¿Disuadir o castigar? Ejecuciones y tensiones internacionales revelan el giro represivo de Irán y Venezuela

Execuciones en Irán: represión en cifras

Irán ha vuelto a aparecer en los titulares internacionales tras ejecutar a Mehran Bahramian, acusado de la muerte de un agente de seguridad durante las protestas nacionales de 2022. Según el portal judicial Mizan Online, Bahramian disparó contra un vehículo policial en la provincia de Isfahan, matando al menos a un efectivo. Lo que para el gobierno iraní representa un acto de justicia, para numerosos observadores de derechos humanos es otra muestra de represión sistemática.

De acuerdo con Amnistía Internacional y otros organismos de monitoreo como Iran Human Rights, ya son 12 las personas ejecutadas en conexión directa con las protestas que estallaron en septiembre de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda arrestada por la "policía de la moral" por supuestamente no llevar el velo correctamente.

Las cifras generales son aún más alarmantes: casi 1.000 ejecuciones en lo que va de 2024, según datos de Naciones Unidas, colocan a Irán entre los países con mayor número absoluto de ejecuciones en el mundo. Lo preocupante no es solo la cantidad, sino también la opacidad del proceso judicial, muchas veces sin pruebas concluyentes, sin derecho a defensa efectiva y con sentencias impuestas bajo presiones políticas.

La pena de muerte como herramienta de control político

Amnistía Internacional ha sido enfática al describir el uso de la pena capital en Irán como un instrumento de represión política. En julio de 2024, la organización denunció la ejecución secreta de dos hombres, subrayando cómo el Estado iraní recurre a este extremo “para sofocar la disidencia e infundir miedo en tiempos de crisis nacional”.

La historia reciente ha demostrado que eventos de descontento masivo, como fue el caso de las protestas de 2009 (el llamado Movimiento Verde) o las manifestaciones económicas de 2019, han sido respondidos con detenciones arbitrarias, torturas e incluso desapariciones forzadas. El patrón se repite.

Maduro y la militarización del Caribe: ¿defensa o provocación?

La situación no es menos tensa en el otro extremo del mundo. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe como una "provocación" y defendió el derecho de su país a responder militarmente. En un acto político con civiles y militares en Caracas, el mandatario afirmó que “Venezuela está lista para el diálogo, pero también para la lucha armada” en caso de amenaza directa.

Las declaraciones ocurren días después de que EE.UU. ejecutara un ataque en el Caribe contra una embarcación supuestamente vinculada al grupo Tren de Aragua, acusada de tráfico de drogas. El hecho dejó 11 muertos y ha sido cuestionado por el gobierno venezolano, que acusa a Washington de fabricar acusaciones de narcotráfico con fines de intervención.

La narrativa del enemigo externo

El discurso de Maduro se ha mantenido constante desde que llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. La retórica antiimperialista sigue siendo el leitmotiv para consolidar apoyo entre sus seguidores y desviar el foco de la crisis económica, social y política que atraviesa el país.

No es la primera vez que se denuncia una tentativa de intervención estadounidense. Ya en 2019, Juan Guaidó recibió reconocimiento como presidente interino por parte de más de 50 países, incluyendo EE.UU. La tensión escaló con mayor presencia militar estadounidense en la región, particularmente durante la administración Trump, a la cual Maduro acusó de ser parte de un "golpe de Estado en curso".

Civiles armados: la nueva carta del chavismo

Durante el discurso en Caracas, Maduro vistió camuflaje y protagonizó un acto de movilización de milicias civiles. Este cuerpo paramilitar, vinculado directamente al gobierno, ha sido entrenado y armado durante años con el pretexto de una "defensa popular" contra invasiones extranjeras. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch alertan sobre el uso de estas milicias en la represión de protestas y ataques a opositores.

“Nada justifica un conflicto militar de alto impacto en América del Sur”, dijo Maduro, aunque en el mismo acto arengó a la población para alistarse a una eventual lucha armada. El doble discurso contradice su llamado al diálogo y refleja una estrategia de defensa preventiva con componentes claramente propagandísticos.

¿Real amenaza o estrategia distractora?

Para muchos analistas políticos, tanto las ejecuciones en Irán como los movimientos militares de Venezuela tienen como objetivo común consolidar el poder interno. En el caso iraní, se busca anestesiar el descontento popular con sentencias ejemplares. En el venezolano, se podría tratar de una distracción narrativa ante la profunda crisis económica, una inflación aún descontrolada y una migración que ya supera los 7 millones de personas, según datos de ACNUR.

La comunidad internacional ha criticado ambas situaciones. En Irán, se han emitido múltiples resoluciones de condena por parte de la Unión Europea. En Venezuela, gran parte de América Latina ha manifestado preocupación por una posible escalada armada, en una región marcada por la historia de intervenciones dictatoriales e injerencias extranjeras.

EE.UU. también en la mira global

Desde luego, Estados Unidos tampoco escapa a la crítica. La reciente eliminación de la exención de derechos de importación para paquetes de bajo valor —conocida como "de minimis exemption"— afectó el comercio postal internacional: el tráfico cayó un 81% tras su implementación el 29 de agosto de 2025, según la Unión Postal Universal.

Una medida pensada para atacar negocios electrónicos que evadían tarifas fue, según la versión oficial, una estrategia necesaria para cerrar brechas explotadas por exportadores poco éticos e incluso narcotraficantes. Pero la rapidez con la que se implementó, sin dar tiempo a los sistemas postales globales de adaptarse, ha generado una suerte de crisis comercial silenciosa, particularmente con países en desarrollo.

Una tormenta geopolítica en marcha

Nueva legislación aduanera, buques de guerra desplegados, ejecuciones políticas, milicias armadas: el mapa internacional de 2024 luce cargado de signos preocupantes. El dilema está entre interpretar estas maniobras como defensivas o como síntomas de regímenes que ven amenazada su estabilidad e incluso su existencia.

El uso del poder punitivo —sea mediante la ejecución judicial, la militarización o medidas comerciales de fuerza— se presenta como una herramienta que gobiernos cuestionados utilizan para mantener el control ante el descontento interno o la presión internacional.

Al final, el ciudadano común es quien más pierde: derechos eliminados, oportunidades comerciales truncadas, y el miedo como moneda corriente bajo estados que hablan de paz mientras movilizan armas.

¿Qué sigue?

Más allá de la superficie de las noticias, estos eventos revelan tendencias más profundas. La lucha por el poder en naciones con crisis prolongadas como Irán o Venezuela muchas veces deriva en decisiones drásticas, empañadas por la desinformación y la opacidad. El resto del mundo, mientras tanto, observa, sanciona o, como ocurre con frecuencia, reacciona tarde.

Si se desea evitar un nuevo ciclo de inestabilidad global, quizá sea momento de discutir más allá del escándalo noticioso del día y empezar a exigir transparencia, derechos fundamentales y diplomacia donde ahora solo hay amenazas.