Redadas migratorias en fábricas: ¿seguridad nacional o criminalización del trabajador?

Una redada que paralizó una comunidad

El pasado 5 de septiembre de 2025, una escena que recordó los momentos más tensos de las políticas migratorias en Estados Unidos se desarrolló en la localidad de Cato, Nueva York. Agentes de múltiples agencias federales, incluyendo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), irrumpieron en la planta de Nutrition Bar Confectioners, una fábrica de barras nutritivas que emplea a más de 200 personas, llevándose a decenas de trabajadores inmigrantes en una operación sorpresa.

La redada dejó a la comunidad local –en su mayoría guatemalteca– con sentimientos de miedo, furia y una sensación colectiva de injusticia. Las imágenes de empleados escoltados por agentes federales hacia vehículos oficiales dieron la vuelta al país y reavivaron el debate sobre la ética y metodología de las acciones del gobierno federal relacionadas con la inmigración.

Historias humanas detrás de los números

Entre los detenidos se encontraba la compañera sentimental de un joven trabajador legal de 24 años, quien narró su experiencia con voz temblorosa. “Nos dijeron que fuéramos al comedor, allí pidieron verificar nuestros documentos. Algunas mujeres comenzaron a llorar porque tenían hijos en la guardería o en la escuela. Fue muy triste”, relató.

Este trabajador, quien migró desde Guatemala hace seis años y logró su residencia legal en los últimos dos, apoyaba económicamente a su familia en América Central, donde cultivan maíz y frijoles. Su regreso al trabajo tras el shock de la redada fue motivado por una simple razón: “No puedo estar sin trabajar”.

¿Quién vigila al vigilante? Dudas sin respuestas claras

El dueño de la fábrica, Lenny Schmidt, expresó sentirse traicionado e indignado. Según dijo, todos sus empleados habían sido verificados en su documentación. “Si me hubieran avisado, habría cooperado. Pero entrar así es algo aterrador no solo para los latinos e hispanos, sino para todos, incluso mi familia”, aseguró.

Las declaraciones de Schmidt siembran una duda: ¿por qué no se informó previamente a la empresa si existía una investigación en curso? El sheriff del condado de Cayuga, Brian Schenck, confirmó que su departamento colaboró en la redada después de recibir una solicitud federal un mes antes, aunque se negó a emitir más comentarios y remitió preguntas al HSI (Homeland Security Investigations), la entidad líder en la investigación.

La senadora estatal Rachel May, del estado de Nueva York, también expresó inquietud: “No me queda claro por qué, si era una investigación de largo plazo, se llevó a cabo una redada masiva como ésta contra los trabajadores. Algo no cuadra”.

Separación de familias: una constante que no cesa

Al día siguiente, entre 50 y 60 empleados –principalmente guatemaltecos– seguían detenidos, según reportó la organización Rural and Migrant Ministry. Uno de los casos más críticos fue el de una madre de un recién nacido que fue liberada tras 11 horas de detención urgente, debido a que necesitaba amamantar a su hijo. No obstante, le indicaron que debía presentarse posteriormente ante las autoridades.

La gobernadora demócrata Kathy Hochul no tardó en pronunciarse: “Estamos comprometidos a colaborar con el gobierno federal para deportar criminales violentos, pero jamás respaldaremos que agentes de ICE encapuchados separen familias y dejen niños abandonados al regresar del colegio”, declaró indignada.

Un patrón preocupante: otras redadas simultáneas

Ese mismo día, en el estado de Georgia, se llevó a cabo una operación similar en una planta de montaje de vehículos eléctricos propiedad del gigante surcoreano Hyundai. Allí, las autoridades detuvieron a 475 personas, en su mayoría surcoreanas.

Ambos casos ocurrieron casi simultáneamente, generando la percepción de un patrón sistemático por parte de las agencias de inmigración que apunta a empresas con un perfil multicultural o predominantemente extranjero. “No creo que mi empresa fuera un objetivo específico, sino parte de un patrón que apunta a negocios con alguna presencia hispana, grande o pequeña”, advirtió Schmidt.

Impacto económico: el golpe que nadie anticipó

Además de las consecuencias humanas, la redada amenaza con paralizar la producción del fabricante de barras energéticas. El dueño estima que sin los empleados detenidos, la productividad de la planta se reducirá en un 50%, comprometiendo entregas y contratos con sus clientes. “Vamos a hacer lo necesario para seguir adelante y cumplir, pero esto no será fácil”, lamentó el empresario.

La situación pone de relieve una verdad incómoda: la economía estadounidense, especialmente en el sector agrícola y manufacturero, depende en gran medida de trabajadores inmigrantes. Una redada de esta magnitud no solo perjudica a las familias afectadas, sino también a las propias empresas y, en última instancia, a la cadena de suministros del país.

¿Justicia o trauma colectivo?

Para Wilmer Jiménez, director del programa de Rural and Migrant Ministry, la intervención en Cato fue no solo desproporcionada, sino traumática. “La forma en que entraron fue muy agresiva. Rompieron puertas con palancas por múltiples accesos. Nadie estaba preparado para algo así”, expresó.

Este relato coincide con otras redadas ocurridas durante la última década, donde numerosos agentes fuertemente armados tratan a trabajadores de fábricas o campos como si fueran partícipes de una operación delictiva de alto nivel.

El uso de tácticas tipo comando para arrestar a madres, padres y trabajadores comunes ha sido criticado por líderes religiosos, agrupaciones de derechos civiles y hasta jueces federales en ocasiones pasadas. No se trata simplemente de una aplicación de la ley, sino del impacto psicológico que queda en cada uno de los que presencian y viven estas redadas.

¿Qué dice la ley? ¿Y la ética?

Es importante entender que, legalmente, el gobierno federal tiene autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias. Sin embargo, la manera en que se implementa esta autoridad genera un debate sobre derechos humanos, proporcionalidad y discriminación racial.

El hecho de que los agentes no diferencien a empleados con documentación válida de aquellos sin ella, al menos durante las primeras etapas del operativo, puede violar derechos constitucionales, como el de no ser detenido de manera arbitraria.

“No somos criminales. Solo venimos a trabajar”, repite el joven guatemalteco, cuya pareja sigue detenida.

¿Cambio o repetición de la historia?

Este operativo recuerda a otros similares durante la presidencia de Donald Trump, cuando se intensificaron las redadas en lugares de trabajo. De hecho, según datos del Migration Policy Institute, solo en 2019 se reportaron más de 6,000 arrestos en ambientes laborales, casi el doble que en 2016. Bajo la administración Biden, los operativos masivos parecían haberse reducido, pero este caso sugiere que podrían estar reactivándose bajo nuevos lineamientos.

Si las promesas públicas de enfocarse en criminales violentos y redes de tráfico no se reflejan en el terreno, la falta de coherencia mina la credibilidad de las acciones federales y profundiza la fractura entre autoridades y comunidades inmigrantes.

¿Hacia dónde vamos?

El caso de Cato plantea preguntas urgentes: ¿Cuál es el verdadero objetivo de estas redadas? ¿Por qué no priorizar el diálogo con empresarios que estarían dispuestos a colaborar? ¿Dónde queda el componente humano cuando el procedimiento legal se convierte en espectáculo represivo?

Lo que ocurrió en esta pequeña localidad de Nueva York no es solo un hecho policial. Es un símbolo de los profundos dilemas éticos, económicos y sociales que enfrenta Estados Unidos en materia migratoria. Y como todo símbolo, no puede ser ignorado.

La memoria de estas redadas —como la de tantas otras— quedará en las comunidades que viven al límite entre legalidad y humanidad. Que el trabajo, la dignidad y la familia sigan pagando el precio de decisiones políticas es una deuda que, tarde o temprano, el país tendrá que saldar.