Protestas, política y deporte: ¿Hasta dónde puede llegar la presión social en las grandes competencias?

Activismo y represión en Turquía: la historia de Enes Hocaogullari

El pasado mes de agosto, Enes Hocaogullari, un joven activista turco de 23 años y defensor de los derechos LGBTQ+, fue arrestado al llegar al aeropuerto de Esenboga, en Ankara. Su crimen: haber pronunciado un discurso crítico hacia el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan durante una sesión del Consejo de Europa en Estrasburgo.

Hocaogullari había denunciado la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, opositor clave del régimen, y de otros políticos del partido CHP. También criticó el uso de la fuerza por parte de la policía turca en las manifestaciones que siguieron a dichas detenciones. Las acusaciones formales contra él incluyen "difusión de información engañosa" e "incitación al odio y enemistad pública".

“Silenciar a Enes es silenciar a la juventud — y silenciar a la juventud es silenciar a la democracia misma.” — Marc Cools, Consejo de Europa

Críticos dentro y fuera de Turquía señalan que este arresto forma parte de una estrategia autoritaria cada vez mayor. Imamoglu, considerado por muchos como el principal contendor de Erdogan en las elecciones presidenciales, fue arrestado en marzo acusado de corrupción, aunque él ha rechazado todas las acusaciones de manera tajante.

Turquía y la democracia en jaque

Durante más de dos décadas, Erdogan ha sido acusado por asociaciones civiles y organismos internacionales de socavar libertades fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la independencia judicial.

Aunque el gobierno sostiene que la justicia turca actúa con independencia, el patrón de arrestos a miembros del partido opositor, especialmente del CHP, hace difícil sostener esa narrativa. Según la organización Human Rights Watch, Turquía ha experimentado una degradación considerable del estado de derecho, con una fuerte presencia del Ejecutivo sobre el Judicial.

De Estrasburgo a Bilbao: el conflicto entra en escena deportiva

Mientras tanto, a cientos de kilómetros, otro conflicto político reformulaba un evento deportivo: la Vuelta a España. En una protesta sin precedentes, manifestantes a favor de Palestina interrumpieron la etapa 11 del evento ciclista, en la ciudad vasca de Bilbao.

El objetivo de la protesta fue el equipo Israel Premier Tech, debido a la ofensiva militar de Israel sobre Gaza tras los ataques de Hamas en octubre de 2023. Las imágenes fueron impactantes: personas con banderas palestinas, gritando consignas, empujando vallas de seguridad y generando momentos de tensión que llevaron a la cancelación de los últimos 10 kilómetros de la etapa. No hubo ganador ese día.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, declaró que entendería y apoyaría la expulsión del equipo israelí de la Vuelta como un gesto político hacia Israel. “Tenemos que enviar un mensaje claro: Europa e Israel solo pueden tener relaciones normales si se respetan los derechos humanos”, afirmó.

¿Qué dijo la organización de la Vuelta?

Pese a condenar los hechos disruptivos, los organizadores defendieron el derecho a la protesta pacífica. No obstante, también dejaron claro que no permitirán acciones que pongan en peligro la seguridad de los ciclistas o del público.

“La Vuelta respeta y defiende el derecho a la manifestación pacífica, pero no puede tolerar actos que arriesguen la integridad física de participantes o miembros del evento.” — Comunicado de La Vuelta

El director técnico, Kiko García, fue más incisivo: “Quizás alguien debe decidir si protegemos un evento internacional como la Vuelta o a un equipo. La presencia de Israel Premier Tech está poniendo en riesgo la seguridad colectiva”.

Por su parte, el equipo israelí rechazó la idea de abandonar la competencia, señalando que ceder a la presión sentaría un precedente peligroso en el ciclismo profesional.

El deporte como campo de batalla social

Este tipo de tensiones no son nuevas. Desde que Muhammad Ali rechazó luchar en Vietnam con el célebre “No tengo ninguna pelea con los Vietcong”, pasando por las protestas de Tommie Smith y John Carlos en los Juegos Olímpicos de 1968, hasta el movimiento Take a Knee en la NFL promovido por Colin Kaepernick, el deporte ha servido históricamente como plataforma para reivindicaciones políticas y sociales.

La pregunta actual es hasta qué punto estas expresiones deben ser toleradas dentro de espacios deportivos, especialmente aquellos financiados por entidades públicas o con relevancia internacional.

¿Protesta legítima o boicot deportivo?

La frontera entre protesta pacífica y sabotaje puede ser difusa. ¿Hasta qué punto es legítimo forzar la salida de un equipo por razones políticas? La respuesta, como siempre, depende de a quién se le pregunte.

Para Albares y cientos de manifestantes, es una acción simbólica poderosa en un contexto de injusticia flagrante. Para el equipo Israel Premier Tech y otros observadores, es una amenaza a la imparcialidad del deporte.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) condenó lo ocurrido, recordando que “el ciclismo debe unir a las personas, no dividirlas”. También indicó que ya estaban al tanto del riesgo de protestas antes del inicio de la carrera.

La hipocresía del deporte globalizado

Mientras algunas voces critican la participación de equipos como el israelí, otros señalan una hipocresía estructural más amplia. ¿Por qué se permite a países con antecedentes complicados participar con normalidad en eventos internacionales?

Por ejemplo:

• China ha sido sede de los Juegos Olímpicos a pesar de denuncias por el trato a los uigures.
• Arabia Saudí organiza combates de boxeo y carreras de F1 pese a transgresiones sistemáticas contra los derechos humanos.
• Rusia fue vetada tras la invasión a Ucrania, pero durante años se permitieron múltiples infracciones sistemáticas a las normas del antidopaje.

¿Hacia un nuevo paradigma?

El arresto de Hocaogullari y las protestas en la Vuelta muestran que la tensión entre política y deporte ha dejado de ser anecdótica. Hoy más que nunca, los ciudadanos hacen sentir su voz en todos los espacios disponibles, incluidos aquellos tradicionalmente reservados a la "neutralidad".

Las grandes federaciones deportivas deberán decidir cómo abordarán este nuevo entorno. Si optan por ignorarlo, perderán legitimidad. Y si eligen participar, deberán redefinir sus principios sobre responsabilidad social, filtrado de participantes y códigos de conducta.

Un nuevo modelo está en ciernes. Uno donde la política ya no espera afuera del estadio… sino que corre en el pelotón, lanza un penalti o grita desde las gradas. Y el mundo tendrá que decidir cómo quiere verlo jugar.