La masacre de Lewiston: una tragedia evitable y la responsabilidad del Ejército de EE.UU.

Una tragedia con múltiples alertas ignoradas

El 25 de octubre de 2023, el nombre de Robert Card quedó tristemente grabado en la historia de Estados Unidos. Ese día, el exreservista del Ejército abrió fuego en una bolera y un restaurante en Lewiston, Maine, asesinando a 18 personas e hiriendo a otras 13. Pocas veces en la historia reciente del país se ha vivido una tragedia colectiva tan impactante y con tantas señales previas de advertencia. Ahora, casi dos años después, los sobrevivientes y familias de las víctimas están demandando al gobierno federal por lo que consideran una falla sistemática del Ejército de Estados Unidos.

¿Un crimen anunciado?

Según la demanda presentada por más de 100 afectados, las señales de deterioro mental de Card eran conocidas por parte de diversos actores militares y civiles desde, al menos, comienzos de 2023. El exreservista padecía alucinaciones, paranoia y había manifestado deseos homicidas. Incluso había redactado una lista de posibles víctimas. Datos que, de haberse gestionado adecuadamente, podrían haber evitado esta tragedia.

El Ejército lo sabía todo

La demanda argumenta que el personal del Ejército era plenamente consciente de la condición de Card. En julio de 2023, fue hospitalizado en Nueva York por problemas mentales, durante un entrenamiento con cadetes en West Point. A pesar de su historial, no se le hizo seguimiento ni se verificó si estaba tomando la medicación prescrita. Ni siquiera se retiraron sus armas, a pesar de haberlo prometido a su familia.

"Desde marzo de 2023, el gobierno de EE.UU. sabía que Card era paranoico, violento y sin control de impulsos. También sabían que tenía acceso a armas de fuego y que debía ser desarmado, pero no cumplieron con su palabra", señala la querella.

Un mensaje que lo decía todo

El momento más crítico se produjo en septiembre de 2023, cuando un compañero reservista envió un mensaje de texto contundente:

"Creo que va a estallar y cometer un tiroteo masivo".

El mensaje, incluido en los documentos de la demanda, fue ignorado. Ninguna acción concreta se tomó después de esa advertencia, y apenas un mes más tarde Card perpetró uno de los peores tiroteos masivos en la historia del estado.

Un sistema militar en crisis

Tras los hechos, una comisión independiente designada por la gobernadora de Maine, Janet Mills, investigó el caso y llegó a una conclusión alarmante: hubo oportunidades de intervención suficientes por parte del Ejército y organismos civiles, todas desatendidas. La propia investigación del Ejército achacó el desastre a una cadena de fallos en la jerarquía de mando.

El informe fue tan contundente que provocó medidas disciplinarias contra tres altos dirigentes de la Reserva del Ejército. Uno de los principales críticos fue el teniente general Jody Daniels, quien dijo en su momento: "Hubo una serie de fallos del liderazgo de unidad que contribuyeron directamente a los hechos".

¿Quién cuida al cuidador?

Un factor agravante es que los encargados de monitorear y asistir médicamente a Card eran personal militar de bajo rango, sin el conocimiento o experiencia clínicos necesarios para lidiar con crisis mentales complejas. Las advertencias no subieron por la cadena de mando, ni se activaron protocolos internos estipulados por el propio Ejército.

"Desde el principio, el Ejército ignoró políticas obligatorias, reglamentos y procedimientos claros para estos casos", expresa la acusación. De hecho, el fallo más devastador fue la desconexión entre quienes sabían y quienes podían actuar.

Nuevas leyes, viejas batallas

Como respuesta a la masacre, el estado de Maine aprobó nuevas leyes de control de armas. Estas incluyen una ley de "bandera roja" que permite retirar armas a personas con conductas peligrosas, además de mejoras en los protocolos de verificación médica para poseer armas. Sin embargo, grupos defensores del derecho a portar armas han iniciado demandas contra estas nuevas normativas.

Según la Fundación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), las leyes son una "reacción emocional que atenta contra los derechos constitucionales". Por su parte, activistas contra la violencia con armas argumentan que “sin medidas de este tipo, la masacre de Lewiston se repetirá en otros lugares del país”.

Una lucha por justicia que recién empieza

El proceso legal que ahora emprenden las víctimas y sus familiares no es solo un pedido de compensación económica. Lo que buscan, principalmente, es que se reconozca la responsabilidad del gobierno y del Ejército en el peor tiroteo en la historia de Maine.

La abogada Mary Inman, representante de los demandantes, dijo recientemente: "Nuestros clientes sienten que se les falló en el momento donde más necesitaban protección, cuando todo era prevenible. El gobierno debe rendir cuentas".

¿Casos similares?

Este no es el primer caso en que se acusa a las fuerzas armadas estadounidenses por negligencia respecto a la salud mental de sus miembros. En 2009, el tiroteo en la base militar de Fort Hood dejó 13 muertos y 32 heridos, y fue llevado a cabo por el mayor Nidal Hasan, psiquiatra del Ejército, quien había mostrado comportamientos violentos y extremistas antes del atentado.

En 2014, un informe del Pentágono reveló que más del 20% de los soldados estadounidenses desplegados en Irak y Afganistán presentaban síntomas de trastornos mentales, y que la mayoría no había recibido atención médica adecuada. Este número sigue siendo preocupante en la actualidad: según datos del Departamento de Asuntos de Veteranos, el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte entre veteranos y reservistas.

Lo que sigue

Mientras avanza el proceso judicial, el caso se sigue debatiendo en la opinión pública. El tiroteo de Lewiston ha dejado cicatrices en la comunidad, pero también ha despertado una reflexión profunda sobre la salud mental, las armas y la responsabilidad institucional. Si se demuestra que los fallos del Ejército condujeron directamente a la masacre, podría sentar un precedente legal y ético sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la protección civil.

“Esta fue una tragedia anunciada que se pudo evitar si tan solo alguien hubiera actuado a tiempo”, dijo uno de los familiares durante una vigilia en memoria de las víctimas, cuyas fotografías aún decoran los muros cercanos al Schemengees Bar & Grille, uno de los escenarios del horror.

El dolor como motor de cambio

La comunidad de Lewiston, golpeada pero no vencida, busca sanar colectivamente. Las demandas no solo buscan justicia legal, sino también justicia moral. Porque ante tragedias prevenibles, la indiferencia institucional también mata.

La demanda busca poner el foco en algo que trasciende este caso específico: el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos, incluso de aquellos a quienes previamente armó y entrenó. Las víctimas y sus familias llevan la voz de miles que, como ellos, quieren que el precio del dolor sirva para evitar tragedias futuras.