Tráfico de personas en la frontera norte de EE.UU.: el nuevo frente de batalla

Un nuevo foco para una vieja amenaza

Durante años, la narrativa pública sobre inmigración irregular y tráfico de personas en Estados Unidos ha estado casi enteramente centrada en la frontera sur, donde miles de migrantes cruzan cada mes huyendo de la violencia y la pobreza en Centroamérica. Pero en los últimos meses, una nueva alerta se ha encendido más al norte: la frontera con Canadá.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado recientemente la expansión de la Joint Task Force Alpha (Fuerza de Tarea Conjunta Alfa), una coalición creada en 2021 para desmantelar redes de tráfico de personas. Originalmente centrado en el sur, este esfuerzo ahora mira hacia el norte, específicamente a regiones como Vermont y el norte del estado de Nueva York.

Una amenaza subestimada

Michael Drescher, fiscal federal interino del distrito de Vermont, advirtió que los cruces ilegales en la frontera norte implican riesgos únicos: "Estas travesías a menudo implican caminar entre bosques y pantanos en condiciones peligrosas e inhóspitas". A primera vista, la frontera de 8,891 kilómetros entre Estados Unidos y Canadá puede parecer segura. Sin embargo, su longitud y densidad forestal ofrecen oportunidades para eludir la vigilancia.

Los números son claros: según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los encuentros con migrantes en la frontera norte aumentaron en un 240% entre 2021 y 2023. Aunque la base sigue siendo menor que en la frontera sur, el incremento ha sido suficiente para alarmar a las autoridades.

Modalidades del crimen organizado

El tráfico humano no es un simple cruce fronterizo; es una industria multimillonaria. En uno de los casos más impactantes recientemente revelados, 12 personas fueron acusadas de cobrar hasta $40,000 por migrante, y se transfirieron más de $7 millones en pagos por Zelle. En otro expediente, una mujer fue procesada por transportar personas desde Guatemala, Honduras, México y El Salvador, que previamente habían cruzado desde Canadá.

Como parte de las tácticas inmorales utilizadas, se denunció que niños migrantes eran sedados con caramelos que contenían THC —la sustancia psicoactiva del cannabis— para evitar que lloraran durante el cruce. “Si traficas con seres humanos, te vamos a encontrar, te vamos a procesar y te vamos a llevar ante la justicia”, declaró enfáticamente la fiscal general Pam Bondi desde Tampa.

Una jueza bajo el foco

El combate contra el tráfico se complica aún más cuando el sistema judicial mismo se ve envuelto en controversias. Un ejemplo evidente es el de la jueza Hannah Dugan en Wisconsin, quien presuntamente ayudó a un inmigrante indocumentado —Eduardo Flores-Ruiz— a evadir su arresto federal. Dugan está acusada de obstrucción de justicia y puede enfrentar hasta seis años de prisión si es hallada culpable.

La controversia ha generado un intenso debate sobre el papel de la ley y la política migratoria. Mientras el FBI sostiene que la jueza facilitó la fuga de Flores-Ruiz por una puerta reservada para personal judicial, Dugan se defiende alegando inmunidad por actuar en su calidad oficial. En medio del proceso, ha sido suspendida de su cargo por la Suprema Corte estatal.

La tragedia del camión en San Antonio y otras consecuencias

En 2022, el tráfico humano mostró su peor rostro cuando 53 migrantes murieron asfixiados en la caja de un camión en Texas. Fue el episodio más letal registrado en suelo estadounidense en un intento de contrabando. Los responsables directos ya fueron condenados a cadena perpetua. Este y otros eventos han intensificado los esfuerzos para desmantelar las redes detrás de estos crímenes.

Las rutas desde el norte: ¿una alternativa al sur?

Un análisis de expertos sugiere que el endurecimiento de las políticas fronterizas en el sur —especialmente durante la administración Trump— ha empujado a las mafias a diversificar sus rutas. Canadá, con sus extensos territorios poco vigilados, se ha convertido en un punto de entrada utilizado por migrantes traídos de forma clandestina desde países como la India, China e incluso Rumania.

Según un informe de 2023 del Migration Policy Institute, se detectaron más de 10 grupos estructurados que operaban en la frontera norte, algunos de los cuales usaban rutas aéreas comerciales para ingresar legalmente a Canadá y luego cruzar hacia EE.UU. de manera ilegal con ayuda de coyotes.

El caso Flores-Ruiz: ¿culpa compartida?

Flores-Ruiz, deportado originalmente en 2013 tras cruzar ilegalmente por Arizona, enfrentó nuevos cargos por su reingreso ilegal y violencia doméstica. Fue arrestado tras una breve fuga, y se declaró culpable en abril de 2024. Como parte de su sentencia, será deportado al finalizar su condena.

Sin embargo, el episodio ha suscitado dudas sobre la cooperación entre autoridades locales y federales y reabierto la discusión sobre las llamadas ciudades santuario, donde las autoridades locales limitan la colaboración con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

¿Justicia bajo amenaza política?

La detención y procesamiento de la jueza Dugan ha sido interpretado por algunos sectores como una jugada política para intimidar al poder judicial y frenar su oposición a la línea dura antiinmigración. Durante el gobierno de Donald Trump, varios jueces y fiscales estatales fueron objeto de duras críticas y presiones por parte del gobierno central cuando se negaron a colaborar con redadas migratorias.

Por su parte, los demócratas aseguran que se intenta hacer de Dugan “un ejemplo disuasivo” para otros jueces que podrían actuar en defensa de inmigrantes irregulares. El juicio está previsto para diciembre de 2025 y promete atraer una cobertura mediática significativa.

Una batalla aún inconclusa

La lucha contra el tráfico humano es una carrera contra redes delictivas cada vez más sofisticadas que generan enormes rentas explotando la desesperación de millones. La frontera norte ha dejado de ser un punto ciego y se ha convertido en el nuevo campo de batalla contra este flagelo. Autoridades, jueces y fiscales enfrentan el enorme reto de aplicar la justicia dentro de un entorno de creciente polarización política y desafíos humanitarios complejos.

Mientras tanto, la verdadera víctima sigue siendo el ser humano: el migrante que sueña con una vida mejor y que acaba sedado, estafado, explotado y, en demasiados casos, muerto en el intento.