Google, privacidad y millones en juego: el caso que sacude a Silicon Valley

Privacidad digital: del mito a la realidad legal

El gigante tecnológico Google se enfrenta a una sentencia histórica: un jurado federal en San Francisco ha ordenado a la compañía pagar $425.7 millones de dólares por violar leyes de privacidad en California al rastrear en secreto la actividad en línea de usuarios que creían haber desactivado la personalización de anuncios.

Este veredicto cubre cerca de 98 millones de dispositivos móviles en uso entre 2016 y 2024 en Estados Unidos. El cálculo final representa una cifra modesta —aproximadamente $4 por dispositivo— si lo comparamos con las ganancias que Google podría haber generado mediante esta recolección de datos no autorizada. Sin embargo, su impacto simbólico y legal apunta a una posible redefinición de la privacidad digital en el país.

¿Qué pasó realmente?

De acuerdo con los abogados de la demanda colectiva, Google rastreó e interpretó la actividad digital de los usuarios a pesar de que estos habían activado controles de privacidad que se suponía debían impedirlo. Esta información se habría utilizado para vender publicidad más precisa, generando miles de millones de dólares para el conglomerado tecnológico.

El jurado no aceptó la defensa de Google que argumentaba que sus herramientas de privacidad eran claras y ofrecían control real a los usuarios. Como respuesta al fallo, José Castañeda, portavoz de la empresa, declaró que “esta decisión malinterpreta cómo funcionan nuestros productos y apelaremos”.

Esta respuesta forma parte del patrón de defensa constante que Silicon Valley ha seguido en cuestiones de privacidad: negar la recolección encubierta, argumentar transparencia, y afirmar cumplimiento legal.

Un fallo que puede marcar precedente

John Yanchunis, uno de los abogados demandantes, celebró el resultado como una victoria para los derechos de los consumidores: “Esperamos que este fallo envíe un mensaje a la industria tecnológica de que los estadounidenses no se quedarán de brazos cruzados mientras su información es recopilada y monetizada sin su consentimiento”, afirmó.

El veredicto llega en un contexto extremadamente delicado para Google, ya que la empresa logró evitar, apenas un día antes, que el Departamento de Justicia de EE.UU. la fragmentara en una decisión de un juicio antimonopolio en Washington, D.C. Aunque fueron ordenadas algunas medidas como compartir información con competidores, se le permitió conservar sus operaciones clave.

La privacidad se convierte en negocio

El modelo de negocios de Google, como el de muchas grandes tecnológicas, se sostiene sobre la base de la recolección de datos. El conocimiento detallado de los intereses, ubicaciones y comportamientos de los usuarios permite ofrecer publicidad dirigida con una eficiencia sin precedentes.

• En 2023, Google generó más de $237 mil millones solo en ingresos publicitarios.
• Su sistema de anuncios personalizados, impulsado por inteligencia artificial y minería de datos, representa el 89% de sus ganancias globales.
• Se estima que cada usuario aporta entre $150 y $300 dólares anuales en datos, dependiendo de su actividad.

Lo esencial aquí es que la mayoría de los usuarios no comprende el alcance de esta vigilancia ni tiene mecanismos suficientes —técnicos o legales— para contrarrestarla.

¿Qué significa desactivar la personalización?

Los términos como "modo incógnito", "desactivar historial de ubicaciones" o "anuncios no personalizados" son fundamentales para la experiencia de usuario. Sin embargo, informes previos han demostrado que estos modos no impiden necesariamente que se recopilen datos, como información de navegación, ubicación o uso de apps.

En 2022, una investigación de Associated Press reveló que, incluso al desactivar el historial de ubicaciones, Google seguía rastreando las posiciones de los usuarios a través de aplicaciones como Google Maps y el asistente de voz.

Esto refuerza la percepción de un consentimiento ilusorio y empañado por la opacidad en las configuraciones de privacidad.

Californians versus Google: una batalla desigual

El juicio de San Francisco se apoya en la Ley de Privacidad de California (CCPA), una de las más estrictas del país. Esta legislación, aprobada en 2018 y en vigor desde 2020, otorga a los residentes el derecho a saber qué información se recopila, a rechazar la venta de sus datos, y a que estos sean eliminados bajo ciertas condiciones.

Pese a ello, la implementación efectiva de la ley aún enfrenta obstáculos. La aplicación ha sido parcial, y depende de organismos con recursos limitados frente a corporaciones multinacionales colosales.

Otras fugas de privacidad en Alphabet

Este no es el primer escándalo que enfrenta Alphabet, la empresa matriz de Google. Algunos casos memorables:

• En 2019, Google fue multado con $170 millones por recopilar ilegalmente datos de niños en YouTube.
• En 2020, varias demandas alegaron que el Modo Incógnito de Chrome no era tan privado como afirmaba.
• En 2023, el estado de Arizona obligó a Google a pagar $85 millones por mal uso de datos de ubicación.

Estos episodios muestran una tendencia recurrente de anteponer el beneficio económico sobre el respeto a los derechos digitales.

La privacidad como bien común

A medida que el mundo se digitaliza, la privacidad deja de ser una preocupación individual y se convierte en un bien colectivo. Cuando una gran empresa recolecta información sin autorización, no solo afecta a individuos aislados: pone en riesgo la confianza social, el periodismo, la democracia y la autonomía personal.

Estamos en una era en que la vigilancia online se normaliza: cámaras, micrófonos, geolocalización, historial de búsquedas y hasta datos de movimiento físico a través de sensores forman parte del rastro invisible que dejamos diariamente.

Expertos como Shoshana Zuboff, autora del influyente libro “The Age of Surveillance Capitalism”, advierten que estamos siendo conducidos por un sistema de extracción clandestina de comportamiento, sobre el cual no tenemos control real.

¿Qué sigue para Google?

Si bien la multa de $425.7 millones parece escasa para una empresa con más de $100 mil millones en efectivo disponible, el mensaje es más relevante que la cifra:

no hay invulnerabilidad frente a las demandas colectivas y los avances regulatorios están ganando impulso.

Google ha confirmado que planea apelar, lo que podría extender el litigio por más años. Pero cada paso judicial genera nuevos precedentes, nuevas investigaciones, y nuevas presiones tanto financieras como reputacionales para la empresa.

Además, nuevos marcos legales internacionales, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa y la recientemente anunciada Ley de Regulación de Inteligencia Artificial de la UE, podrían inspirar a legisladores estadounidenses a actuar con más firmeza.

La responsabilidad de los usuarios

Más allá de lo legal, este caso nos invita a una reflexión: ¿qué tan informados estamos como usuarios?

• ¿Revisamos realmente los términos y condiciones?
• ¿Sabemos qué datos compartimos al instalar una app?
• ¿Confiamos ciegamente en los botones de “aceptar todo”?

Ser parte de la transformación digital implica también ser ciudadanos digitales activos, exigir transparencia y participar en la creación de soluciones éticas.

Los próximos años serán clave para decidir si el ecosistema digital estará gobernado por derechos o por algoritmos de vigilancia. La multa contra Google es solo uno de muchos pasos que quedan por dar.