El impulso federal de Trump: ¿protección patriótica o control innecesario?

Un intento por tomar el control del 9/11 Memorial: ¿acto de homenaje o intervención indebida?

La administración del presidente Donald Trump exploró la posibilidad de asumir el control federal del Memorial y Museo del 11 de septiembre en Nueva York, un espacio de gran simbolismo en la memoria colectiva estadounidense. Desde su apertura al público en 2014, el sitio ha sido gestionado por una organización sin fines de lucro presidida por el exalcalde Michael Bloomberg. Sin embargo, este planteamiento federal está generando una fuerte oposición tanto del gobierno estatal como de familiares de las víctimas y organizaciones cívicas.

Trump había prometido convertir el lugar en un monumento nacional, pero funcionarios del museo han resaltado que, legalmente, no es posible que el gobierno federal asuma unilateralmente el control del terreno, propiedad de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

“Estamos orgullosos de contar historias de valentía y patriotismo y de operar con eficiencia”, indicó Beth Hillman, presidenta y directora ejecutiva del museo, destacando que el espacio ha recibido más de 90 millones de visitantes y ha recaudado $750 millones en fondos privados.

Oposición estatal e institucional

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se manifestó en contra de la intervención, subrayando que estos espacios deben continuar bajo la tutela de quienes han vivido más de cerca las consecuencias del atentado. “El Memorial pertenece a los neoyorquinos: a las familias, a los sobrevivientes, a los primeros en responder”, puntualizó Hochul.

Familiares de las víctimas, como Anthoula Katsimatides, también han defendido la gestión actual del sitio. “Está muy bien gestionado, no entiendo la necesidad del cambio”, dijo Katsimatides, quien perdió a su hermano el 11 de septiembre.

El contexto mayor: Washington bajo intervención federal

Este intento de control federal se suma a otra acción en la que la administración Trump intervino directamente: la toma temporal del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C.. En agosto, Trump alegó una “emergencia de criminalidad” para justificar el uso de disposiciones legislativas y tomar control por 30 días de la seguridad de la capital, incluyendo el despliegue de más de 1,300 tropas de la Guardia Nacional.

La medida generó controversia, y los demócratas del Congreso calificaron la acción como un “acto autoritario”. El delegado congresional de D.C., Eleanor Holmes Norton, pidió legislación para evitar futuras intervenciones de este tipo. La alcaldesa Muriel Bowser también expresó preocupación por la presencia de agentes enmascarados y no identificables que provocaron fisuras en la relación entre la comunidad y la policía.

Si bien Bowser sostuvo que las medidas contribuyeron a la caída de crímenes como los carjackings (87% menos, aseguró), las preguntas sobre la legalidad del uso de tropas para controlar una ciudad estadounidense persisten. El fiscal general de Washington incluso presentó una demanda alegando que el uso de tropas violaba la ley federal, ya que sustituía funciones policiales con agentes militares armados.

Reducción de ayuda militar a los países bálticos: prioridades cambiantes

Una tercera decisión gubernamental ha generado desconcierto en Europa del Este: la posible reducción o suspensión de fondos estadounidenses dirigidos a países bálticos, principalmente a través del Baltic Security Initiative y el programa de ayuda militar (Sección 333).

Estas iniciativas financiaron más de $377 millones entre 2018 y 2024 para reforzar la capacidad defensiva de Estonia, Letonia y Lituania, países situados en la frontera con Rusia y miembros clave de la OTAN. Los fondos se utilizaron para adquirir sistemas como los cohetes HIMARS fabricados en EE.UU. y para entrenamientos de fuerzas especiales.

Aunque el gobierno de Trump argumenta que los países europeos deben “asumir mayor responsabilidad por su propia defensa”, funcionarios bálticos afirmaron que aún no han recibido comunicación oficial sobre la reducción. “Esto debilita la credibilidad de la OTAN”, lamentó Gabrielius Landsbergis, exministro lituano de Exteriores.

Congreso en alerta y aliados preocupados

Senadores y representantes estadounidenses también expresaron alarma. El republicano Don Bacon calificó la medida como “vergonzosa y desastrosa”, mientras que senadores como Jeanne Shaheen y Dick Durbin la compararon con una traición a los aliados en un momento crucial de tensión geopolítica con Rusia.

El Senado ya debate codificar el Baltic Security Initiative como política permanente para asegurar su continuidad independientemente del presidente de turno. Esto se está considerando como respuesta directa al drástico enfoque de Trump en reducir la burocracia federal y sustancialmente, la ayuda exterior.

¿Homenaje, agenda política o consolidación de poder federal?

Más allá de las particularidades de cada caso —el memorial del 11-S, la policía de D.C. y los fondos de defensa bálticos— existe un hilo conductor: un esfuerzo por centralizar el control federal sobre áreas tradicionalmente regidas por jurisdicciones locales o acuerdos internacionales.

Para algunos, esto responde a una visión más nacionalista y proteccionista. Trump busca, según sus propias declaraciones, “recuperar el control del país”, ya sea limpiando de grafitis los monumentos de D.C., exigiendo a los europeos que gasten más en defensa, o reconfigurando la narrativa sobre el 11 de septiembre y su conmemoración.

Sin embargo, estas acciones suscitan dudas sobre los límites del poder presidencial y la definición de federalismo en Estados Unidos. Organizaciones civiles, gobiernos locales y legisladores han interpretado muchas de estas iniciativas como innecesarias, simbólicas o incluso peligrosamente intervencionistas.

Un legado en disputa

El futuro de estas decisiones dependerá de tres factores claves: el rumbo del Congreso, la voluntad de los gobiernos estatales y municipales, y las tensiones internacionales, especialmente en la frontera oriental de la OTAN. Mientras tanto, las acciones de Trump siguen avivando debates sobre el alcance federal, la autonomía local y el papel de EE. UU. en la escena global.

Queda por verse si estas decisiones serán vistas como protección patriótica o como una muestra de centralismo federal agresivo que podría reconfigurar no solo la política exterior, sino también la gobernanza interna de los Estados Unidos.