¿Celulares en prisión? El controvertido debate sobre el bloqueo de señales en cárceles de EE. UU.

Un problema creciente tras las rejas

Los celulares en prisión se han convertido en una de las herramientas más poderosas —e ilegales— que muchos reclusos usan hoy en día. Desde coordinar motines violentos hasta extorsionar a personas fuera de la cárcel, los dispositivos móviles clandestinos detrás de las rejas representan una amenaza seria contra la seguridad pública y el orden penitenciario.

El pasado viernes, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), anunció que propondrá una votación el 30 de septiembre que podría permitir a las cárceles estatales y federales bloquear señales de celulares no autorizados. Actualmente, una ley federal de casi un siglo de antigüedad impide a las instituciones carcelarias usar tecnología de "interferencia de señal" para desactivar estos dispositivos.

¿Por qué son tan peligrosos los celulares en prisión?

Son muchas las historias escalofriantes relacionadas con celulares ilegales en prisiones:

• En 2010, Robert Johnson, oficial correccional y jefe de contrabando en una prisión de Carolina del Sur, recibió seis disparos fuera de su casa en un intento de asesinato ordenado por un recluso mediante un teléfono celular.
• En 2018, una serie de riñas entre bandas organizadas en una prisión del mismo estado resultaron en la muerte de siete reclusos. Las autoridades atribuyeron la coordinación del ataque a celulares contrabandeados.
• También hay evidencia de estafas dirigidas desde cárceles mediante llamadas falsas de "familiares en peligro", que extorsionan a ciudadanos desprevenidos.

La situación se complica con las formas cada vez más ingeniosas para introducir teléfonos tras las rejas: drones, balones de fútbol huecos y hasta paquetes arrojados por encima del perímetro.

Una propuesta que genera controversia

La medida propuesta por la FCC eliminaría un obstáculo legal de larga data. En palabras del presidente Carr:

“Puede que no sea una bala de plata, pero sin duda existen muchas instalaciones en las que esta tecnología puede marcar una diferencia sustancial. Cada día que pasa sin una solución, el público estadounidense sigue expuesto.”

No obstante, algunos grupos de la industria de telecomunicaciones, especialmente CTIA, se oponen tajantemente al uso de tecnología de interferencia, argumentando que podría afectar las comunicaciones legítimas, incluidas las de emergencia. CTIA afirma que están comprometidos a abordar el problema del contrabando sin sacrificar la integridad de las comunicaciones críticas.

¿Qué es la tecnología de interferencia de señal?

La interferencia de señal —o jamming— implica emitir señales en las mismas frecuencias que usan los celulares, impidiendo que estos se conecten a torres de telecomunicaciones. Se trata de un mecanismo potencialmente útil, pero que también puede afectar de forma colateral a:

• Usuarios legítimos cerca de las instalaciones.
• Teléfonos de emergencias de trabajadores penitenciarios.
• Comunicaciones médicas y técnicos de mantenimiento.

En 2019, se llevó a cabo una prueba piloto en Carolina del Sur, dirigida por autoridades federales, en la que se evaluó el uso de interferencia en un entorno controlado. Aunque prometedora, la tecnología sigue suscitando una feroz batalla legal y técnica.

Perspectiva de las autoridades penitenciarias

Bryan Stirling, exdirector del sistema carcelario de Carolina del Sur, ha sido uno de los principales defensores del jamming. En 2016, organizó una audiencia en las cárceles de su estado con el entonces presidente de la FCC, Ajit Pai.

Stirling declaró que "la única forma efectiva de eliminar la amenaza de los celulares en prisión es cortar la conexión". Desde entonces, su estado ha liderado la ofensiva para lograr permisos de uso de la tecnología.

Un vacío legal que lleva décadas sin resolverse

El origen del problema legal radica en la ley de comunicaciones de 1934, la cual impide que entidades no federales interfieran en las señales autorizadas. Se trata de una legislación obsoleta, creada en un tiempo sin celulares. Aunque varios legisladores han intentado reformarla, los intentos han fracasado repetidamente en el Congreso de EE. UU.

En 2021, la FCC optó por permitir que los estados solicitaran permisos para desactivar señales sospechosas de ser ilegales. Sin embargo, la lentitud en la revisión de solicitudes, junto con oposición de compañías de telecomunicaciones, ha impedido avances concretos.

¿Y qué dicen los defensores de derechos?

Algunos grupos de derechos civiles y expertos en telecomunicaciones han expresado sus preocupaciones por el uso indiscriminado de esta técnica. Alegan que podría abrir la puerta a:

• El bloqueo de llamadas legítimas entre reclusos y sus familias.
• Limitaciones al derecho de los presos a comunicación legal o religiosa.
• Errores técnicos que afecten a determinados proveedores pero no a otros.

Es por esto que muchos proponen alternativas menos invasivas, como:

• Equipos de detección y rastreo de señales.
• Tecnología de “spoofing”, que obliga a los teléfonos a conectarse a redes penitenciarias para luego ser bloqueados.
• Fortalecimiento del perímetro con redes antidrón y controles biométricos más estrictos.

Un debate que toca fondo en el sistema de justicia

El uso de celulares ilegales pone también bajo escrutinio al sistema penitenciario estadounidense, donde una gran proporción de instalaciones sufren de:

• Hacinamiento.
• Falta de personal y baja seguridad.
• Corrupción interna: en muchos casos, los teléfonos son introducidos con complicidad de funcionarios corruptos.

Por eso, muchos expertos recomiendan tratar el problema desde su raíz: mejorar las condiciones laborales de los empleados y ofrecer mecanismos legales de comunicación a los reclusos que reduzcan la demanda de celulares ilegales.

La voz de las víctimas: Robert Johnson

Desde el atentado en su contra, Robert Johnson ha pasado los últimos 15 años como un incansable defensor del uso del bloqueo de señales. Ha sido sometido a 36 cirugías desde el ataque y afirma con honestidad:

“El hecho de que siga vivo es un milagro. Pensé que nunca vería este día llegar. Espero que con esta votación podamos empezar a controlar el problema.”

Su caso se ha convertido en un símbolo del precio que pagan los trabajadores penitenciarios y la comunidad por la entrada de tecnología en ambientes peligrosamente vulnerables.

¿Qué sigue?

La votación del 30 de septiembre definirá si los estados podrán, finalmente, usar jammers en prisiones. Pero el dilema va más allá de una cuestión tecnológica. Es también un pulso entre seguridad, libertad, intereses económicos y derechos humanos.

Una cosa queda clara: mientras los celulares en prisión sigan siendo accesibles, los muros que separan a los reclusos de la sociedad no serán más que barreras simbólicas ante una conectividad criminal que trasciende el alambre de púas.

El debate no ha terminado. Recluso con celular sigue siendo sinónimo de sociedad en peligro.