¿Seguridad o abuso del poder? La militarización del gobierno de Trump genera divisiones en EE. UU.

En una serie de decisiones que han encendido el debate político y social en todo Estados Unidos, la administración liderada por el presidente Donald Trump —tras su regreso a la Casa Blanca— ha intensificado su enfoque de “ley y orden”, con medidas que van desde el uso ampliado de la Guardia Nacional en suelo estadounidense hasta el planteamiento de restricciones federales hacia las personas transgénero en relación al derecho a portar armas.

El rostro militarizado de la capital estadounidense

Una de las medidas más polémicas ha sido la decisión de desplegar miles de soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C., presuntamente para apoyar la lucha contra el crimen, la inmigración ilegal y otras formas de desorden urbano. El más reciente refuerzo proviene del estado de Georgia, donde el gobernador republicano Brian Kemp anunció el envío de 316 miembros de la Guardia Nacional para “proteger la seguridad y belleza de la capital del país”.

En declaraciones oficiales, Kemp aseguró que la operación busca relevar a soldados que ya han sido desplegados previamente desde estados como Luisiana, Ohio, Carolina del Sur y Dakota del Sur, entre otros. En total, más de 1,000 efectivos forman parte de este operativo coordinado bajo el mando del gobierno federal.

Trump había declarado anteriormente que esta intervención es necesaria para proteger los activos federales y controlar el creciente índice de criminalidad en algunas ciudades. Sin embargo, numerosos líderes locales, incluido el Fiscal General del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, han denunciado esta acción como una violación directa del principio de soberanía local.

“Ninguna jurisdicción estadounidense debería ser sometida involuntariamente a una ocupación militar”, sentenció Schwalb en una reciente demanda federal presentada contra el gobierno.

Asimismo, varias figuras políticas del Partido Demócrata han acusado a la administración de utilizar a las Fuerzas Armadas de manera inconstitucional para silenciar la oposición civil y crear un entorno de vigilancia y control social.

Un fallo judicial que protege a los más vulnerables

Mientras la Guardia Nacional ocupa calles en la capital, el poder judicial ha servido de contrapeso. En San Francisco, el juez federal Edward Chen emitió un fallo que impide a la administración Trump poner fin a las protecciones legales temporales que hasta ahora amparaban a más de 1 millón de personas procedentes de países como Haití y Venezuela.

La decisión judicial es un enorme alivio para unos 600,000 venezolanos cuyos permisos estaban venciendo o ya habían expirado. Dichos permisos forman parte del estatus de Temporary Protected Status (TPS), otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional a ciudadanos de países cuya situación no permite un retorno seguro, ya sea por desastres naturales o crisis políticas.

Chen argumentó que los intentos de la Secretaria de Seguridad Nacional —Kristi Noem— por anular las extensiones otorgadas en gobiernos anteriores exceden su autoridad legal y son además “arbitrarios y caprichosos”.

La polémica propuesta sobre armas y personas transgénero

Las tensiones aumentaron aún más esta semana cuando trascendió que el Departamento de Justicia se encuentra evaluando restricciones sobre el derecho de las personas transgénero a poseer armas de fuego. La medida, supuestamente aún en discusión interna, surge luego de un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, presuntamente perpetrado por una persona transgénero.

Esta posibilidad ha desatado una tormenta política e ideológica. Tanto los defensores de los derechos LGBTQ+ como los grupos pro-armas han manifestado su repudio. Organizaciones como GLAAD han calificado la propuesta de “peligrosa y discriminatoria”. Señalan que menos del 2% de la población estadounidense se identifica como transgénero, y que estas personas tienen un riesgo cuatro veces mayor de ser víctimas de crímenes antes que perpetradores.

“Todos merecemos ser nosotros mismos, estar seguros y vivir libres de violencia y discriminación”, afirmaron desde GLAAD. “Necesitamos líderes que prioricen la seguridad de todos, no que siembren miedo con medidas arbitrarias”.

Incluso grupos conservadores como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y los Gun Owners of America se han manifestado en contra. Para ellos, una prohibición generalizada basada en categorías sociales viola flagrantemente la Segunda Enmienda constitucional, que protege el derecho a portar armas.

En un comunicado contundente, la NRA declaró: “La Segunda Enmienda no está en discusión. No apoyaremos ninguna política que elimine derechos a ciudadanos respetuosos de la ley sin el debido proceso”.

¿Dónde termina la lucha contra el crimen y comienza el autoritarismo?

La escalada de medidas tomadas por la actual administración, aunque presentadas bajo la premisa de la seguridad nacional, está generando un clima de polarización sin precedentes. Por un lado, Trump reafirma su compromiso con restaurar el orden público y mantener “una América segura”; por otro, críticos argumentan que estas políticas erosionan libertades civiles fundamentales y persiguen a grupos marginados.

Este dilema de seguridad contra derechos humanos no es nuevo en la historia de los Estados Unidos, pero el actual contexto plantea interrogantes urgentes. La frontera entre proteger al ciudadano y convertir al Estado en un mecanismo de represión institucional parece cada vez más difusa.

Desde la militarización interna hasta los intentos de clasificación sanitaria para limitar derechos constitucionales, la administración Trump vuelve a colocar a EE. UU. en el ojo del huracán de las libertades individuales. ¿Es este camino sostenible a largo plazo en una democracia moderna?

La reacción de la ciudadanía y los próximos pasos

Las organizaciones civiles y los ciudadanos han comenzado a movilizarse. Ya se han presentado demandas ante tribunales federales, mientras activistas planean protestas y campañas de concientización. A la par, medios y universidades debaten la legalidad y ética de estas directrices gubernamentales.

En el Congreso, algunos legisladores también han alzado la voz, demandando supervisión inmediata sobre las decisiones del Departamento de Justicia y los despliegues militares en ciudades norteamericanas.

La pregunta que persiste es elemental pero inquietante: ¿quién vigila al vigilante?