Niños despiertos en la madrugada: lo que revela el drama migratorio entre EE.UU. y Guatemala

Una madrugada que cambió el destino de decenas de niños

Labor Day, una fecha asociada a descanso y familia en Estados Unidos, se convirtió en un episodio de confusión, urgencia y drama legal para decenas de niños migrantes guatemaltecos. Representantes legales, activistas y una jueza federal intervinieron en medio de la noche para detener una operación del gobierno de Donald Trump que buscaba deportar masivamente a menores sin acompañantes hacia Guatemala.

La 'operación relámpago' del gobierno Trump

Durante semanas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había planeado una deportación masiva de niños migrantes, aprovechando el bajo perfil de los medios durante un fin de semana largo. Con vuelos programados desde Harlingen y El Paso, en Texas, al menos 76 menores abordaron aviones con rumbo a Guatemala, muchos de ellos aún con procesos judiciales migratorios pendientes.

Laura Peña, abogada del South Texas Pro Bono Asylum Representation Project, fue una de las primeras en recibir la alarmante noticia. Al enterarse de que niños estaban siendo subidos a autobuses y aviones en la madrugada, Peña dejó a su hija de tres meses y corrió a intervenir en una de las instalaciones. Allí encontró niños en estado de shock, incluido uno “casi catatónico”, temeroso de ser asesinado en su país de origen.

Un fallo judicial en plena madrugada

A las 2:36 a.m., la jueza federal Sparkle L. Sooknanan fue despertada con una solicitud de emergencia. En una muestra poco común de rapidez, Sooknanan ordenó la suspensión de las deportaciones a las 4:22 a.m. y expresó su sorpresa en una audiencia posterior:

“Tengo al gobierno intentando remover menores no acompañados del país en las primeras horas de la mañana, en un fin de semana festivo, lo cual es sorprendente.”

Esta intervención impidió que los menores regresaran a posibles entornos de peligro en Guatemala. El departamento de Justicia reconoció la posibilidad de que al menos un vuelo hubiera despegado, pero que retornó sin concretar la deportación.

Versiones en tensión: ¿los padres realmente querían de vuelta a sus hijos?

Uno de los principales argumentos de la administración Trump fue que las familias guatemaltecas solicitaban el retorno de sus hijos. Sin embargo, un informe del gobierno de Guatemala, compartido por organizaciones de derechos humanos, contradice esta narrativa. De 115 familias contactadas:

• 50 manifestaron querer que sus hijos permanecieran en EE.UU.
• 59 se negaron a hablar con representantes guatemaltecos, temiendo que ello causara la deportación de los niños.

Casos documentados en el informe citan amenazas de muerte en caso de retorno. Un ejemplo: una familia afirmó que sacarían a su hija del país si esta era deportada, pues su vida estaba en peligro.

¿Cumple la deportación con la ley de 2008?

La Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de Tráfico de 2008 exige que todos los menores no acompañados no mexicanos tengan la oportunidad de presentar su caso ante un juez de inmigración. Esta directriz aplica a la mayoría de estos niños, quienes no habían recibido órdenes definitivas de deportación.

La tentativa del gobierno de evadir esta legislación generó preocupación entre jueces, defensores de derechos humanos y legisladores. Grupos como Acacia Center for Justice reportaron que incluso se eliminaron fechas futuras de juicios de las bases de datos electrónicas, un indicio de que los procesos legales estaban siendo sorpresivamente interrumpidos.

El rol de Guatemala: cooperación o resistencia?

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo enfatizó que solo aceptarían menores que quisieran regresar voluntariamente. Lucrecia Prera, defensora de la niñez y autora del informe citado, fue clara:

“Queremos aclarar que somos respetuosos y ajenos al proceso que ocurre en EE.UU. Son niños guatemaltecos y nuestra obligación es protegerlos.”

Este comentario sugiere que la implicación guatemalteca en la supuesta cooperación podría haber sido malinterpretada o incluso manipulada por autoridades estadounidenses.

Boston y otras ciudades del ‘santuario’: el frente doméstico

De forma paralela a este caso, la administración Trump demandó a la ciudad de Boston por mantener sus políticas de ciudad santuario que limitan la colaboración con las autoridades migratorias. Pamela Bondi, fiscal general, acusó a Boston de “proteger a ilegales de la justicia.” Las organizaciones de derechos civiles lo vieron como parte de una estrategia más amplia para criminalizar la inmigración.

La alcaldesa Michelle Wu sostuvo su postura:

“Boston nunca dejará de ser un faro de libertad y un hogar para todos.”

Una batalla más extensa: las cifras detrás de la migración infantil

Desde 2014, el número de menores no acompañados que cruzan a EE.UU. ha aumentado considerablemente. En 2022, la cifra alcanzó su punto máximo con 152,060 casos. Guatemala representó el 32% de los residentes en centros gubernamentales para menores, seguido de Honduras, México y El Salvador.

Muchas veces, estos menores buscan reunificar con familiares ya en EE.UU. o escapar de contextos de violencia, pobreza extrema o amenazas de pandillas. Según el Migration Policy Institute, la mayoría logra permanecer en el país mientras sus casos siguen su curso judicial —un proceso que puede tardar años.

Lo que está en juego

Este episodio es uno de muchos que reflejan la radicalización de las políticas migratorias durante el mandato de Trump. No solo se trata de deportaciones, sino de una filosofía que busca redefinir el rol de entidades del gobierno. Cambios como el intento de renombrar el Departamento de Defensa a “Departamento de Guerra” muestran una tendencia hacia la estética del conflicto y el poder, en detrimento del diálogo y la protección de derechos.

La polémica por las deportaciones de niños no acompañados revela una tensión latente entre el poder ejecutivo, el sistema judicial y los derechos humanos básicos. Para muchos activistas, este no es solo un error burocrático o una diferencia administrativa, sino una cuestión de vida o muerte para cientos de menores.

Con la prohibición judicial temporal a punto de vencerse, el destino de estos niños continúa en el limbo. Mientras tanto, la comunidad legal y defensora de los derechos humanos se mantiene en alerta, sabiendo que una madrugada, una llamada, o una decisión política pueden cambiarlo todo.