Deportaciones a terceros países: El lado más polémico de la política migratoria de EE.UU.

El nuevo rostro de la deportación: Lejos del país natal, lejos de la justicia

En la última década, la política migratoria de Estados Unidos ha atravesado una serie de transformaciones drásticas que han encendido debates legales, éticos y diplomáticos. Entre las medidas más controvertidas se encuentra la práctica de deportar a migrantes a terceros países —naciones con las que los deportados no tienen ninguna conexión ni cultural, ni legal, ni histórica.

Los recientes casos de Kilmar Abrego Garcia, salvadoreño, y Jesús Muñoz-Gutiérrez, mexicano deportado erróneamente a Sudán del Sur, plantean preguntas fundamentales sobre los límites del poder estatal en tiempos de emergencia migratoria y sobre los derechos inalienables de los individuos en procesos administrativos complejos.

El caso de Kilmar Abrego Garcia: ¿cuándo sobra el escepticismo gubernamental?

Kilmar Abrego Garcia inmigró ilegalmente a los Estados Unidos desde El Salvador alrededor de 2011, siendo aún adolescente. Desde entonces vivió en Maryland, donde formó una familia con su esposa estadounidense y su hijo, hasta que en 2019 una corte de inmigración determinó que no podía ser deportado de regreso a su país debido a su temor creíble de ser atacado por pandillas.

Sin embargo, en marzo de 2023, fue deportado por error—a pesar de la orden judicial favorable—y terminó en el Centro de Confinamiento por Terrorismo de El Salvador, una prisión de alta seguridad tristemente conocida por sus condiciones inhumanas. Las autoridades estadounidenses reconocieron luego que se trató de un “error administrativo”.

Tras nuevas batallas legales, fue retornado a EE.UU. en junio. Pero lejos de resolver su situación, el gobierno federal lo acusó de tráfico de personas por una detención de 2022 en Tennessee. Mientras el proceso judicial se desarrolla, ICE ahora busca deportarlo nuevamente —esta vez, no a El Salvador, ni a Uganda (por miedo declarado de persecución), sino a Esuatini, una nación africana sin vínculo alguno con el salvadoreño.

Una decisión sin precedentes y sin comunicación bilateral

En una carta dirigida a los abogados de Abrego, ICE expresó su escepticismo respecto al miedo del migrante a ser perseguido en Uganda, aludiendo a que ha expresado temor de deportación en al menos 22 países. En el texto, se especifica que Esuatini «será su nuevo país de expulsión».

No obstante, un portavoz gubernamental de Esuatini fue claro al declarar que no han recibido ninguna notificación oficial del gobierno estadounidense para aceptar a Abrego. Esto demuestra un vacío diplomático peligroso, donde las decisiones unilaterales de EE.UU. podrían contradecir principios básicos del derecho internacional.

Los orígenes de una práctica polémica

Deportar migrantes a terceros países no es una práctica nueva, pero su escalada se ha acentuado durante y después de la administración de Donald Trump. La lógica detrás de esta estrategia es la disuasión migratoria: hacer que las consecuencias de una migración irregular sean tan impensables que nadie desee intentar ingresar ilegalmente al país.

Sin embargo, esta táctica contradice el Artículo 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece el principio de non-refoulement, prohibiendo devolver a una persona a un país donde su vida o libertad estén amenazadas.

El caso de Jesús Muñoz-Gutiérrez: ¿de México a Sudán del Sur?

Un ejemplo aún más impactante de estas prácticas es el de Jesús Muñoz-Gutiérrez. Este migrante mexicano fue deportado en julio por Estados Unidos junto con otros siete individuos a Sudán del Sur, país africano en conflicto, donde permanecieron en custodia hasta su repatriación organizada recientemente por la embajada mexicana en Etiopía.

Lo insólito es que ni Estados Unidos ni Sudán del Sur ofrecieron explicaciones claras en cuanto a la conexión legal que justifica una deportación tan lejana. Al menos en el caso de Muñoz-Gutiérrez, se alega que tenía una condena por homicidio en segundo grado en EE.UU., pero eso no resuelve la interrogante sobre por qué fue enviado a un país con el que no tiene ninguna relación.

Las cifras detrás del fenómeno

• En 2023, al menos 38 personas fueron deportadas a países africanos no conectados con sus nacionalidades, incluyendo Rwanda, Uganda, Esuatini y Sudán del Sur.
• Un estudio del Human Rights Watch indica que más del 40% de estos migrantes no tuvieron acceso inmediato a representación legal.
• La Corte Suprema de EE.UU. autorizó en junio de 2023 la reanudación de las deportaciones rápidas a terceros países sin necesidad de audiencia completa en la corte.

La respuesta de las organizaciones pro derechos humanos

Diversos grupos legales y ONG, como ACLU y Human Rights First, han denunciado estas políticas de “deportación hacia el limbo” como un ataque directo a los principios de justicia y derechos humanos básicos.

Para Simon Sandoval-Mosenberg, abogado de Abrego Garcia, la situación es clara: «Si se le permite a mi cliente un juicio justo en la corte de inmigración, no hay forma de que no gane su caso».

¿Qué dice el derecho internacional?

La Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951, firmada por EE.UU., establece que un país no debe deportar a nadie a otra nación donde corra riesgo de tortura, persecución o trato inhumano. Además, países como Esuatini y Sudán del Sur no están en condiciones logísticas ni legales para manejar poblaciones migrantes deportadas repentinamente, lo cual agrava las tensiones diplomáticas.

En opinión de expertos como David Leopold, exdirector del Comité de Ley de Inmigración del Colegio de Abogados de Estados Unidos, «deportar personas a países con los que no tienen antecedentes es un castigo camuflado de procedimiento administrativo».

El factor humano: familias rotas, vidas detenidas

Los efectos no se quedan en la esfera judicial o política: las familias migrantes viven con miedo constante, estrés psicológico y pobreza debido a estos procesos. La familia de Abrego, por ejemplo, permanece en Estados Unidos mientras él enfrenta incertidumbres legales y amenazas de traslado a África.

En otros casos, como el de los siete deportados enviados a Rwanda en agosto de 2023, sus familias fueron notificadas solo semanas después de la expulsión, perdiendo contacto inmediato y quebrando lazos afectivos esenciales.

¿Y ahora qué? Una encrucijada legal y moral

Estos casos exponen un dilema profundo: ¿hasta dónde puede llegar un país para proteger sus fronteras sin violar principios fundamentales de dignidad humana? ¿Es legítimo que la burocracia y los errores administrativos tengan tanto poder sobre el destino de vidas humanas?

Mientras los gobiernos estadounidense y africanos debaten tecnicismos y competencias, la realidad sigue impactando a personas como Abrego, Muñoz-Gutiérrez y cientos de familias migrantes más que han sido víctimas de una política que ha reemplazado la compasión con conveniencia.

El caso de la deportación a terceros países es más que una anécdota legal; es una señal de alarma sobre cómo tratamos a los más vulnerables y cuán frágil puede ser la justicia cuando se sacrifica por la política.