Choques de poder en Washington: ¿Justicia o persecución política en la era Trump?

Un sistema judicial bajo presión

En las últimas semanas, la vida judicial en Washington se ha convertido en un torbellino de tensiones, acusaciones cruzadas e intervenciones políticas. La intervención del presidente Donald Trump mediante una operación federal que ha resultado en más de 1,800 arrestos en apenas un mes ha generado un alud de críticas, especialmente por parte del juez federal Zia Faruqui. Este último ha acusado sin tapujos a la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro de abusar del sistema e irrespetar los derechos civiles fundamentales.

La gota que colmó el vaso fue el caso de Edward Alexander Dana, detenido tras amenazar supuestamente con matar a Trump. Luego de pasar más de una semana en la cárcel, el gran jurado se negó a imputarlo. El juez Faruqui, visiblemente molesto, no solo desestimó el caso federal, sino que criticó duramente la manera en que Pirro ha manejado la estrategia de imputación.

La operación judicial de Trump: ¿Seguridad o exceso?

La Casa Blanca celebra los datos: más de 1,800 arrestos desde el 7 de agosto en lo que consideran un esfuerzo por “restaurar la ley y el orden” en Washington. No obstante, la pregunta que flota en el ambiente judicial es: ¿a qué precio?

El juez Faruqui expresó durante una audiencia: “¿Dónde están las estadísticas de las personas detenidas ilegalmente?”. Sus críticas reflejan una preocupación creciente: casos que no cumplen criterios federales están siendo elevados innecesariamente, saturando los tribunales y reteniendo a individuos sin justificación sólida.

El caso que desató el escándalo

Edward Dana fue arrestado inicialmente por un daño menor: romper una lámpara en un restaurante. Posteriormente, mientras era transportado por la policía y bajo los efectos del alcohol, realizó comentarios amenazantes hacia el presidente Trump. A pesar de tratarse de una declaración hiperbólica y carente de planificación o medios, el caso fue remitido al Tribunal Federal de Distrito por la oficina de Pirro.

La defensa, encabezada por Elizabeth Mullin, cuestionó duramente la imputación: “Un joven de 15 años sabría que este caso no pertenece a una corte federal”. El gran jurado coincidió, negándose a emitir una acusación formal, algo extremadamente raro en el ámbito federal.

Fiscalía vs. Juez: Guerra abierta

Lejos de apaciguar tensiones, Pirro respondió con fuerza a la reprimenda del juez. Acusó a Faruqui de permitir que sus inclinaciones políticas nublen su juicio legal y lo tildó de ser lo opuesto al orden y la justicia: “Este juez ha demostrado su lealtad a quienes violan la ley y portan armas ilegales”.

Por su parte, Faruqui criticó el silencio de la fiscal y su equipo directivo: “No tienen la dignidad de venir aquí y explicar sus decisiones. Eso es lo que hacen los líderes”.

La rareza del gran jurado en rebeldía

Para ponerlo en contexto, que un gran jurado se niegue a acusar en un caso presentado por la fiscalía federal es sumamente inusual: un estudio de 2010 del National Review reportó que más del 99% de los casos presentados ante un gran jurado terminan en acusaciones. Sin embargo, desde que comenzó esta operación especial en Washington, al menos cinco casos han tenido la misma suerte: el gran jurado se negó a actuar.

¿Estamos ante un quiebre en la relación entre justicia federal y poder ejecutivo? ¿O es una muestra de que el sistema de controles y contrapesos aún funciona?

La bóveda del poder: el nuevo salón de baile de Trump

Sumado a los conflictos judiciales, otra controversia ha ganado fuerza: la construcción de un salón de baile de 90,000 pies cuadrados (8,400 m²) en la Casa Blanca, impulsada personalmente por el presidente Trump. Su costo estimado: 200 millones de dólares.

Will Scharf, secretario del personal de la Casa Blanca y cabeza de la Comisión Nacional de Planificación del Capitolio, anunció que no se requerirá la aprobación de esta comisión para iniciar la demolición y preparación del sitio. “Lo que revisamos es la construcción vertical. La demolición no es de nuestra incumbencia”, aseguró Scharf.

Este megaproyecto, descrito como “uno de los más emocionantes en la historia moderna del distrito”, marcará la primera gran modificación estructural en la Casa Blanca desde la instalación del Balcón Truman en 1948.

¿Estética o narcisismo?

La visión de Trump para este salón incluye elementos inspirados en su mansión de Mar-a-Lago: patios con piedras estilo mediterráneo, altavoces exteriores y mesas con sombrillas. Para algunos, esto representa una democratización del “estilo Trump”; para otros, un uso indebido del patrimonio nacional para satisfacer deseos personales.

Desde su regreso al poder, Trump no solo ha redecorado la Oficina Oval con dorados y retratos antiguos, sino que ha instalado mástiles gigantes para las banderas estadounidenses en los jardines norte y sur. Estas acciones han despertado tanto admiración como críticas, recordando la eterna dicotomía que rodea al presidente: ¿artífice de modernización o figura de culto egocéntrico?

Choque con la Reserva Federal

Durante la misma reunión del organismo de planificación, Scharf también dejó ver su frustración con la Reserva Federal, acusándola de ejecutar remodelaciones sin haber pedido la aprobación del comité. El proyecto en cuestión ha superado ampliamente su presupuesto original, lo que ha sido usado por Trump como un nuevo argumento para exigir la renuncia del presidente del organismo, Jerome Powell.

“Podrían construir un parque de diversiones en su edificio y nadie diría nada”, lanzó Scharf con sarcasmo, anticipando una carta formal a la Fed para expresar sus “serias preocupaciones”.

La salud como campo de batalla

Paralelamente, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, anunció una nueva medida para blindar el acceso a vacunas en su estado. Las aseguradoras privadas deberán cubrir todas las vacunas recomendadas por el Departamento de Salud estatal, incluso si estas pierden el respaldo del CDC federal.

Esta medida se produce tras los cambios radicales promovidos por Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud designado por Trump, quien ha despedido a la directora de los CDC y recortado significativamente su influencia. En palabras de Healey: “No permitiremos que Donald Trump ni Robert Kennedy se interpongan entre el médico y el paciente”.

Las vacunas cubiertas incluirán las relacionadas con virus respiratorios como COVID-19, gripe y RSV, además de las vacunas infantiles tradicionales como sarampión y hepatitis B. Massachusetts se posiciona así como uno de los estados que busca actuar independientemente ante una incertidumbre nacional creciente respecto a la salud pública.

¿Politización o restauración?

Todos estos episodios —el asedio judicial, el nuevo salón de baile, los conflictos con la Reserva Federal y las tensiones sanitarias— recuerdan una constante de la era Trump: su capacidad para transformar instituciones en arenas de batalla política. Mientras algunos ven en sus decisiones el ejercicio legítimo del poder presidencial, otros lo acusan de estar pervirtiendo el propósito original de la justicia, la salud pública y la planeación nacional.

En palabras del juez Faruqui: “Esto no tiene precedentes”. Y quizás eso resume toda esta etapa en Washington: un tiempo de rupturas, redefiniciones y, para bien o mal, cambios tan profundos como controversiales.