Corrupción en altamar: el caso del almirante mexicano y el robo de combustible en México

Una red en las sombras: arresto de alto perfil en México

El reciente arresto del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, uno de los oficiales de más alto rango en la Marina mexicana, ha encendido las alarmas sobre el grado de penetración del crimen organizado en las esferas de poder público y empresarial del país. Farías Laguna fue detenido el pasado martes, junto con empresarios y funcionarios públicos, tras la confiscación de un barco con 10 millones de litros de combustible robado en el puerto de Tampico el 31 de marzo de 2025.

Este decomiso forma parte de una amplia ofensiva del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el llamado huachicol, el robo de combustible que por años ha drenado recursos de PEMEX, la empresa petrolera estatal. Se estima que solo en los últimos cinco años, la empresa ha perdido 3,800 millones de dólares por esta actividad ilícita.

¿Quién es Manuel Roberto Farías Laguna?

Farías Laguna no es un personaje cualquiera dentro de la estructura militar del país. Se trata de un vicealmirante con una trayectoria de varias décadas, e incluso es familiar de un exsecretario de Marina. Su arresto marca un antes y un después, no solo por su rango, sino por lo que implica: que incluso las estructuras más jerárquicas y tradicionalmente respetadas como las Fuerzas Armadas, no están exentas de corrupción.

Hasta el momento, la Marina no ha emitido comentarios directos sobre el caso, salvo un comunicado donde reiteran su política de "tolerancia cero" ante la corrupción. Pero este gesto simbólico deja muchas interrogantes abiertas sobre los mecanismos de control interno y vigilancia con los que cuentan las instituciones armadas del país.

¿Un problema militar o empresarial?

Según el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, entre los detenidos hay ejecutivos de compañías privadas y funcionarios de varias dependencias gubernamentales. Esto indica que el robo del combustible no fue resultado de una acción aislada, sino de una red compleja y bien organizada con ramificaciones empresariales, políticas y criminales.

Uno de los aspectos más preocupantes es que esta red tenía alcance internacional. Autoridades estadounidenses, incluyendo la DEA, han advertido que los principales cárteles mexicanos están usando a intermediarios ligados a la industria petrolera para traficar combustible robado hacia EE.UU.. Esto no solo representa un problema de seguridad nacional para ambos países, sino también de competencia desleal en el mercado energético.

El combustible como fuente paralela de poder

Durante años se ha hablado de los cárteles de drogas como los principales beneficiarios del tráfico de estupefacientes. Pero expertos en seguridad señalan que el huachicol es hoy una de las fuentes de financiamiento más estables para estas organizaciones.

• En 2018, se estimaba que el huachicol generaba más de 1,000 millones de dólares anuales a los cárteles.
• El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa han infiltrado redes de distribución de PEMEX, según reportes de inteligencia federal.
• Estados como Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas se han convertido en epicentros de este delito.

El negocio es tan atractivo que ha desplazado incluso a la producción de drogas sintéticas en algunas regiones. Y es que a diferencia del cultivo o manufactura de drogas, el combustible robado ya tiene un mercado asegurado y una logística establecida, incluyendo gasolineras que operan al margen de la ley.

Sheinbaum y el nuevo enfoque: ¿quién sigue?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha recibido tanto elogios como críticas por su estrategia frontal contra el robo de combustible. Mientras algunos sectores la apoyan por ir tras peces gordos como Farías Laguna, otros advierten sobre un posible uso político de estos casos para fortalecer su imagen de honestidad y eficiencia.

Lo que sí es un hecho es que nunca antes se había arrestado a una figura de tal jerarquía por huachicol. Esto podría significar un punto de inflexión si la justicia procede y si la purga continúa entre funcionarios y empresarios protegidos por décadas de impunidad.

Huachicol: un problema histórico

El término huachicol proviene del verbo "aguachar", que significa aguar algo para vender más cantidad. Su uso se popularizó a partir de los 2000 como sinónimo de combustible adulterado o robado. Sin embargo, esta actividad tiene raíces históricas que datan de los años 80, cuando trabajadores de PEMEX comenzaron a extraer y vender ilegalmente combustible.

A partir de 2006, el robo de combustible pasó de ser semi-artesanal a industrializado, con tomas clandestinas bien organizadas, tecnología avanzada y conexiones con gobiernos locales.

Las consecuencias económicas

Según un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), tan solo en 2023 el robo de combustible generó pérdidas equivalentes al 0.3% del PIB nacional. Lo más alarmante es que estas pérdidas afectan directamente el presupuesto destinado a educación, salud e infraestructura.

Además, compañías internacionales que importan o distribuyen hidrocarburos han mostrado inquietud por invertir en México debido a los riesgos de seguridad jurídica que plantea el mercado clandestino de combustibles.

Respuestas internacionales

En EE.UU., el robo de combustible mexicano se ha convertido también en una cuestión estratégica de seguridad. La U.S. Energy Information Administration (EIA) ha señalado que las exportaciones de productos derivados del petróleo hacia México podrían estar compitiendo con combustibles ilegales vendidos a precios de dumping en diversas estaciones.

Por ello, organismos como la Customs and Border Protection (CBP) y la Homeland Security han iniciado investigaciones sobre redes de contrabando de diésel y gasolina desde Tamaulipas, Veracruz y Tabasco hacia Texas y California.

¿Un nuevo modelo de crimen organizado?

Más allá del tradicional negocio de drogas, muchas organizaciones criminales están evolucionando hacia un modelo de diversificación económica, donde el robo de combustible se convierte en uno de varios negocios rentables: tráfico de personas, extracción de minerales, y comercio de armas, entre otros.

Lo que está en juego no es solo la economía, sino el control territorial: quien maneja la energía, maneja el poder. Por ello, con cada toma clandestina inhabilitada y cada buque interceptado, no solo se avanza en un operativo, sino en una guerra por la soberanía energética del país.

¿Qué sigue para México?

Si el gobierno de Sheinbaum realmente busca sanar las estructuras del Estado, el caso Farías Laguna debe servir como ejemplo, pero también como advertencia: la corrupción tiene ramificaciones profundas y no podrá erradicarse solamente con operativos espectaculares o detenciones mediáticas.

Serán necesarias reformas integrales en el sector energético, un rediseño de los controles internos de PEMEX, y una depuración de las fuerzas armadas y servidores públicos vinculados al robo de hidrocarburos.

Por lo pronto, el país observa cómo el escándalo sigue creciendo y se pregunta: ¿cuántos más están involucrados? ¿Cuántos buques más están cruzando el Golfo cargados de combustible robado? Y sobre todo: ¿quién se benefició de este negocio multimillonario por tanto tiempo sin consecuencias?