Texas vs. el aborto medicado: ¿justicia para el no nacido o vigilancia reproductiva cruzando fronteras?

Texas endurece su cruzada contra el aborto: ciudadanos armados con demandas

El estado de Texas se está preparando para entrar en aguas legales inexploradas aprobando una propuesta legislativa que permitiría a sus residentes demandar a proveedores de píldoras abortivas ubicados fuera de su jurisdicción. Esta medida, que ya está en el escritorio del gobernador republicano Greg Abbott para su aprobación final, está destinada a reforzar una de las prohibiciones más estrictas sobre el aborto en Estados Unidos desde que la Corte Suprema revocara Roe v. Wade en 2022.

Pero lo que realmente distingue a esta iniciativa es que extiende su alcance más allá de las fronteras estatales, introduciendo un modelo de vigilantismo legal transfronterizo que podría sentar un precedente nacional. Esta legislación no solo está impulsando una nueva manera de regular el acceso al aborto, sino también poniendo a prueba los límites del federalismo estadounidense.

¿De qué trata exactamente esta ley?

La nueva iniciativa permitiría que cualquier residente de Texas pueda presentar demandas civiles contra quienes fabriquen, transporten o distribuyan medicamentos abortivos a personas dentro del estado. Los acusados podrían ser condenados a pagar hasta $100,000. Sin embargo, el pago total solo estaría disponible para personas directamente relacionadas con la paciente —como ella misma, el hombre que la embarazó o sus familiares cercanos— mientras que otros demandantes recibirían $10,000 y el resto se destinaría a organizaciones benéficas.

La ley exime expresamente de responsabilidad a las mujeres que tomen los medicamentos para sí mismas. Además, contempla protecciones para las mujeres en situaciones de abuso o agresión sexual: los agresores no podrán beneficiarse de la demanda.

Un modelo legal ya probado: el precedente de 2021

Texas ha estado a la vanguardia de la legislación antiaborto en esta década. En 2021 ya había introducido una ley pionera que permitía a los ciudadanos demandar a quienes facilitaran abortos después de la sexta semana de embarazo. Esa vez, sin embargo, las demandas se limitaban a conductas ocurridas dentro del estado.

El modelo funciona a través de la externalización del cumplimiento legal a ciudadanos privados, una estrategia que, al menos temporalmente, había logrado evadir la revisión judicial efectiva por tratarse de litigios civiles privados sin acción directa del Estado.

¿Por qué apuntar a los proveedores fuera de Texas?

A pesar de la prohibición total del aborto en Texas desde 2022, el número de abortos ha aumentado a nivel nacional gracias a la disponibilidad de píldoras abortivas, especialmente mifepristona y misoprostol. Según un informe de 2023 del Instituto Guttmacher, más del 54% de los abortos en Estados Unidos fueron medicados, un porcentaje que ha seguido subiendo.

Esta facilidad de acceso ha sido impulsada por proveedores en estados liderados por demócratas, que permiten el uso de telemedicina para enviar medicamentos abortivos a pacientes en otros estados. Al menos ocho estados —incluyendo California, Nueva York y Massachusetts— han promulgado leyes escudo (shield laws) para proteger a sus médicos de consecuencias legales externas.

“Un efecto paralizante”: la guerra legal entre estados

La directora ejecutiva de Fund Texas Choice, Anna Rupani, lo deja claro: “Esto es sobre el efecto paralizante. Es otro intento de control estatal sobre la salud reproductiva de las personas.”

El término “efecto paralizante” o chilling effect se refiere al miedo generado en los proveedores fuera de Texas, quienes al enfrentarse a riesgos legales y financieros personales, podrían abstenerse de ofrecer servicios incluso si están completamente protegidos por las leyes de sus propios estados. De este modo, Texas logra indirectamente desmantelar el acceso al aborto incluso fuera de su territorio.

Caso judicial reciente: el ejemplo de la doctora de Nueva York

En un caso que anticipa lo que puede venir, una jueza de Texas impuso una multa de más de $100,000 a la doctora Maggie Carpenter, radicada en Nueva York, por enviar píldoras abortivas a una mujer en Texas. Además, enfrenta cargos criminales de un fiscal en Luisiana por acciones similares.

Sin embargo, las autoridades de Nueva York, haciendo uso de sus leyes escudo, se niegan a extraditarla o hacer cumplir las sanciones. Esta batalla entre estados plantea una grave tensión legal que pone a prueba los fundamentos del pacto federal estadounidense.

¿El principio del fin para la mifepristona?

No satisfechos con las demandas individuales, los fiscales generales de Texas, Florida, Idaho, Kansas y Misuri están intentando invalidar la autorización federal de la mifepristona, otorgada por la FDA en el año 2000, y confirmada nuevamente en 2016.

Estos fiscales argumentan preocupaciones de seguridad, aunque organizaciones médicas líderes como el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos insisten en que los medicamentos son seguros y eficaces. Según su postura, las complicaciones ocurren en menos del 1% de los casos y son significativamente menores que otras intervenciones médicas comunes.

¿Puede la ley sobrevivir una revisión constitucional?

Aunque la propuesta todavía debe ser firmada por el gobernador Abbott, ya están en marcha los preparativos para desafíos legales constitucionales. Expertos en derecho como Elizabeth Sepper, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, opinan que las leyes que cruzan fronteras estatales podrían violar las protecciones del comercio interestatal y los derechos básicos de privacidad.

“Texas no puede dictar políticas para California o Nueva York. Este tipo de legislación plantea serios problemas jurisdiccionales y de separación de poderes”, afirmó Sepper en una entrevista con NPR.

Vigilantismo y salud pública: una combinación peligrosa

Transformar a los ciudadanos en agentes de cumplimiento jurídico marca un cambio radical en cómo opera la justicia en el ámbito reproductivo. Este modelo, catalogado como vigilante por sus críticos, es especialmente peligroso en el contexto de decisiones médicas íntimas y legalmente controvertidas.

Además de potencialmente incentivar denuncias falsas o motivadas por rencores personales, existe el riesgo de que se dañe la confianza en el sistema médico, particularmente entre mujeres que viven en situaciones de violencia o vulnerabilidad.

El costo humano de la pelea legal

Detrás de la polémica está la vida de mujeres concretas. El acceso restringido a medicamentos abortivos puede obligar a muchas a viajar cientos de kilómetros o cruzar fronteras estatales. Otras incluso recurren a soluciones clandestinas sin supervisión médica, lo que eleva riesgos de salud severos.

Según Planned Parenthood, desde la prohibición total en Texas en 2022, más de 40,000 mujeres han viajado fuera del estado para obtener cuidados reproductivos. Y se estima que muchas más simplemente no tienen los recursos para hacerlo.

De la moral al derecho: ¿quién decide?

La discusión sobre el aborto sigue agrietando a Estados Unidos, pero el caso texano va más allá del dilema moral. Se trata, también, de un nuevo modo de legislar sobre cuerpos y decisiones privadas, con implicaciones legales y éticas profundas.

Lo que ocurra con esta ley, ya sea su aplicación o su eventual revocación en tribunales, sentará un precedente monumental. De momento, el derecho al aborto medicado en Estados Unidos camina sobre una cuerda floja, amenazada por reglas que trascienden fronteras, privacidad y autonomía individual.

¿El futuro?

Si la medida entra en vigencia y sobrevive la revisión constitucional, es probable que otros estados conservadores copien el modelo. Una nueva frontera en la guerra del aborto se estará trazando, una no delimitada por mapas políticos sino por sistemas legales enfrentados.

Más sobre los derechos reproductivos y la legislación estatal (ACLU)