Manipulación política y justicia federal: el polémico caso de Sigal Chattah en Nevada

Una designación bajo la lupa: ¿Quién es Sigal Chattah?

Sigal Chattah fue nombrada como fiscal federal interina por la administración de Donald Trump en el estado de Nevada, generando gran controversia no solo por el mecanismo de su designación, sino también por su historial político abiertamente partidista. Chattah, abogada y aliada reconocida del expresidente Trump, también se desempeñó como representante nacional del Partido Republicano por Nevada.

Su nombramiento ocurrió inicialmente bajo una figura legal que permite que el fiscal general interino ejerza sus funciones por sólo 120 días. Tras ese periodo, y sin pasar por el proceso constitucional de confirmación por el Senado, la administración Trump extendió su permanencia de facto durante otros 210 días. Este tipo de maniobra ha sido considerado por muchos juristas como una vulneración del Federal Vacancies Reform Act (Ley de Vacantes Federales), que establece las reglas para nombramientos interinos en cargos del gobierno federal.

El fuego cruzado legal: demandas e impugnaciones en Nevada

La Oficina del Defensor Público Federal en Nevada ha desatado una ofensiva judicial contra la continuidad de Chattah en el puesto. En tres procedimientos criminales diversos, los defensores públicos han solicitado a los jueces que anulen las acusaciones federales argumentando que Chattah no tenía legitimidad para ejercer como fiscal interina cuando se presentaron dichas imputaciones.

“El tribunal debe desestimar la acusación; como mínimo, debe descalificar a la Sra. Chattah de esta causa, así como a los abogados bajo su mando,” afirman los documentos judiciales presentados, los cuales buscan además que los jueces federales del distrito nombren a un fiscal interino legítimo.

El precedente en otros estados: ¿una estrategia nacional?

No es un fenómeno aislado. En New Jersey, una situación similar ocurrió cuando Alina Habba, también designada interinamente tras concluir su periodo permitido, fue declarada ilegalmente en funciones por una jueza federal. La administración de Trump reiteró su apoyo a estas funcionarias al margen del Senado, pero los tribunales han estado minando sistemáticamente estos nombramientos sin confirmación.

Estos conflictos reflejan un patrón: usar vacíos legales o interpretaciones laxas para evitar que el Senado tenga que confirmar a personas políticamente afines a una administración. Una estrategia que puede debilitar el sistema de frenos y contrapesos previsto por la Constitución de EE.UU.

Reacciones políticas: del rechazo demócrata al silencio de Chattah

Las senadoras demócratas de Nevada, Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, calificaron el nombramiento de Chattah como “inaceptable e ideológicamente extremista”. Ambas legisladoras han prometido bloquear cualquier intento por parte del gobierno de convertir su nombramiento en permanente vía el Senado.

Cuando fue preguntada por reporteros del Nevada Independent, Chattah colgó la llamada y evitó hacer declaraciones. Su silencio no ha impedido que la controversia aumente cada día más.

¿Qué dice la ley?: El Federal Vacancies Reform Act bajo el microscopio

El Federal Vacancies Reform Act de 1998 establece claramente que una persona puede ocupar un cargo interino durante un máximo de 210 días si no ha sido confirmada por el Senado. Además, para poder continuar en funciones, el individuo debe haber ocupado un cargo sénior en la misma agencia durante un período predefinido previo.

La oficina del defensor público argumenta que Chattah no cumple con ninguno de estos requisitos y que el Departamento de Justicia cometió una violación clara de la ley. La gravedad de la acusación no es menor: si se demuestra, abriría la puerta a que varias acusaciones y condenas federales pierdan su validez en Nevada.

¿Un acto deliberado o burocracia ineficaz?

Expertos legales discrepan sobre si estas designaciones representan un acto deliberado para evitar controles institucionales o, simplemente, una mala gestión administrativa en un entorno altamente politizado. En cualquier caso, el resultado es el mismo: se erosiona la legitimidad de las instituciones y se mina la confianza pública.

“Este tipo de designaciones transitorias sin límites temporales claros convierten a funcionarios interinos en autoridades permanentes de facto, sin el adecuado escrutinio democrático,” señala el profesor constitucionalista David Pozen de la Universidad de Columbia.

Historia reciente: Chattah y su intento fallido como procuradora general

En 2022, Sigal Chattah intentó convertirse en Fiscal General de Nevada como candidata republicana. Perdió las elecciones, pero no abandonó la política activa, posicionándose nuevamente como una jugadora clave del trumpismo local. Su nombramiento posterior como fiscal interina fue visto por muchos como parte de una recompensa política por su lealtad al movimiento conservador liderado por Trump.

El Senado: un obstáculo necesario y constitucional

Según el Artículo II, sección 2 de la Constitución de Estados Unidos, el Presidente tiene el poder de nombrar a personas en cargos públicos, pero con el “consejo y consentimiento del Senado.” Esta cláusula no es decorativa; su objetivo es prevenir abusos de poder ejecutivos y garantizar la idoneidad de los designados.

Evitar esta revisión sistemáticamente, como se alega en el caso de Chattah y otros fiscales interinos designados durante la era Trump, equivale a un ataque sutil contra el equilibro de poderes.

¿Qué sigue para Chattah y el sistema judicial federal?

Si los jueces federales de Nevada aceptan las impugnaciones del defensor público, esto podría significar no solo el fin de Chattah como fiscal interina, sino también la anulación de varios procesos penales importantes. Esto crearía una jurisprudencia influyente que afecte prácticas similares en otros estados.

La atención ahora está en la Corte Federal del Distrito de Nevada, cuyos jueces deben decidir si seguirán adelante con estos casos, descalificarán a Chattah o incluso anularán acusaciones ya formuladas.

Como telón de fondo, se encuentra una nación profundamente dividida, en la que incluso la administración de justicia ha sido arrastrada al campo de batalla partidista.

Un síntoma de un problema mayor

El caso de Sigal Chattah en realidad es solo la punta del iceberg. Representa una tendencia más amplia en la política estadounidense, donde mecanismos institucionales diseñados para garantizar equilibrio y responsabilidad están siendo torcidos bajo presión partidista.

Ya sea a través de nombramientos cuestionables, redistritaciones manipuladas o infiltración política en puestos judiciales, lo que está en juego no es solo el destino de una fiscal, sino la credibilidad misma del sistema judicial federal.

La ciudadanía, ahora más que nunca, necesita estar alerta y exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto por los procesos democráticos. Porque cuando la justicia se convierte en un instrumento del poder y no en su límite, la democracia pierde su esencia.