el estado de Florida.

Los problemas de fondo: derechos legales y humanos

Grupos de abogados y organizaciones como la American Immigration Council o la Southern Poverty Law Center han denunciado duramente al centro. Una de las demandas clave alega que los detenidos no pueden tener comunicación privada con sus abogados, violando directamente la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU.

También se mencionan barreras logísticas: demoras en programar reuniones entre detenidos y defensores legales, imposibilidad de usar cabinas telefónicas privadas o videollamadas seguras, e incluso falta de acceso regular a servicios básicos. Según documentos judiciales, esta situación “impide un debido proceso justo para las personas recluidas”.

Sentencia medioambiental: el principio del fin (¿o no?)

En agosto de 2025, un tribunal federal encabezado por la jueza Kathleen Williams emitió una orden preliminar que impactó de lleno en la continuidad del centro: decretó que las operaciones debían ir apagándose antes de finales de octubre. Dicha medida fue producto de una demanda interpuesta por tres actores clave: Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee.

La denuncia se centró en que Florida no realizó una evaluación ambiental requerida por la legislación federal antes de construir la instalación. Este tipo de revisión es crucial en ecosistemas sensibles como el de los Everglades, una región catalogada como Reserva Internacional de la Biosfera por la UNESCO y considerada una de las más vulnerables ante el cambio climático.

¿Qué significa esta orden judicial?

La orden instruye el traslado progresivo de todos los migrantes detenidos a otros centros, así como la remoción de las estructuras instaladas (alambradas, torres de vigilancia, contenedores, etc.). Pero, hasta ahora, la instalación sigue operando parcialmente. Según abogados de los detenidos, el cumplimiento es lento y la cuestión aún no está resuelta.

Por su parte, gobiernos estatal y federal han apelado contra la decisión. Señalan que el gobierno federal no ha invertido directamente en el centro, y, por lo tanto, no se encuentra sujeto a las regulaciones ambientales federales. Florida, por su lado, indica que estarían tramitando fondos federales para apoyar operaciones, lo que contradice sus propios argumentos legales.

¿Quién manda aquí? El conflicto entre jurisdicciones

Uno de los elementos más intrigantes del caso es la ambigüedad respecto a quién tiene realmente el control del centro. Aunque opera bajo órdenes del estado de Florida, el hecho de que ICE (dependiente del Departamento de Seguridad Nacional) esté presente allí genera un limbo legal.

El gobierno federal afirma que no tiene injerencia directa porque no ha destinado recursos a la obra. Sin embargo, documentos en poder del tribunal constatan que el estado de Florida está solicitando fondos federales para algunas operaciones dentro del centro —una jugada ambigua que debilita la postura estatal.

Críticas al modelo DeSantis: detención como espectáculo político

La oposición política y diversos activistas han acusado al gobernador Ron DeSantis de utilizar el centro como un vehículo político antes de las elecciones primarias republicanas, donde planeaba posicionarse como sucesor del trumpismo.

“Crear una cárcel remota sin fundamento legal ni ambiental, sólo por motivos de ‘deterrencia visual’ tiene más de show político que de gestión migratoria eficiente”, sostuvo David Leopold, exasesor del Departamento de Justicia y abogado especializado en migración.

Además, se ha recordado que Donald Trump intentó, sin éxito, imponer una pregunta de ciudadanía en los formularios del censo de 2020, lo que probablemente generó miedo en las comunidades migrantes e influyó en acciones políticas como las de Florida.

Contexto demográfico y legal: ¿Quién es más vulnerable?

Según datos del Censo de EE. UU., más del 27% de la población de Florida es hispana, y alrededor del 20% de sus residentes nacieron fuera del país. Las comunidades vulnerables como inmigrantes en situación irregular, personas que no hablan inglés o individuos sin hogar frecuentemente quedan fuera del radar legal.

“El hecho de que estas personas sean detenidas y trasladadas sin garantías mínimas de derechos legales debería preocuparnos como sociedad democrática”, señaló la abogada Claudia Muñoz, de la organización Grassroots Leadership.

¿Un patrón estatal? El silencio ante el censo

La postura actual del gobierno de Florida contrasta con su escasa acción durante el censo de 2020. Mientras estados como Nueva York destinaron 60 millones de dólares a campañas para incentivar la participación ciudadana, y California invirtió 187 millones, Florida apenas hizo algo.

DeSantis formó una comisión estatal en enero de 2020 —a pocas semanas del inicio del censo— sin fondos ni atribuciones claras. Esto ha sido citado como una de las razones del subregistro del 3.5% de su población, según datos oficiales.

¿Un futuro incierto para la “Alcatraz de los Cocodrilos”?

Mientras se resuelven los múltiples procesos judiciales —el ambiental, el de derechos legales y sus apelaciones—, el centro continúa recibiendo detenidos, aunque en números menores. Organizaciones como la ACLU y RAICES siguen presionando por su cierre definitivo, mientras que Florida insiste en mantener su operación para “proteger la seguridad pública”.

¿Se convertirá este sitio en un símbolo de las guerras culturales estadounidense? ¿O quedará como una anécdota oscura sobre cómo no gestionar la migración y el medioambiente en conjunto? El tiempo, y los tribunales, lo dirán.