El racismo que la ley estatal no quiere ver: El caso McKenzie y el estancamiento político en Carolina del Sur

El disparo que lo cambió todo

Una mañana cualquiera, Jarvis McKenzie esperaba su transporte en el borde de su vecindario en Richland County, Carolina del Sur. Esa rutina previa al amanecer terminó abruptamente el 24 de julio con el sonido ensordecedor de un disparo y la amenaza cargada de odio racial: “You better get running, boy!”. El atacante, un hombre blanco, abrió fuego desde su auto, según las cámaras de seguridad, solo por el color de piel de McKenzie. El tiro no lo alcanzó, pero la herida emocional quedó impresa para siempre en la vida de la víctima.

Más allá del trauma individual, el caso de McKenzie expone un problema estructural mucho más profundo: Carolina del Sur es uno de los dos únicos estados—junto con Wyoming—que carecen de una ley estatal que tipifique y castigue los crímenes de odio. Y ese vacío legal, paradójicamente, se manifiesta con más fuerza precisamente cuando sus ciudadanos más lo necesitan.

Una década de promesas rotas

La falta de una legislación estatal sobre crímenes de odio resulta particularmente indignante ante el historial racial del estado. En 2015, un supremacista blanco asesinó a nueve fieles afroamericanos en la Iglesia Emanuel AME en Charleston, un acto que conmocionó a la nación. Desde entonces, empresas, sectores religiosos, organizaciones civiles y hasta algunos miembros del Partido Republicano han presionado para una ley que imponga penas más severas cuando un delito tiene como motivación el odio racial, religioso, de género u orientación sexual.

En 2021, la Cámara de Representantes de Carolina del Sur aprobó un proyecto de ley sobre crímenes de odio impulsado por estos sectores. Sin embargo, cuando llegó al Senado estatal, la propuesta se estancó. En la sesión de 2023 ocurrió lo mismo. La explicación: un liderazgo republicano que, sabiendo que la ley pasaría gracias al apoyo bipartidista, la mantiene intencionadamente fuera del calendario legislativo.

“El problema ahora mismo es que hay gente que no solo piensa que es una legislación simbólica, sino que además es mala legislación. Es mala política no porque apoyen el odio, sino porque crea más división”, argumentó Shane Massey, líder de la mayoría republicana en el Senado estatal, durante una discusión legislativa en mayo de ese año.

Una justicia con sabor a impunidad

Richland County, donde vive McKenzie, fue uno de los condados que sí implementó su propia ordenanza contra crímenes de odio. Su caso marcó el primero en que esa ley se aplicó. Pero hay un gran problema: las ordenanzas locales están limitadas a delitos menores, con penas máximas de hasta 30 días en prisión. El agresor de McKenzie enfrentará un cargo de agresión con agravantes, lo cual sí podría significarle hasta 20 años de prisión, pero sin la etiqueta jurídica de “crimen de odio”.

Jarvis McKenzie, sin embargo, siente que eso no es suficiente. “Es desgarrador saber que me levanto cada mañana, y no sé si él ya me había visto. Siento como si alguien me estuviera vigilando constantemente”, afirma. El terror que vivió no puede ser aislado del contexto racial del ataque, pero la ley estatal prefiere mirar hacia otro lado.

¿No tenemos ya una ley federal?

Uno de los argumentos utilizados por los opositores a la ley estatal es que ya existe una ley federal contra crímenes de odio, usada, por ejemplo, para condenar al asesino de Charleston a pena de muerte. No obstante, sus limitaciones son claras: el Departamento de Justicia federal carece de recursos para abarcar todos los casos, especialmente si implican menores de edad, y las decisiones se toman desde Washington, desconectadas del nivel local.

Para el sheriff Leon Lott, quien impulsó la ordenanza local en Richland, esto es una excusa. “Estamos haciendo algo muy simple complicado, y no es complicado. Si cometes un crimen por odio hacia alguien por su raza, religión o género, eso ya tiene nombre. Sabemos lo que es”, declaró el sheriff.

El costo político de la apatía legislativa

En la última sesión legislativa del Senado estatal, los senadores debatieron con energía sobre endurecer las penas contra quienes agredan a trabajadores de la salud o a perros policías, pero nuevamente el proyecto de ley de crímenes de odio fue ignorado. Para muchos demócratas en la Cámara Alta, esto no es solo decepcionante, es un mensaje peligroso.

“El mensaje subliminal que lanzamos es que si eres racista y quieres cometer un crimen dirigido por odio en Carolina del Sur, puedes hacerlo”, señaló Tyler Bailey, abogado de McKenzie.

El papel equívoco del gobernador

El gobernador republicano Henry McMaster reconoce que los gobiernos locales están tomando cartas en el asunto con sus propias ordenanzas, pero al mismo tiempo defiende la idea de que las leyes actuales del estado son suficientes para castigar los crímenes motivados por odio.

“No hay algo como un crimen de amor. Siempre hay un elemento de odio o falta de respeto. Lo que no se debe hacer es tratar de investigar lo que la gente tiene en la mente o controlar su discurso”, sostuvo McMaster, quien tiene experiencia como fiscal.

No obstante, para voces como la del sheriff Lott, esta postura ignora el poder simbólico y práctico que una ley específica puede tener para proteger a las minorías. “Es muy importante que protejamos a todos. Mi raza, tu raza, todas. Eso es lo que garantiza nuestra Constitución”, dijo.

El impacto en la comunidad afroamericana

Los efectos colaterales de esta omisión legislativa no se limitan a la percepción de justicia. Para comunidades afroamericanas como la de McKenzie, la carencia de una ley específica también implica vivir en un estado que, al no sancionar abiertamente el odio, lo permite por omisión.

Según cifras del FBI, los crímenes de odio aumentaron en un 12% a nivel nacional entre 2019 y 2022. En Carolina del Sur, aunque no hay una ley estatal que requiera a las autoridades contabilizar formalmente estos delitos, los reportes indican que los ataques por motivaciones raciales han sido constantes.

¿Por qué no se aprueba la ley?

Detrás del bloqueo legislativo en el Senado parece haber motivos más ideológicos que jurídicos. Para un sector del Partido Republicano, admitir que existe odio sistemático en la sociedad contradice su defensa de una visión colorblind (ceguera al color de piel), que presupone igualdad ya garantizada.

“Lo que no quieren hacer es aceptar que hay estructuras que perpetúan la inequidad. Y mientras no lo hagan, su negativa a aprobar esta ley seguirá siendo un acto de complicidad silenciosa”, afirmó un exlegislador demócrata al medio local The State.

¿Hay futuro para una ley de crímenes de odio en Carolina del Sur?

Varios juristas y activistas creen que la presión social y empresarial podría inclinar finalmente la balanza a favor de la ley. Gigantes como Boeing, BMW y Apple han expresado su respaldo a medidas contra el odio. El cálculo político podría depender, más que de la ética, del impacto económico que la percepción de racismo institucional cause en el estado.

Pero para Jarvis McKenzie, cada día sin esta ley es una prueba más de que su estado no le protege del odio.

“No se trata de castigar más. Se trata de que la sociedad nos diga que valemos. Que no estamos solos y que nuestra piel no es una diana”, concluyó.