La crisis del transporte escolar en Ohio: ¿Quién debe asumir el costo del subsidio a la educación privada?

Una batalla silenciosa en los suburbios del transporte escolar

En el corazón del estado de Ohio, la tradicional imagen del autobús escolar amarillo que transporta cada mañana a cientos de estudiantes empieza a diluirse. Lo que para muchos es un símbolo del sistema educativo público estadounidense, hoy está en conflicto por causas que van más allá de la simple escasez de choferes. Se trata de una lucha ideológica, financiera y legal que enfrenta a los distritos escolares públicos con las políticas estatales que priorizan la educación privada a través de un controversial sistema de vales universales.

¿Qué está pasando en Ohio?

Desde hace al menos cuatro años, miles de estudiantes —especialmente de secundaria— han perdido el acceso a transporte escolar proporcionado por los distritos públicos. ¿El motivo? Aunque parezca simple en la superficie, el origen del problema es complejo y tiene rostro político. El estado de Ohio ha expandido el programa de EdChoice, un sistema de vales escolares que permite a las familias utilizar fondos públicos para financiar la matrícula en escuelas privadas. Desde el 2020, este programa ha sumado más de 90,000 nuevos estudiantes. Bajo las regulaciones del Departamento de Educación del estado, los distritos escolares públicos todavía están obligados a proporcionar transporte para estos estudiantes, incluso cuando son transferidos a escuelas privadas o concertadas.

¿Vale más un alumno privado que uno público?

Tal como lo explica David Lawrence, superintendente del Distrito Escolar de Dayton, el mandato actual pone una carga desproporcionada sobre los distritos públicos: “Si no tuviéramos que transportar a estudiantes de escuelas privadas, podríamos llevar puerta a puerta a todos nuestros estudiantes de K a 12”. Pero ese no es el único problema. Cuando los autobuses no alcanzan o no hay suficientes conductores —una situación potenciada por la competencia laboral con empresas como Amazon—, muchos alumnos terminan teniendo que usar el transporte urbano. Es el caso de la familia Tingle, de Dayton. Ronnee, madre de tres hijos, explica que mientras su hija menor aún puede tomar el autobús escolar, los adolescentes deben levantarse antes del amanecer para seguir complicadas rutas de transporte público.

Estructura legal, política y económica del conflicto

Bajo la ley estatal, los distritos deben transportar gratuitamente a todos los alumnos de K-8 (de jardín de infancia a 8.º grado) que atiendan escuelas privadas o concertadas, aun cuando eso requiera transportarlos en días donde las escuelas públicas no tienen clases. Además, si un alumno de secundaria pública tiene acceso a cierto tipo de transporte, todos los alumnos privados del área también deben contar con ese mismo servicio. Este entramado normativo, argumentan los directores de educación pública, ha sido aprovechado por legisladores conservadores como Andrew Brenner, quien preside el Comité de Educación del Senado estatal. Brenner defiende el sistema de vales y niega que haya una verdadera crisis: “Están excluyendo a los niños con derecho a elegir escuela y hacen todo lo posible para evitar transportarlos”. Según Brenner, el estado asigna 1,500 dólares por estudiante para financiar el transporte de estos alumnos, aunque reconoce que muchos distritos han declarado el transporte como “impracticable” y optan por pagar de $600 a $1,200 a las familias como compensación. Para los distritos, este monto ni siquiera cubre una fracción del gasto real.

Las cifras detrás del sistema colapsado

Algunos ejemplos ilustran el desequilibrio del sistema:

• Columbus gasta cerca de $75 millones en transporte escolar público anualmente.
• Adicionalmente, destina $15 millones para cubrir multas relacionadas con transporte no cumplido.
• En Dayton, se operan 54 rutas para estudiantes públicos y 74 rutas exclusivas para escuelas privadas o concertadas.
• Un autobús escolar nuevo puede costar hasta $150,000.
• Los conductores ganan cerca de $22 por hora, compitiendo con salarios más altos que ofrece la industria logística.

Cleveland, por su parte, pagó a las familias de más de 2,700 alumnos por considerar el transporte inviable. Columbus hizo lo propio con más de 2,500. Sin embargo, la reacción estatal ha sido acusar a estos distritos de incumplir con sus deberes, llevando incluso demandas legales.

Un modelo que fomenta la competencia, pero debilita lo público

El modelo actual del sistema escolar en Ohio plantea un dilema ético y estructural: ¿Debe un sistema público financiar la logística —y no solo la matrícula— de alumnos que optan por escuelas privadas? ¿Y qué implica esto en la equidad territorial y económica entre alumnos? Las respuestas dependen del cristal por donde se mire:

1. Los defensores del sistema de elección escolar argumentan que este representa libertad para las familias, especialmente aquellas de bajos recursos que buscan alternativas a escuelas públicas de bajo rendimiento.
2. Los críticos dicen que esto representa una fuga presupuestaria constante del sistema público hacia intereses privados que no rinden cuentas ante los votantes.

En ese sentido, el programa EdChoice ha concentrado férreas críticas. Según un análisis del Ohio Legislative Service Commission, el estado planea destinar $2,500 millones a este programa en los próximos dos años. Pero sigue siendo responsabilidad de los distritos públicos no solo educar, sino también transportar a estos estudiantes, mientras merman sus recursos operativos para los alumnos que sí permanecen en el sistema público.

¿Una solución posible?

Aunque se ha formado un grupo de trabajo como parte del presupuesto estatal, su misión se limita estrictamente a establecer mecanismos de transporte para días donde las escuelas públicas están cerradas. Su informe no se espera hasta junio de 2026. Algunos expertos han planteado la posibilidad de regionalizar los sistemas logísticos, compartir recursos entre distritos y redefinir qué consideramos “educación práctica” para servicios como el transporte. Pero, mientras tanto, la comunidad educativa urbana continúa cargando con una mochila cada vez más pesada: la de educar con menos y subsidiar más.

Lo que está en juego

En última instancia, lo que se debate en Ohio no es solamente quién toma el autobús, sino quién se queda con el financiamiento del que depende el futuro de millones de niños. ¿Podrá el sistema público seguir siendo competitivo cuando su capacidad logística es usada para rescatar o subsidiar el aparato privado? Como bien resume Suelonnee Tingle, estudiante de secundaria en Dayton: “No está mal viajar en bus público, pero encontrar la ruta correcta y llegar a tiempo puede ser aterrador. Y no debería ser así para llegar a la escuela”. En el conflicto entre prioridades políticas e igualdad de oportunidades, los costos los pagan los mismos de siempre: los alumnos de a pie.