Cuando el trabajo se convierte en un campo de batalla: empleados trans y no binarios enfrentan un Gobierno que los borra

Una administración hostil: de la inclusión al borrado sistemático

Marc Seawright dedicó más de ocho años de su vida profesional a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de Estados Unidos. Su misión era clara: fomentar un entorno de trabajo libre de discriminación y acoso. Pero alcanzado por una serie de órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump tras regresar a la Casa Blanca, su mundo dio un vuelco. Lo que antes era una labor de justicia se transformó en una maquinaria orientada a censurar identidades LGBTQ+ del entorno gubernamental.

“De pronto, mi experiencia tecnológica se estaba utilizando para perpetuar la discriminación contra personas como yo”, confiesa Seawright. Tras años de servicio, renunció a su cargo en junio, denunciando un ambiente laboral hostil e insostenible.

Su testimonio forma parte del de una decena de empleados federales transgénero y de género no conforme que compartieron sus vivencias con reporteros de medios nacionales. Las historias revelan una realidad preocupante: una fuerza laboral que ahora opera con miedo, frustración y desamparo frente a un gobierno cuya política parece rechazar abiertamente su existencia.

Un retroceso legal sin precedentes

Desde el 20 de enero de su regreso al poder, el segundo mandato de Trump ha estado marcado por la revocación sistemática de políticas pro-LGBTQ+. Entre las más polémicas se incluyen:

• La reinstauración de la prohibición para que personas trans sirvan en el ejército.
• El desmantelamiento de contenido pro-LGBTQ+ en portales gubernamentales.
• Órdenes ejecutivas que definen “sexo” exclusivamente como masculino o femenino biológico.
• La eliminación de coberturas de salud para tratamientos de afirmación de género a partir del año 2026.

Los efectos no tardaron en sentirse en las estructuras burocráticas, donde empleados como Jadwiga Baranowski, especialista contratista del Ejército en Iowa, se vieron súbitamente marginados por su identidad. Aunque todavía tiene acceso a terapia hormonal, la normativa impedirá que intervenciones quirúrgicas o medicamentos complementarios sean cubiertos por el seguro federal.

“Esto es completamente devastador. Parte de lo que me hace querer trabajar para el gobierno es justamente el acceso a salud de calidad. Ahora ya no sé qué futuro tengo aquí”, afirma Baranowski.

La “defensa” del género binario: ¿protección o exclusión?

Las autoridades han defendido estas medidas bajo la bandera de la protección de mujeres y niñas. Según la orden ejecutiva de Trump, los esfuerzos por “erradicar la realidad biológica del sexo” constituyen un ataque a la dignidad y la seguridad del sexo femenino.

La organización Independent Women, que respalda la orden presidencial, sostiene que permitir la definición de género por identidad puede llevar a “la desaparición de los derechos de las mujeres”. Beth Parlato, asesora legal del grupo, asegura que su enfoque incluye soluciones prácticas, como baños unipersonales, para personas con disforia de género. “Lo entendemos, y sentimos empatía, pero debemos proteger los espacios reservados para mujeres”, declaró.

Sin embargo, activistas y expertos en derechos civiles contradictan estos argumentos. Brad Sears, académico de la Facultad de Derecho de UCLA y especialista en políticas LGTBQ+, alerta sobre lo que considera un intento deliberado de borrar a las personas trans de la vida pública.

“Es una campaña orquestada a nivel gubernamental”, señala Sears. “Y el lugar de trabajo federal se ha vuelto cada vez más inhóspito para quienes siguen aquí”.

Repercusiones en la salud mental y profesional

La historia de Marc Seawright ilustra con crudeza el impacto emocional de este clima de exclusión. Como director de gobernanza tecnológica de la EEOC, desarrolló una aplicación que permitía a los empleados mostrar sus pronombres en sus perfiles oficiales. El proyecto recibió elogios y fue solicitado por otras agencias federales.

Tras la firma de las nuevas políticas, la presidenta interina de la EEOC, Andrea Lucas, ordenó retirar la aplicación. Seawright se vio entonces forzado a trabajar en la eliminación de todo contenido que hiciera referencia a identidades LGBTQ+ de los portales de la agencia.

“Había invertido años en construir una herramienta de inclusión... y de pronto fui parte activa de su desmontaje”, afirma. Agotado emocionalmente, solicitó una licencia por salud mental y eventualmente renunció. En su carta de dimisión citó ansiedad, insomnio y depresión provocados por el accionar anti-trans de su superiora.

Un baño, una batalla cotidiana

Para LeAnne Withrow, veterana del ejército y ahora trabajadora federal en Illinois, las políticas han derivado en problemas tan básicos como el acceso a un baño. A sus 34 años, Withrow solicitó usar el baño de mujeres, a lo cual la agencia respondió negativamente tras interpretaciones de la orden ejecutiva de Trump. En muchas locaciones sin baños unisex, debe conducir 45 minutos hasta un McDonald’s cercano.

“Es denigrante y doloroso sentarse a calcular cuánto me costará una simple pausa para ir al baño”, declaró. Actualmente, Withrow está acompañada por la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) en una demanda colectiva por discriminación sexual.

“Siento que es un sistema diseñado para hacernos desistir, para hacernos renunciar”, confiesa.

Estadísticas que revelan una realidad extendida

Incluso antes de la reelección de Trump, un 30% de los adultos trans en EE.UU. reportaban haber sido tratados injustamente por su orientación o identidad de género en procesos de contratación, salarios o promociones (Fuente: Pew Research Center).

La falta de una vía clara de recurso agrava aún más el problema. A diferencia del sector privado, los empleados federales están sujetos directamente al presidente como jefe ejecutivo, lo que expone a estos trabajadores a políticas discriminatorias sin protecciones efectivas.

Una elección moral: permanecer o partir

Pese a las dificultades, muchos trabajadores trans siguen aferrados a sus funciones dentro del gobierno. Es una decisión teñida tanto de vocación como de resistencia. “Nos centraremos en cumplir con los objetivos de nuestra labor y demostrar, con hechos, que pertenecemos aquí”, afirma Withrow.

Para activistas como Olivia Hunt, directora de política federal de Advocates for Trans Equality, el gobierno ha dejado de ser un ejemplo de equidad. En su opinión, la administración ha optado por atacar a empleados trans porque están dentro de su alcance directo.

“Es un patrón claro: imponer su voluntad allí donde pueden, comenzando por aquellos que están más cerca: los trabajadores federales”, sostiene Hunt.

Los rostros detrás de estas historias no son un grupo homogéneo; vienen de distintas regiones, cuerpos armados, agencias civiles y orígenes culturales. Pero comparten una misma lucha: ser reconocidos y respetados como ciudadanos que cumplen con su trabajo, no como enemigos de un sistema que se ha olvidado de protegerlos.